El Gobierno logró que este año prácticamente el Congreso no funcione. Sin embargo y ahora que descubrió el flagelo que significa la violencia que se produjo la cancha de River en la suspendida final de la copa Libertadores, decidió convocar a sesiones extraordinarias para que se debata el proyecto que regula la “represión” de los problemas que puedan ocurrir en los partidos de fútbol. El objetivo del oficialismo es que todo sea muy rápido y desocuparse antes del 12 de diciembre. En ese lapso quieren renovar las autoridades de la Cámara baja y avanzar con el tratamiento de proyectos que son considerados “no conflictivos” como las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales y la autorización para que el presidente Mauricio Macri pueda salir del país en 2019, entre otros temas. Por ahora lo que falta es el decreto presidencial que llame a extraordinarias. 

Lo importante para Cambiemos es disimular el escaso trabajo que tuvo este año el Congreso que, según las estadísticas, es uno de los peores de la historia parlamentaria reciente. Por caso, registra una escasa cantidad de leyes sancionadas. Hasta ahora solo se aprobaron 36 de las cuales solo 9 fueron enviadas por la Casa Rosada. Por lo general esta caída en la “productividad” legislativa ocurre en los años electorales pero el 2018 no es el caso. 

En ese sentido y tal vez para mejorar la perfomance del Congreso, el Poder Ejecutivo decidió que se realicen sesiones extraordinarias pero sólo durante los primeros quince días de diciembre. Lo que está demorado es el decreto que las convoque pero ya se conoce un temario alternativo.

Entre los proyectos a debatir está el que ingresó ayer con un título un tanto pomposo: “Régimen penal y contravencional para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos”. En rigor la iniciativa, nacida al calor de la indignación presidencial que provocaron los disturbios en la previa a la final de la copa Libertadores en el estadio de River Plate, incluye una treintena de artículos donde no hay nada que justifique la palabra “prevención” pero sí la “represión” de todo tipo de conductas a las que les pretenden aplicar multas y penas de prisión, incluso a los “concurrentes” que sean encontrados con botellas o piedras en las inmediaciones de un estadio. 

En principio los destinatarios de este proyecto son los “barrabravas” que el texto normativo no los define como tal pero también incluye a los directivos de clubes que los provean de entradas sin un pago previo y a todos aquellos que se ganan un ingreso cuidando los autos y que se conocen como “trapitos”. Para estos últimos les dedican una pena entre uno y dos años de cárcel “cuando esa actividad se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable”.

Por lo pronto, el miércoles de la próxima semana los diputados se reunirán en lo que se conoce como sesión preparatoria y que tiene como objeto elegir las autoridades del cuerpo. Todo indica que habrá una ratificación de la actual conducción que tiene a Emilio Monzó como presidente de la Cámara baja y de los vices José Luis Gioja (FpV-PJ), Luis Petri (UCR) y Martín Llaryora (Argentina Federal). El plan es que inmediatamente después los diputados den comienzo a una sesión donde se discutan los proyectos que ya tienen acuerdo como las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales, la autorización para que el presidente Mauricio Macri pueda salir del país en 2019, una reforma del Código Procesal Penal, la creación del Parque Nacional Iberá, la implementación de la Cédula Escolar Nacional (CEN) y acuerdos internacionales.

La intención del oficialismo es volver a reunirse al día siguiente para debatir el proyecto para rebajar la alícuota del impuesto a cooperativas y mutuales y el que penaliza a los barrabravas. No está decidido pero entre los líderes de Cambiemos existe la intención de avanzar con el proyecto que prevé el financiamiento de los partidos políticos. La duda del oficialismo es si conviene o no discutir la semana que viene porque todavía no hay un dictamen pero lo que es seguro que no será el que se acordó en el Senado y que fue impulsado por los senadores peronistas Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

Algo similar puede ocurrir con la iniciativa que prevé cambios en el tributo al patrimonio de cooperativas y mutuales que tiene media sanción en el Senado a instancias del senador Omar Perotti (PJ Santa Fe). Los diputados de Cambiemos quieren otro proyecto, que lo redactó el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina del Pro. El oficialismo justifica su decisión en que todo proyecto que incluya temas tributarios debe ingresar primero, tal como lo dice la Constitución, por la Cámara de Diputados. De todas formas y mientras no aparezca el decreto presidencial todo está en condición de pendiente.