El conflicto alrededor del presupuesto asignado al Ministerio de Ciencia y Tecnología y más particularmente a Conicet para 2017 es una muestra de las políticas de ajuste que están llevando adelante el gobierno de Cambiemos. Pero es una muestra particular, dado que el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología en un sistema productivo y social es esencial a la hora de evaluar las futuras capacidades de generar riqueza y bienestar. En ese sentido, al tratarse de un bien público, la propia teoría neoclásica reconoce que el conocimiento no logra ser eficientemente provisto por los mecanismos del mercado por lo cual la presencia del Estado es central para la conformación de un sistema científico nacional.
La noción de desarrollo, puesta en juego frente a la restricción externa, implica necesariamente que sea la industria que aporte las divisas necesarias para seguir un proceso de crecimiento y distribución del ingreso, dado el límite de los recursos naturales disponibles a un precio internacional dado. Esa generación de divisas se puede dar por dos vías: sustituyendo importaciones o exportando bienes industriales.
La exportación de bienes industriales requiere de cierta precisión, dado que se volvió moneda corriente en varios países asiáticos y de América Central (las famosas “maquilas”). Es esta exportación una solución para el desarrollo? Seguramente no: esta “industrialización pobre” solo utiliza su ventaja relativa para exportar: su mano de obra barata, y de quedar en esta situación difícilmente se logre un desarrollo. La exportación industrial con tecnología nacional es lo que se puede percibir como un índice de desarrollo económico potencial. De ahí que existen varios indicadores orientados a la cantidad de patentes por país o de investigador por país que se consideran de importancia para la generación y articulación de un sistema tecnológico nacional con el aparato productivo.
Pero además de “proveer” de ciencia y de tecnología al sector privado, el Estado también es importante como demandante de la misma. En su libro “El estado emprendedor”, la investigadora Mariana Mazzucato se dedicó a mostrar que el papel del Estado como comprador es esencial en todas las tecnologías que más utilizamos, desde internet a las computadoras, los aviones y los trenes. A esto le debemos agregar que estos bienes fueron fundamentales para el propio desarrollo de los países que los generaron: los trenes en Francia o las computadoras en Estados Unidos, por ejemplo, en los cuales las necesidades de la administración central, de sus fuerzas armadas o de empresas públicas fueron determinantes.
Ahí llegamos a un punto esencial de desarrollo tecnológico, para el cual tener buenos resultados en términos científicos no garantizan el éxito en términos comerciales, y por lo tanto el riesgo de la inversión es muy elevado. En Francia, los fracasos del plan Calcul (computadora), del Minitel (internet) e incluso del propio avión Concorde son ejemplos de lo expuesto, y estas inversiones difícilmente podrían haber sido realizadas por el sector privado. No obstante, estos proyectos de inversión públicos pudieron enmarcar los proyectos científicos y empresariales del país en los sectores de informática y la industria aeronáutica, donde hoy Francia es uno de los líderes mundiales.
Sin ir más lejos, en Argentina la principal empresa industrial exportadora es Techint, que empezó vendiéndole sus tubos de acero sin costura a la empresa estatal YPF durante los años 50 antes de exportarlos al mundo hoy por hoy, en un proceso muy similar a lo que describimos para otros países. No obstante, son numerosos los proyectos tecnológicos que, luego de ser impulsados por el Estado, sufrieron la apertura a inversiones de empresas de primera línea a nivel mundial (la industria automotriz en los años 50) o directamente cancelados (proyectos de misil Cóndor en los noventa), en una línea que pareciera seguir el actual gobierno al autorizar la competencia del ARSAT.
A modo de conclusión, de todo lo enunciado pareciera desprenderse que la “burguesía nacional” no es el actor que guía el desarrollo económico, sino más bien que ese proceso se conduce desde el Estado. En esa línea, podríamos decir que el Estado no es más que el “estado del desarrollo”, es decir, de las luchas que se ganan y se pierden en distintas instancias claves para el desarrollo: la pelea electoral-partidaria, la defensa de las pymes y de los trabajadores o el presupuesto para ciencia y tecnología.
* Coordinador del Departamento de Economía Política del CCC.
