La experta Laura Saldivia Menajovsky sostiene que en 1994, cuando se hizo la reforma constitucional, los constituyentes procuraron quitar del texto (de la parte que se sometió a la reforma, la orgánica) todo aval a privilegios concedidos a la Iglesia católica. Advierte que si no se tocó el artículo 2 de la Constitución Nacional, que estipula que el Estado sostiene el culto católico, fue solo porque esa parte del texto no estuvo en debate, pero que el resto de las modificaciones fueron claras. “Eliminaron toda noción que concediera privilegios a la Iglesia católica, como el no exigir más que el presidente de la Nación sea católico. También eliminaron potestades de la Iglesia como el patronato. Esto es mi opinión, pero de lo que hicieron se puede deducir: los constituyentes quisieron limitar los privilegios de la Iglesia. Donde pudieron, lo hicieron. Y no solo eso: incorporaron los derechos de grupos en situación desaventajada, como mujeres, indígenas, minorías sexuales, con la incorporación también de tratados internacionales que reconocen los derechos de esos grupos. Ahí también limita la potestad de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre ha denostado los derechos de las mujeres y las minorías sexuales. En este nuevo esquema de protección de derechos que establecen los constituyentes, también se pone límites a la Iglesia católica”, explica.

Y sin embargo, los privilegios que todavía hoy el Estado concede a la Iglesia son enormes, señala Saldivia Menajovsky. “Hay un gran desfasaje entre la Iglesia católica y las demás. La Iglesia católica tiene más poder en la Secretaría de Culto, y por ejemplo es una de las que se sienta en la mesa que decide qué otros son aceptados oficialmente como cultos. Los privilegios que tiene son enormes. Los cultos evangélicos por ahora viven del aporte que hacen sus miembros, y pueden participar de la repartija de beneficios si están anotados en el Registro de Cultos, pero de todos modos lo que obtienen es menor comparado con la Iglesia católica. Una forma de leer qué pasa con el evangelismo es ver que, en definitiva, hay una distribución del apoyo del Estado y que los legisladores nunca derogaron las leyes de las dictaduras que conceden privilegios a la Iglesia católica”, advierte. Por eso, la irrupción del mensaje evangélico en la cartelería pública podría entenderse como presión para “compartir más ecuánimemente con otros cultos religiosos el gasto que hace el Estado en la religión”.