El juez federal Leónidas Moldes elevó a juicio oral el expediente abierto por el asesinato de Rafael Nahuel. Procesó a cinco prefectos por “homicidio agravado en exceso de legítima defensa” y a los dos mapuches que trataron de salvar la vida del joven por atentado a la autoridad y usurpación. Impedido de negar la materialidad del homicidio se plegó a la falsa versión del Gobierno nacional: hubo enfrentamiento armado. Los uniformados actuaron en cumplimiento de su deber, digamos, aunque se les fue la mano.
La construcción del magistrado hace agua por todos lados, es técnicamente arbitraria: mero producto de su voluntad y no derivación razonada del derecho aplicable y de las evidencias recogidas.
Según la narrativa oficialista los mapuches que ocupaban tierras en las inmediaciones del lago Mascardi usaron armas de fuego, atacaron a los gritos, portaban lanzas con cuchillos en la punta. Habrían tirado con munición de grueso calibre que cortó de cuajo ramas de árboles. A pesar de los esfuerzos de Moldes ninguna prueba material corrobora el relato. Los rastrillajes no hallaron arma alguna de los mapuches, ni vainas, ni las lanzas de historieta que imaginaron la ministra Patricia Bullrichy la vicepresidenta Gabriela Michetti. Ningún prefecto resultó herido ni rozado.
El testigo presencialPablo Curlo, un operador turístico conocido en Bariloche, declaró que vio a los efectivos de Albatros “disparando a mansalva”. Vio fusileros “desbocados”. No estaban solos sino detrás de una formación que los protegía con escudos. Escuchaba voces. No proferían cánticos de guerra: les gritaban a los prefectos “dejen de tirar (por) que hay mujeres y chicos, están matando gente”.
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Nahuel falleció casi de inmediato, alcanzado por una bala 9 milímetros que le entró por el glúteo: estaba de espaldas como otras dos personas que fueron heridas por munición de plomo.Escapaban.
Páginal12 siguió el caso día a día, contradiciendo al relato de la Casa Rosada y los medios dominantes. El periodista sureño Santiago Rey publicó un libro escrito con urgencia, compromiso y alta calidad periodística “Silenciar la muerte. Crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel”. Ese material nutre esta columna. El análisis corre por cuenta de quien la escribe, que también procuró información propia.
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La instrucción transcurrió cansinamente. Se verificó que dispararon cinco prefectos, más de 100 proyectiles. Santiago Rey especifica: entre 114 y 129. Se sabe por las vainas recogidas en el espacio en que estaban las víctimas (obviamente menos que el total) y por los faltantes respecto de las municiones que los uniformados habían retirado. Se probó que el prefecto Francisco Pintos disparó el tiro letal. Moldes se tomó más de seis meses para llamarlo a indagatoria.
La sentencia habilita alguna duda sobre la autoría material de Pintos. Se guarece en una pericia de Gendarmería, que aparece siempre cuando el Gobierno necesita un informe favorable. La Gendarmería se transformó en una usina de saber de primer nivel, apta para todo servicio,
A Pintos no se lo separó de su puesto, lejos del activismo que muestra la justicia federal en los casos por corrupción. La vida de un chico pobre, mapuche por añadidura, contra delitos económicos. Diferentes varas, otra severidad: nada que sorprenda en una democracia degradada cultora del capitalismo darwinista.
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La resolución es extensa, un artilugio para camuflar la pobreza. El núcleo es resolver si hubo enfrentamiento o ataque unilateral, con plomo a discreción. Moldes se basa en dos argumentos: no valen uno.
Los más relevantes son mensajes de voz por WhatsApp tomados del celular de un prefecto, el oficial principal Pablo Berra. Su Señoría los valida como creíbles, pese a que Berra anuncia a sus interlocutores que “nos van a secuestrar los teléfonos, el armamento así que…bueno”. El caballero asume que el mensaje será oído, lo está manipulando. Cualquiera se percata, menos Su Señoría.
Reconoce, además, que no vio los hechos, que reproduce de oídas. “Esto me están diciendo los muchachos, yo sé y creo, quiero pensar que ninguno de estos es un enfermo mental y disparó a matar porque sí, incluso no dispararon a matar sino que dispararon a los árboles eso es lo que me dijeron a mí”. Los testigos deponen lo que cayó sobre el alcance de sus sentidos, Berra es vocero de otros: “cree”, “quiere pensar” “eso me dijeron”… los comentarios huelgan.
Moldes le da crédito a un colega de los sospechosos, que habla por boca de ganso, repite excusas de sus pares y sabe que el audio se usará como evidencia prueba. Confía en su tono de voz, en el momento en que conversa (después de la masacre, cuando corresponde urdir rápido una coartada). Como dispensa de culpa es una vergüenza.
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El otro elemento, más complejo son las pericias de restos de pólvora. Hay dos en el expediente, contradictorias. La del Centro Atómico Bariloche se hizo sobre muestras tomadas del cadáver de Nahuel, de las manos de sus acompañantes y de los Albatros. Concluye que las víctimas no tenían restos de pólvora y los agentes del orden sí, en gran cantidad. Las muestras se marcaron preservando el anonimato.
La contraprueba que reverencia Moldes la produjo un laboratorio de Salta que no tuvo delante las muestras sino que revisó los informes. Contradice a la otra.
Profano en cuestiones técnicas el juez actúa como abogado defensor. Escoge la menos rigurosa y cumplida con menos salvaguardas.
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El juicio oral referido al asalto a Tablada proveyó recientemente revelaciones inéditas. Militares de bajo rango rompieron los pactos de silencio, la complicidad mafiosa con sus superiores. Describieron con lujo de detallas violaciones de derechos humanos. Hubo que esperar casi treinta años para que se conociera la verdad.
Por entonces hubo un ataque armado (a diferencia del caso Nahuel) pero la represión vulneró todas las normas. Se golpeó, mató y desapareció a prisioneros.
Juan Ángel Pirker, jefe de la Policía Federal en aquel entonces, afirmó que la brutalidad militar era superflua, nada profesional. “Yo los sacaba con gases lacrimógenos”.
La moraleja, salvadas las diferencias, puede proyectarse al desalojo en Bariloche. Barbarie premeditada y alevosa.
Con una diferencia histórica, digna de subrayarse. Los militares de Tablada se la tenían jurada al presidente Raúl Alfonsín, le impusieron de prepo un escenario atroz e irrevocable. Le cobraban la CONADEP, el Juicio a las Juntas, aprovechaban que el poder de Alfonsín estaba muy debilitado al iniciarse el último año de mandato.
Para desdicha de Rafita Nahuel, su comunidad, amigos y familiares, es muy otra la perspectiva del presidente Mauricio Macri. El actual Ejecutivo promueve la violencia institucional, endiosa los disparos por la espalda, invierte la presunción de inocencia cuando los asesinos son agentes de Seguridad.
Las querellas apelarán la decisión de Moldes. De cualquier manera, el Tribunal Oral podría cambiar la calificación, agravarla o atenuarla. Resulta ingenuo ser optimista con “la Justicia federal” cuyos integrantes, en general, pitan como referís bomberos que inclinan la cancha.
