Diputados de la oposición le pidieron a la Procuvin que los fiscales no avalen la violencia policial
Para que no adopten la doctrina Bullrich
Los legisladores advierten que el protocolo es inconstitucional, “desprecia la vida” y habilita la pena de muerte sin juicio previo.
Diputados de la oposición reclamaron a la Procuvin que rechace el protocolo de Bullrich por inconstitucional.Diputados de la oposición reclamaron a la Procuvin que rechace el protocolo de Bullrich por inconstitucional.Diputados de la oposición reclamaron a la Procuvin que rechace el protocolo de Bullrich por inconstitucional.Diputados de la oposición reclamaron a la Procuvin que rechace el protocolo de Bullrich por inconstitucional.Diputados de la oposición reclamaron a la Procuvin que rechace el protocolo de Bullrich por inconstitucional.
Diputados de la oposición reclamaron a la Procuvin que rechace el protocolo de Bullrich por inconstitucional. 
Imagen: Joaquín Salguero

Un grupo de diputados nacionales de la oposición le pidieron a la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin) que “adopte una postura institucional y jurídica” sobre el protocolo de uso de armas de fuego, para que ningún fiscal federal o nacional justifique un caso de violencia policial que pretenda ampararse en esa normativa. Por otra parte, el secretario de Seguridad de la provincia de Tierra del Fuego, Javier Eposto, aseguró que las directivas emanadas de resoluciones “siempre están por debajo del Código Penal y de la Constitución”, dijo el funcionario que sumó su voz al rechazo que está provocando el protocolo que pergeñó la ministra Patricia Bullrich.

Una veintena de diputados nacionales le presentaron una nota al titular de la Procuvin, Andrés Heim, donde se cuestiona a la “desafortunada resolución” 956/2018, firmada por Patricia Bullrich, por su “abierta inconstitucionalidad” y “desprecio por la vida humana”. El texto puntualiza que esa medida deja “en manos de las fuerzas de seguridad la posibilidad de aplicar la pena de muerte, sin siquiera juicio previo” y la rechaza porque va en contra “de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos” a los que adhirió la Argentina.

Los legisladores nacionales de la oposición le pidieron a la Procuvin “que adopte una postura institucional y jurídica respecto del Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego” a fin de que “todos los fiscales federales y nacionales del organismo se abstengan de considerar” que cualquier acción de las fuerzas de seguridad que apele a esa norma “pueda entenderse amparada por la legítima defensa o el cumplimiento del deber”. Por último, sostienen que “deviene imprescriptible que la Procuraduría” emita un pronunciamiento que “se erija como referencia para todo el sistema de administración de justicia penal federal”, puntualizó la nota presentada y que lleva la firma de las diputadas Nilda Garré, Victoria Donda, Lucila De Ponti, María Emilia Soria, Cristina Álvarez Rodríguez, Romina del Plá, Gabriela Cerruti, Mónica Macha y Nathalia González. También se sumaron los diputados José Luis Gioja, Agustín Rossi, Daniel Arroyo, Adrián Grana, Leonardo Grosso, Horacio Pietragalla y Wado de Pedro, entre otros.

En tanto, el secretario de Seguridad fueguino aseguró que en su provincia no se han producido episodios “que ameriten este tipo de reacciones” e indicó que el gobierno provincial se ha preocupado en que los efectivos policiales “estén formados para reaccionar adecuadamente” en casos de persecuciones. Por otra parte, Eposto advirtió que “hay que tener cuidado” con este tipo de protocolos porque “están por debajo del Código Penal y de la Constitución” y “los que pagan los platos rotos son los policías”. El funcionario recordó que “en alguna época también se bajó el discurso de balas para los delincuentes y los que fueron presos fueron los policías extralimitados en sus funciones. Así que mejor actuar como está establecido en las leyes”, afirmó.

Ayer, la senadora nacional por San Luis, María Eugenia Catalfamo, se incorporó a la lista de rechazos con un proyecto de ley que presentó en la Cámara alta y con el que pretende derogar el polémico protocolo. El texto de la iniciativa dispone anular la resolución del Ministerio de Seguridad y entre sus fundamentos remarcó que una resolución ministerial no tiene la capacidad de alterar lo establecido en el Código Penal ni en las disposiciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos.

En ese sentido, Catalfamo señaló en su proyecto que “el uso de la fuerza es y debe ser siempre excepcional, más aún en el caso de las fuerzas de seguridad, que ya de por sí cuentan con mayores herramientas y un poder ofensivo mayor al del ciudadano común”. La senadora peronista, que llegó a la Cámara alta junto a Adolfo Rodríguez Saá, indicó en su proyecto que la resolución de Bullrich “privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido” y “genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos los transeúntes”.

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