La violencia contra las mujeres en la política va mucho más allá que el abuso o el acoso sexual. El 64 por ciento de las mujeres políticas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones, al 58 le impidieron que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes, al 53 le restringieron el uso de la palabra en reuniones o sesiones, e incluso un 27 por ciento percibió un ingreso salarial menor por su condición de género. Estos son algunos datos que se desprenden de la investigación Violencia política contra las mujeres en Argentina. Experiencias en primera persona, que llevó adelante el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

La investigación reúne 45 casos, incluyendo legisladoras porteñas y nacionales de Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Misiones, que representan a partidos de todo el arco político. Fue desarrollada entre enero de 2017 y junio de 2018 en el marco de la iniciativa “Promoviendo instituciones democráticas y libres de violencia contra las mujeres”, que contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PFOSC).

De las legisladoras entrevistadas para la investigación, el 73 por ciento afirmó inicialmente haber sufrido violencia política por razones de género, porcentaje que aumentó al 82 luego de preguntarles por acciones concretas. “Las respuestas de las entrevistadas permitieron identificar diversos factores que disuaden a las mujeres de participar en política. Principalmente se trata de elementos culturales tales como las responsabilidades familiares (91 por ciento); la cultura dominante y la concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89) y la falta de apoyo por parte de los hombres (76). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64 por ciento) y el temor por la integridad física (18)”, dice el documento.

El trabajo toma la definición base de la ley modelo de violencia política de la OEA la define en su artículo 3 como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.Luego, la investigación desmenuza las características que adopta la violencia contra las mujeres en política en nuestro país: “Se pueden identificar distintos tipos de violencia, siendo la psicológica la más frecuente: la mitad de las legisladoras la sufrió alguna vez. Otros tipos bastante frecuentes son la simbólica (28 por ciento) y la económica (22)”, explicó Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta de ELA. También habló de la importancia de trabajar con las jóvenes porque “en el 38 por ciento de los casos las situaciones de violencia política se dieron mientras eran militantes”.

Argentina es uno de los 10 países de América Latina donde se presentaron propuestas para abordar la violencia política contra las mujeres, explica la organización: “Estos proyectos pueden ser clasificados bajo dos modelos regulatorios: uno que propone la creación de una ley específica sobre el acoso y la violencia política (como son los casos de Bolivia, Costa Rica, Honduras y Perú), y otro que postula la incorporación de la violencia política contra las mujeres dentro de marcos normativos más amplios, como las leyes integrales de violencia (Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay), o en códigos civiles, penales, leyes del servicio civil o de los partidos políticos (como es el caso de México, en que los proyectos sobre acoso y violencia política modifican varias leyes)”.