Un Poder Judicial sin perspectiva de género
Imagen: Manifiesta

Los femicidios son la forma más extrema de la violencia de género que atraviesan nuestras sociedades patriarcales. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará (MESECVI) definió a los femicidios como “las muertes violentas de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Se trata de un fenómeno extendido a nivel global, regional y nacional; y su prevalencia va en aumento en todo el mundo cobrando proporciones alarmantes. En nuestro país, vemos un crecimiento significativo de los femicidios que sólo es denunciado en las calles por los cuerpos y voces del incansable movimiento de mujeres con el que hemos logrado visibilizar esta problemática históricamente acallada. 

En la Argentina, según surge del Registro elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se registraron 235 casos en el 2015, 254 casos en el 2016 y 273 casos en el 2017. En cada año más de 200 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madres y en todos los años más del 70% de los victimarios eran allegados, familiares, parejas o ex parejas de las victimas (70% 2015, 75% 2016 y 78% 2017). Según La Casa del Encuentro, en 2018, en los primeros 10 meses del año ya hubo 225 femicidios, uno cada 32 horas. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2018 hubo 260 femicidios (227 femicidios de mujeres y 33 femicidios vinculados). Evidentemente, año tras año, la historia se repite y empeora creciendo sostenidamente la violencia machista, porque los asesinatos no sólo no paran, sino que la violencia parece recrudecer: casi todas las víctimas de este año fueron apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas, degolladas, ahorcadas, descuartizadas, atacadas con hachas y machetes. El 10 por ciento de las víctimas de 2018, además, fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. Y más aún: 35 eran bebas, niñas y adolescentes, es decir, cada semana hubo un femicidio de una chica que no llegó a los 18 años. Y el último dato reciente que se suma a este panorama de modo escalofriante es que solamente en los últimos 10 días se registraron 13 femicidios.

En cuanto a su extensión territorial, se detecta la presencia del fenómeno en todo el país en diferentes proporciones y con diferentes y heterogéneas respuestas del sistema de administración de justicia según las provincias. A modo de ejemplo, en el año 2016, del total de 254 femicidios de todo el país, 22 contaban con sentencias condenatorias al momento del informe. 90 femicidios ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, sin contarse con ninguna sentencia condenatoria ni absolutoria, encontrándose la mayoría de ellos en proceso de investigación (47) o en proceso de juicio oral (18). En tanto, del total de 14 femicidios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires ninguno obtuvo sentencia, pero la mayoría se encontraban en proceso de juicio oral (8) y el resto en proceso de investigación (4). Este año 2018 fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las provincias donde más femicidios hubo en cantidad: suman la mitad de las mujeres asesinadas. Pero si se tiene en cuenta las tasas (la proporción de mujeres que viven en un lugar con las que fueron asesinadas) las peores cifras son de Tucumán, Neuquén, Corrientes, Chubut y Santiago del Estero.

En el mes de octubre en el Congreso Nacional, en ocasión de reunirse la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich para informar los resultados de su gestión, tanto ella como el Diputado oficialista Guillermo Montenegro (ex ministro de Seguridad de CABA) reconocieron públicamente que no se ha logrado reducir la cantidad de femicidios y que resulta evidente que es uno de los grandes temas pendientes para todos los funcionarios y legisladorxs sean del color político que sean. El fenómeno crece visiblemente y está claro que no se logran obtener resultados significativos. Es necesario abordar la cuestión de una manera distinta a como se viene tratando hasta ahora y revisar cuáles son las reformas que aún son necesarias. 

La Argentina ha generado hasta ahora importantes avances en materia legislativa para abordar la violencia de género, pero pareciera que estos aun no son suficientes. La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres”, la Ley 26.791 que modificó el Código Penal incorporando como agravante el homicidio por razones de género y la Ley 27.452 “Brisa”, que establece un Régimen de Reparación Económica para hijxs de mujeres asesinadas por violencia de género, son parte del conjunto de normas vigentes importantes que, sin embargo, atraviesan actualmente serios problemas de implementación sobre todo por definiciones presupuestarias, y también resultan insuficientes y parciales a  la luz de los crecientes casos de femicidios a lo largo y ancho del país. Además de las transformaciones culturales que requiere cualquier intento de superar las relaciones propias de una sociedad machista y patriarcal, no hay ninguna duda de que quedan pendientes, entonces, definiciones políticas y reformas por parte del Estado, en todos sus niveles, para garantizar un abordaje eficaz de la más grave de todas las expresiones de la violencia de género.

