El “fotocopia-cuadernogate” quedó a un paso de la Corte Suprema. A partir de febrero el máximo tribunal analizará el expediente en el que varios empresarios y funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, incluida la ex presidenta, están imputados de ser parte de una red de cohecho porque deberá expedirse sobre el pedido de excarcelación realizado por la defensa del empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. “Llegamos a la Corte por vía de recurso de queja, lo tuvimos que interponer porque en Casación (la camarista Ana María) Figueroa votó que era correcto, pero los otros de esa sala no dijeron que no. Entonces pedí habilitación de feria a principio de enero, el juez Juan Carlos Maqueda no habilitó pero tampoco lo desechó: su tratamiento quedó para el 1 de febrero”, explicó a PáginaI12 el abogado Eduardo Barcesat.

En tanto, la Cámara Federal de Casación quedó habilitada para definir la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y otros procesados del caso de los cuadernos. Casación deberá resolver varios recursos de las defensas porque la Cámara Federal aceptó los planteos que presentaron los abogados de Cristina Kirchner, Julio De Vido, y de quien fue su mano derecha, Roberto Baratta. Se trata de quienes están con prisión preventiva dictada en el expediente. También llegaron a Casación por vía de ese recurso, el asesor de Baratta, Nelson Lazarte, el ex funcionario del área de legales del ministerio de Planificación, Rafael Llorens, y de José María Olazagasti, quien fue secretario de De Vido. También interpuso un recurso el ex titular del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas. Todos están detenidos, a excepción de Cristina Kirchner que tiene fueros como senadora.

En cambio, la Cámara Federal no habilitó los recursos presentados por las defensas de algunos procesados como el primo presidencial Angelo Calcaterra (ex Iecsa), Enrique Pescarmona, del grupo Pescarmona, y Luis Bentazza, de Techint. La situación de éstos quedó aliviada cuando la misma Cámara les quitó la figura de la asociación ilícita. En la resolución emitida el viernes, los camaristas sí aceptaron los recursos de los empresarios arrepentidos, que admitieron haber pagado coimas, como Jorge Neira y Osvaldo Acosta, de Electroingeniería; Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, Rodolfo Poblete, del grupo Romero; Héctor Zabaleta, de Techint, y Francisco Valenti, de Pescarmona. Estos estaban con falta de mérito y la Cámara los procesó como partícipes de cohecho o coimas.

En Casación, las decisiones de la causa están en manos la sala I integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Estos jueces ya tuvieron intervención en pedidos de excarcelación, que en su momento fueron rechazados. Ahora volverán a expedirse en la cuestión de fondo. “En realidad la causa por los temas excarcelatorios ya pasó por Casación, con la desgracia que quedó en sala I donde está Figueroa, pero con dos puestos a dedo, Petrone y Barroetaveña, ignorantes del derecho, votan siempre conforme ‘Macri dixit’”, opinó Barcesat. “El auto de procesamiento y la prisión preventiva van a la Cámara por elementales razones reales de conexidad, pero en la sala I es como perder el tiempo, vamos a estar dos a uno en todas las votaciones”, agregó. 

Para el defensor de Ferreyra, en Casación se pierde tiempo para llegar a la Corte. “La Corte va a tener que pronunciarse, y eso empezará a correr luego del fallo de Casación donde va a tocarnos esa sala salvo que interpongamos alguna recusación todos los defensores juntos, y entonces es de esperar que estos lacayos vuelvan a convalidar lo dictado por el juez Claudio Bonadio y la sala I de la Cámara Federal”, dijo.

En esta causa de las fotocopias de los cuadernos persisten dudas sobre los hechos y las pruebas, que lejos de ser esclarecidas fueron avaladas por el fallo de la Cámara de diciembre. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dieron por probado que Carlos Wagner, empresario de la construcción, recaudaba dinero porque las compañías se ponían de acuerdo en las licitaciones. Esa plata se entregaba a Ernesto Clarens y, con el visto bueno de José López, lo recaudado terminaba en Daniel Muñoz. Algunos arrepentidos afirman que el dinero se entregaba en el edificio de la calle Uruguay, domicilio de los Kirchner. Y esto fue suficiente para ubicara a la ex presidenta como jefa de la asociación ilícita. Quienes conocen la causa afirman que en todo el expediente no hay un solo testigo ni arrepentido que diga que CFK recibió plata o que estuvo presente o que haya intervenido de alguna manera cambiando licitaciones o concesiones. 

Además, Muñoz renunció como secretario en 2009 y principalmente su vínculo era con Néstor Kirchner no con Cristina. De manera que menos todavía puede afirmarse que CFK haya sido receptora de dinero o que haya estado por encima de la supuesta operatoria.