Un grupo de diputados opositores busca ponerle un freno a la avanzada autoritaria que impulsa el tándem Jaiver Milei-Patricia Bullrich, luego de que el Gobierno reformara por decreto las atribuciones de la Policía Federal y autorizara a la fuerza de seguridad a realizar requisas y ciberpatrullaje en las redes sociales sin orden judicial, así como tareas de inteligencia criminal que han provocado fuerte rechazo de especialistas y organismos de Derechos Humanos.

El proyecto es impulsado por diputados de Unión por la Patria, que buscan sancionar una ley para declarar la nulidad del decreto del Gobierno de Milei que amplía las facultades de la Policía Federal, y advierten sobre los peligros que implica esta medida para los derechos y garantías constitucionales.

“El decreto que otorga facultades a la Policía Federal propias de un gobierno dictatorial y no de uno democrático”, afirmó Macha, quien señaló además que la medida “habilita requisas sin orden judicial y sin sospecha de que se esté cometiendo un delito”, y la consideró “una carta de impunidad muy fuerte”.

Según dijo la diputada en declaraciones a la 750, el decreto “es un eslabón más en la idea de la represión de la protesta social” y se inscribe en la lógica del gobierno de “hacer retroceder las libertades en función del ajuste económico”.

Macha también vinculó la publicación del decreto con la movilización en apoyo a Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena en la causa Vialidad y la posterior proscripción. “Es coherente en la lógica del gobierno que este decreto salga el mismo día que se hacía la manifestación en Plaza de Mayo”, sostuvo.

“Ese día varios compañeros habían sufrido en el camino frenadas por parte de la Policía Federal”, describió Macha, quien señaló que “todas estas prácticas nos quedan en la memoria sobre la dictadura militar, donde veíamos al agente bajando de los colectivos”, advirtió. Por esa razón es que sostuvo que impulsaron el pedido de nulidad.

La diputada destacó que la decisión desató repercusiones en distintos bloques parlamentarios. “Este decreto generó mucho ruido en el marco de distintos bloques, así que seguramente vamos a lograr la articulación necesaria para acelerar el tratamiento de este proyecto y otros”, dijo.

Macha subrayó que lo considera “otro atropello contra la democracia”, en un contexto donde “nuestra democracia está cada día más debilitada”. También planteó que hay un punto de encuentro posible entre fuerzas diversas.

“Hay una preocupación importante en todos los sectores democráticos”, afirmó. “Podemos tener miradas diferentes sobre muchas cosas, pero coincidimos en el cuidado de la democracia”.

Luego, finalizó con una señal de confianza sobre el futuro parlamentario del proyecto: “Yo creo que sí, creo que vamos a poder avanzar con esta discusión en el marco del Congreso”.

Un grupo de radicales dice que “está en juego el sistema democrático”

Por su lado, el diputado Fernando Carbajal aseguró que desde su bloque, Democracia para Siempre, también van a avanzar con un pedido similar, ya que consideran que “está en juego la vigencia del sistema democrático”.

“Desde nuestro bloque también presentamos un proyecto de derogación. Porque este es un decreto dictado en el marco de facultades delegadas, por lo que está sujeto al control legislativo”, dijo.

Y añadió: “También hicimos un reclamo internacional, porque el sistema interamericano viene haciendo un seguimiento sobre de qué manera se producen las detenciones en Argentina, y esta legislación controvierte los compromisos asumidos por el país respecto a abstenerse de impulsar mecanismos de detención que violan la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos”.

Finalmente, afirmó: “Creo que está en juego la vigencia del sistema democrático. El gobierno avanza en violar los derechos humanos y construye un Estado policial. Son facultades que se le delegaron al gobierno para reorganizar las reparticiones del Estado desde el punto de vista administrativo, y el gobierno se mete con cosas cuestionables”.

Qué dice el decreto de Bullrich

El decreto 383/2025 lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra Bullrich. Uno de los ejes es la supuesta modernización del sistema de ingreso y formación de los agentes, que ahora será bajo un programa específico de ingreso y formación de universitarios ya graduados. El decreto asegura que será en línea con los métodos y prácticas del FBI de los Estados Unidos.

Ahora, la Federal tendrá como misión principal la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos y la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales, y estará autorizada a “desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia”.

En sus puntos principales habilita el ciberpatrullaje en las redes sociales “sin necesidad de autorización judicial”, autoriza requisas personales y de vehículos sin orden de la Justicia, habilita el trabajo en la prevención de delitos mediante investigación, análisis e inteligencia criminal guiada por la información “de manera proactiva” en el marco de políticas determinadas por el Ministerio de Seguridad.