EL MEGÁFONO
Andrea Vázquez hizo todo lo que pudo y más

Golpeó puertas hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió su petición al Estado argentino que ahora tiene noventa días para responder a las denuncias. Desde que comenzó a sufrir violencia machista por parte de quien era su marido generó estrategias para proteger a sus tres hijos y a sí misma. El la denunció entonces inventando impedimento de contacto.

El sistema judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la acusación por ese delito penal creado al servicio de disciplinar a mujeres que se enfrentan a los violentos. Aunque Andrea fue absuelto,

la Justicia no revirtió la decisión que había tomado de otorgar tenencia de los tres niños a favor del denunciado. Durante cuatro años sus hijos solo la vieron, por cumpleaños o algún día de la madre en contactos supervisados. Apenas diez encuentros breves, nunca a solas, en oficinas judiciales o negocios de comidas rápidas. Siempre felices por encontrarse y tristes por tener que separarse.

A pesar de la desesperación en el primer tiempo por volver a la casa materna algo cambia en el discurso del hijo mayor y esto es interpretado por los organismos que debían protegerlo como consentimiento. “Es su decisión” dicen. Allí no ven ni manipulación ni “lavado de cerebro”.

Cuidado, por fin con el abrazo de la madre, otro hijo cuenta que era medicado, él entiende que para tenerlo silenciado y ciego frente a lo que ocurría en aquella otra casa. En esa época eran serios los problemas del joven en la escuela que hoy es vicepresidente de su centro de estudiantes.

A pesar de esta confirmación el sistema de protección no resguardó al hijo mayor. Ni define la situación a favor de los menores. No lo hizo la justicia, no lo hizo la Dirección de Niñez de la provincia de Buenos Aires. Antes, después y ahora, se acusó a Andrea de un Inexistente Síndrome, llamado de Alienación Parental (ISAP)

De los menores se dice que su mamá les lavó el cerebro. Del más grande se dice que elige libremente no ver a su madre ni a sus hermanos y quedarse con el acusado y con la familia paterna. El más pequeño tiene pesadillas cada vez que lo citan a las audiencias y carece de patrocinio.

El pedido de explicaciones de la CIDH alimenta la esperanza de terminar con la tortura legal y lograr justicia. Hay cientos de madres protectoras que ven allí la posibilidad de que algo cambie en este sistema judicial patriarcal que garantiza impunidad a los violentos y dolor y desamparo a las víctimas.

Que no se las siga persiguiendo por proteger, que no deban ellas conceder, ante la amenaza de llevarse a sus hijos/as la entrega forzada a los progenitores denunciados. Esperamos la respuesta a los requerimientos que debe dar hoy el Estado Argentino.

Cientos de madres protectoras la esperan.

Liliana Hendel: Periodista.

Mariana Vargas: Abogada.

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