El ex combatiente Ernesto Alonso sobre el llamado a indagatoria a 18 militares por abusos durante la Guerra de Malvinas
“Es el primer paso para una reparación”
El juez federal de Ushuaia Federico Calvete citó a indagatoria a 18 militares por las torturas y abusos cometidos a soldados durante el conflicto. Alonso, del Cecim, consideró que ahora “se va a dar vuelta una página”.
Desde el Cecim denunciaron 120 hechos de abusos durante la guerra que involucran a 95 militares.Desde el Cecim denunciaron 120 hechos de abusos durante la guerra que involucran a 95 militares.Desde el Cecim denunciaron 120 hechos de abusos durante la guerra que involucran a 95 militares.Desde el Cecim denunciaron 120 hechos de abusos durante la guerra que involucran a 95 militares.Desde el Cecim denunciaron 120 hechos de abusos durante la guerra que involucran a 95 militares.
Desde el Cecim denunciaron 120 hechos de abusos durante la guerra que involucran a 95 militares. 

“A partir de ahora se va a dar vuelta una página en esta situación de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por parte de los soldados conscriptos que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Malvinas”, señaló a PáginaI12 Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Relaciones Institucionales del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim), en el marco de la primera citación a indagatoria de 18 militares denunciados en la causa que se investigan las torturas y abusos padecidos por los soldados que en 1982 participaron de la guerra de Malvinas con Gran Bretaña. 

Tal como anticipó ayer este diario, el juez federal subrogante de Ushuaia Federico Calvete aceptó la solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados deberán dar explicaciones ante la justicia federal, a 11 años del inicio de la causa y 36 de la finalización de la guerra. La justicia deberá determinar si las torturas sufridas por los soldados conscriptos que estuvieron movilizados en Malvinas durante la guerra de 1982 deben ser considerados como delitos de lesa humanidad. 

Los 18 militares citados a declarar participaron en el Regimiento de Infantería N°5 –dependiente de la III Brigada de Infantería, que tenía asiento en Paso de los Libres, Corrientes– y estaban cumpliendo funciones en la isla Gran Malvina durante la guerra. Allí hay hechos denunciados por hambre, enterramientos, estaqueamientos y todo tipo de vejámenes y torturas.

Se trata de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Afranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.

“Es el primer paso de una reparación por parte de la justicia de estos hechos aberrantes, que llevará a estas personas a sentarse frente a ese juez para explicar algo que para nosotros es inexplicable y en todo caso si la justicia determina que fue un delito, que sean condenados”, señaló el ex combatiente Alonso.

Desde el Cecim, que es parte querellante en el expediente, sostienen que hay alrededor de 120 hechos denunciados y 95 militares imputados. Indicaron que los abusos fueron contra soldados de 18 y 19 años, por parte de oficiales con mando de tropa, y que esa práctica no fue aislada, sino “sistemática y generalizada”. En la mayoría de los casos, se denuncia como hechos comunes los estaqueos. 

La causa comenzó en 2007. Tras una investigación iniciada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, un grupo de ex combatientes  denunció ante un juzgado de Río Grande a un grupo de militares retirados que, durante sus funciones en Malvinas, cometieron abusos de diferente tenor sobre 23 soldados. Simulacros de fusilamiento, torturas físicas, sexuales y psicológicas y hasta una muerte por hambre son algunos de los delitos que describió la denuncia. En primera y segunda instancia el fallo fue a favor de la denuncia y se los reconocía como crímenes de lesa humanidad, pero ambos fallos fueron apelados por uno de los militares acusados, Jorge Eduardo Taranto –a quien los ex conscriptos señalan como parte de los servicios de inteligencia que tienen llegada a la Justicia–, que llevó la causa a la Cámara de Casación, donde finalmente declararon los hechos prescriptos dando la razón al militar. 

En 2012, los ex conscriptos pidieron a la Corte Suprema que se expida sobre el tema. En ese camino,  fueron apoyados por organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación HIJOS y la institución de la comunidad judía DAIA, que dio asistencia a los ex combatientes de origen judío, presentándose en la causa como amicus curiae. 

Después del fallo de la Corte Suprema que se negó a analizar si las torturas, estaqueamientos, abusos, simulacros de fusilamiento y muertes denunciados constituyen delitos de lesa humanidad, el Cecim presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inste a la reapertura de la causa penal sobre las aberraciones por ellos denunciadas, que se conozca la verdad y que el Estado argentino haga un reconocimiento por haberlos privado de justicia durante tantos años. 

“La Corte nunca se expidió en la cuestión de fondo. Solamente aplicó una instancia procesal y es allí donde nosotros presentamos un recurso de aclaratoria y revocatoria que nos contestó. Y ese caso hoy tramita en una petición que estamos haciendo ante la CIDH. Al contestar la Corte diciendo que de llegar otro caso van a analizar la cuestión de fondo, permitió avanzar sobre todos los hechos que no habían sido investigados, donde le sumamos los archivos desclasificados en el 2015”, contó Alonso. 

Documentos militares secretos desclasificados por orden de la ex presidenta Cristina Kirchner ratificaron las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados por órdenes de sus jefes durante la guerra de Malvinas y revelan los mecanismos aplicados por la dictadura para ocultar los delitos tras el retorno de las tropas al continente.

“Empezamos a tener un espacio más amplio de apoyatura en el sostenimiento de la causa, al sumar otras querellas. En ese sentido se empezó a sistematizar la causa y con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en mayo de este año el fiscal de Río Grande, Marcelo Rapoport, pide la declaración indagatoria de 26 militares”, indicó Alonso. “Como había que resolver un tema de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el juez subrogante que fue el juez Calvete, de Ushuaia, espera que la Cámara de Apelaciones resuelva las cuestiones. La Cámara de Apelaciones se expresó de la misma forma que se expresó al comienzo, diciendo que se trata de graves violaciones a los derechos humanos y tienen que ser investigados”, completó. 

Por otra parte, el ex combatiente destacó la importancia de analizar estos hechos en el contexto de lo que fue la última dictadura cívico-militar. “Esto siempre hay que analizarlo en contexto de dictadura porque Malvinas es parte de la dictadura. Y si vos revisás la cantidad de militares que han sido condenados por haber participado en distintos centros clandestinos de detención, de los que estuvieron en Malvinas, hay cientos. No fueron otras Fuerzas Armadas a Malvinas, fueron los mismos”, señaló Alonso. “Entendemos que todavía existe todo un sistema de impunidad, así como lo dejó plasmado la dictadura militar cuando volvimos de Malvinas y eso está refrendado en los archivos desclasificados. Todo el plan de inteligencia de ocultamiento y de contar otra historia. La dictadura dejó plasmado como cortar la guerra, que hacer con los soldados y que hacer con los familiares de los caídos”, completó.

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