En este contexto, el rol del Poder Judicial aparece en la centralidad de los principales obstáculos y barreras que existen hoy para avanzar en serio hacia la erradicación de la violencia de género: el acceso a la justicia y la impunidad. Nadie duda y nadie puede discutir hoy en nuestro país que el Poder Judicial y la enorme mayoría de sus operadorxs carecen en términos generales, cultural y procedimentalmente hablando, de perspectiva de género alguna. Existiendo legislación al respecto y en muchos casos teniendo los recursos necesarios, el desempeño del Poder Judicial hoy sigue explicando, en gran parte, tanto los problemas de acceso a la justicia por parte de las personas víctimas de violencia de género como los niveles de impunidad persistentes en las causas iniciadas en relación a la sanción a los agresores. El vergonzoso fallo judicial que absolvió hace pocos días a los asesinos de Lucía Perez representa, una vez más, la falta absoluta de formación y capacitación de los operadorxs judiciales que llevan adelante investigaciones de manera sesgada y resuelven los casos con argumentos plagados de estereotipos de género, tal como indicó la OEA al manifestar su preocupación y criticar duramente ese fallo. El crimen de Lucía conmocionó años atrás a la Argentina dando lugar a una nueva expresión en las calles del movimiento Ni Una Menos, como uno de los más importantes movimientos sociales de la historia reciente de nuestro país. Hoy el fallo que absuelve a sus asesinos vuelve a sublevar a las mujeres que nos organizamos frente al sometimiento retrogrado que pretende imponer un Poder Judicial que atrasa siglos, que es machista e ineficaz. 

Diversos informes de organismos especializados, entre ellos ONU Mujeres, han relevado las persistentes dificultades que se encuentran presentes en la región y en Argentina para garantizar el acceso a la justicia a personas víctimas de violencia de género y resolver los problemas de impunidad: las demoras en la iniciación de las investigaciones y en la recepción de las denuncias, la lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes, las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y de los responsables, la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales, la escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus familiares, el trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar con la investigación de los hechos, la ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género, la falta de protocolos y criterios rectores para la actuación especializada, entre otras.

En la Cámara de Diputados de la Nación quedan pendientes, en este sentido, dos proyectos de ley centrales para pensar el rol que seguirá cumpliendo, o no, el Poder Judicial en materia de femicidios y demás crímenes de género en las distintas provincias argentinas: la Ley “Micaela” y la Ley Federal de Femicidios. 

La “Ley Micaela” fue impulsada por proyectos de las Diputadas Rach Quiroga (FPV-PJ) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) a raíz del crimen de Micaela García, la joven militante violada y asesinada el año pasado en Entre Ríos. La iniciativa apunta a garantizar la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Los proyectos fueron debatidos este año en la Cámara de Diputados de la Nación y luego de alcanzar el consenso por unanimidad entre los bloques políticos en cuanto a su redacción final, y de estar listo el dictamen para ser tratado en el recinto para obtener una media sanción, el Poder Ejecutivo definió excluirlo del temario de proyectos a tratar. Por lo tanto, la Ley Micaela no será discutida ni aprobada en 2018 por decisión del oficialismo y deberá seguir esperando entonces.

Por otro lado, por la estructura federal de nuestro país, la competencia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar femicidios, y para delinear la política criminal en la materia, es exclusiva de las fuerzas policiales y de los Poderes Judiciales provinciales. Esto hace que la respuesta estatal a nivel nacional haya dado resultados tan heterogéneos entre cada provincia y territorio en los últimos años, permitiendo y habilitando muchas de las condiciones que hacen que los femicidios tengan respuestas erráticas e ineficientes o queden impunes e invisibilizados. Por este motivo, y en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre pasado, como día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, presentamos junto a otras diputadas del FPV-PJ y de distintos bloques de la oposición (Red por Argentina, Frente Renovador y Argentina Federal) y en representación de distintas provincias, un proyecto de “Ley Federal de Femicidios”. La iniciativa apunta a tres objetivos: que el Congreso Nacional declare de interés nacional la política criminal y de persecución penal para la investigación, sanción y reparación de los femicidios y demás crímenes de género; que se cree un Consejo Federal de lucha contra los Femicidios para poder avanzar y coordinar una política más eficaz, especializada y articulada en todo el territorio nacional; y que se incorpore por Ley a la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Nación la actual Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, como una política de Estado que garantice su funcionamiento tal como vienen reclamando las organizaciones de mujeres hace años. Este proyecto espera ser tratado también a comienzos del año entrante con expectativa de poder avanzar.

En definitiva, hoy en la Argentina persiste una enorme dificultad del aparato judicial -tanto a nivel federal como en las provincias- para entender la problemática de la violencia de género y adoptar pautas investigativas, medidas y sanciones en correspondencia a su especificidad y su gravedad. Las diversas estructuras judiciales provinciales -y sus diferentes normativas, recursos y prácticas- arrojan un cuadro de significativa heterogeneidad tanto en su forma general de abordaje de la violencia de género, como de los procedimientos, criterios de actuación y recursos específicos disponibles. Pero no solamente existe una necesidad de contar con un poder judicial fortalecido con recursos y herramientas jurídicas adecuadas, sino que es imperioso comprender que existen patrones socio-culturales, estereotipos y prejuicios entre lxs operadorxs judiciales que se cristalizan luego en prácticas, medidas y sentencias discriminatorias, investigaciones ineficaces y lentas, y procesos revictimizantes para la mujer, o persona víctima, que sólo reproducen la violencia y la impunidad. 

Transformar el Poder Judicial es hoy la principal deuda pendiente que el Estado y el Congreso Nacional tienen con la sociedad argentina para poder avanzar de manera efectiva hacia una Justicia que garantice el ejercicio de derechos con igualdad de géneros.  

Mónica Macha es diputada nacional.

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