Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (banca central de Estados Unidos), afirmó que impulsará la flexibilización de las normas administrativas que regulan la actividad de los bancos de acuerdo a las posibilidades que ofrece una ley votada en julio pasado. Las reglas que acaban de ser suprimidas, conviene recordarlo, fueron impuestas por la ley Dodd-Frank, votada en 2010 luego de la crisis de las subprime, de la quiebra del banco Lehman Brothers y de la crisis económica mundial más violenta desde la década de 1930. Estas normas que permitían la regulación de las entidades bancarias fueron abundantemente criticadas por los ejecutivos de los bancos que las consideran superfluas y sobre todo demasiado onerosas. 

Desde la llegada al gobierno de Donald Trump, éste había prometido cambiar dicha legislación y había comenzado a hacerlo de hecho nombrando un nuevo presidente de la Reserva Federal en lugar de Janet Yellen. Jerome Powell había comenzado inmediatamente a satisfacer los requerimientos de los bancos incrementando las tasas de interés y, por lo tanto, sus ganancias, lo que provocó una reevaluación del dólar frente a las otras monedas y encarecido de los bienes exportados por Estados Unidos y abaratado las importaciones.

Las nuevas disposiciones reglamentarias tienden sobre todo a disminuir los encajes a los bancos y las sumas de disposición inmediata que estos deben disponer para hacer frente a eventuales dificultades en el cobro de sus créditos y garantizar su capacidad en sobrellevar el impacto de eventuales perdidas. 

Las medidas tomadas por Jerome Powell son funcionales a las propuestas de Trump, aunque éste exponga públicamente que la “Reserva Federal se ha vuelto loca” porque incrementa la tasa de interés. En efecto, la Reserva Federal se encuadra en los andariveles indicados por Trump en la medida en que deja de aplicar las normas que habían sido negociadas en el G20. 

Esta nueva orientación es preocupante porque las principales entidades bancarias no han obtenido buenos resultados en los “tests de resistencia o stress test” que se han instrumentado para comprobar la solidez de los bancos. Tanto en los Estados Unidos como en Europa los resultados muestran una fragilidad preocupante en las mayores instituciones que han limitado la implementación de los recaudos necesarios para impedir una reedición de la crisis. Too big to fail (demasiado grande para quebrar) o definidas como tales por los estados son incluso las que más sensibilidad han mostrado según un informe reciente. 

En su reunión del 30 de octubre la Reserva Federal decidió disminuir los encajes y el nivel de los capitales involucrados en los colchones amortiguadores pero también las regulaciones. El volumen involucrado es importante puesto que tiende a disminuir del 2 por ciento los haberes líquidos o semilíquidos que se elevan a 3,1 billones de dólares. 

La Reserva Federal, sin embargo, ha reconocido explícitamente los riesgos de su posición, puesto que por un lado ciertas instituciones bancarias serán sometidas a los “stress tests” cada dos años, y ocho de las más importantes van a quedar bajo un estrecha vigilancia ya que representan el 50 por ciento de los activos bancarios norteamericanos y seguirán debiendo someterse a los tests anualmente: JP Morgan, Bank Of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, entre las principales entidades. 

Esto muestra que los riesgos de nuevas crisis financieras sigue latente y preocupando a todos e incluso suscita algunos resquemores incluso en el seno mismo de la Reserva Federal cuyo directorio no votó en forma unánime, como sucede habitualmente las medidas propuestas por su presidente.

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