De las tareas insalubres a la verdad

En democracia, la sociedad crea instituciones a veces de manera insólita. Fue lo que ocurrió con una de las más importantes, el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Durante la dictadura militar, al igual que en otros procesos de exterminio social, el destino de los cuerpos de las víctimas significó un problema serio a resolver para los victimarios. El centro de detención clandestino (CDC) “Campo de la Ribera”, en las afueras de Córdoba capital, fue el segundo en importancia luego de “La Perla”, en la misma provincia. Por allí pasaron cinco mil personas, que luego de ser asesinadas fueron enterradas anónimamente en el cementerio de San Vicente. La existencia de la fosa común, que tuve la oportunidad de conocer en 2004, tomó dimensión pública a través de un episodio casi burocrático.  

En junio de 1980 un grupo de empleados de la morgue judicial, cansados de reclamar un sobresueldo por “tareas insalubres” envió  una carta dirigida a las autoridades del gobierno militar. En la carta los morgueros daban cuenta de toda una serie de “barbaridades” que debieron cometer en 1976, así como del  traslado de  decenas de cuerpos al cementerio en plena madrugada y ante la mirada de los vecinos. En 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) tomó noticia de la existencia de esta carta y confirmó la existencia de fosas comunes en varios cementerios. Los primeros intentos de exhumación ordenados por jueces terminaron en un rotundo fracaso. Se usaron allí con torpeza inaudita palas mecánicas y, en un hecho tragicómico, participaron muchos de los mismos empleados municipales que años atrás habían cavado las fosas.  No se tomaron los mínimos recaudos para la recuperación de los restos, así como tampoco se realizó un tratamiento científico de las evidencias. Este primer desacierto generó que la Conadep y las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaran asesoramiento a un equipo de antropólogos forenses norteamericanos, entre los cuales se encontraban Eric Stover y Clyde Snow, quienes aceptaron venir a la Argentina. Así fue que en 1984 el profesor Snow creó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto con seis estudiantes de antropología, entre los cuales se encontraba el actual presidente del EAAF,  Luis Fondebrider.  Snow, quien falleció en el 2014, fue un científico de talla mundial, apodado “el Sherlock Holmes de los huesos”, participó como antropólogo forense en casos  como el de John F. Kennedy, el médico nazi Josef Mengele, y testificó como experto en numerosos tribunales. En 1985 se presentó en el Juicio a las Juntas como testigo a raíz de la identificación por parte de su equipo de Liliana Carmen Pereyra, una joven de 21 años, detenida y desaparecida en 1977. Su testimonio fue esencial, dado que los jueces habían rehusado considerar veredictos de homicidio a menos que los cuerpos de las víctimas pudieran ser mostrados e identificados. 

El EAAF, un equipo conformado por antropólogos, arqueólogos, odontólogos, biólogos y médicos, es una organización científica, sin fines de lucro, que ha cumplido una tarea histórica en el ámbito local e internacional. Este equipo ha identificado a víctimas del terrorismo de estado, pero también de conflictos bélicos como el caso de los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas, y de masacres como El mozote (El Salvador) o de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México). Asimismo ha intervenido en casos puntuales de violencia institucional, como el asesinato del estudiante Luciano Arruga, enterrado en el 2009 como NN en un cementerio de la Chacharita. En la fosa de San Vicente, casi veinte años después del primer intento fallido de exhumaciones, el EAAF comenzó las excavaciones en febrero del año 2003 y  descubrió pocas semanas después una fosa común que los expertos forenses calificaron como la más grande del país. La disposición aleatoria de los cuerpos y la posición en que fueron encontrados permitió inferir que los mismos fueron arrojados desde el borde de la fosa en forma apresurada, expeditiva. El primero de los esqueletos identificados fue Mario Osatinsky, un joven de 18 años asesinado el día 26 de marzo de 1976 por un comando perteneciente al III Cuerpo del Ejército. Hasta el día de hoy, el EAAF  ha identificado en esta fosa a dieciocho personas. 

A lo largo de todo el país y en distintas excavaciones (cementerios de Avellaneda - BA y Lomas de Zamora - BA, La Perla - Córdoba, el Pozo de Vargas - Tucumán,  San Pedro - Santa Fe) el EAAF ha confirmado la identidad de 793 víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Con 34 años de experiencia, decenas de artículos,  dos libros publicados (Tumbas Anónimas, 1992 y el Informe sobre el Cementerio de San Vicente, 2003) y tres documentales sobre su trabajo (Tierra de Avellaneda –1996–, El ultimo confín –2004–, Abaco 211 –2016–) el EAAF representa un ejemplo de excelencia y bajo perfil, que lidera hace décadas la aplicación de las ciencias forenses con el fin de documentar las violaciones a los derechos humanos.

En tiempos actuales de promoción y expansión de las prácticas punitivas por parte del Estado, el trabajo del EAAF –que tarde o temprano será premiado con un Nobel–,  explica en detalle y demuestra con pruebas incuestionables, los efectos del terror institucional sobre las personas. Un tipo de daño irreparable que es necesario tener muy presente, en un contexto en donde las fuerzas de seguridad están tomando un protagonismo inédito desde el retorno de la democracia.

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