Redujeron 932 millones de pesos para la niñez
Querida, ajusté a los niños
El recorte se aplicó en la Defensoría, la Bicameral de la designación de defensor y en la Secretaría Nacional de Niñez. La decisión implica incumplir las partidas asignadas por el Congreso de la Nación.
El Gobierno incumplió el Presupuesto sancionado por el Congreso.El Gobierno incumplió el Presupuesto sancionado por el Congreso.El Gobierno incumplió el Presupuesto sancionado por el Congreso.El Gobierno incumplió el Presupuesto sancionado por el Congreso.El Gobierno incumplió el Presupuesto sancionado por el Congreso.
El Gobierno incumplió el Presupuesto sancionado por el Congreso. 
Imagen: Joaquín Salguero

Mientras se sigue dilatando la designación de un defensor de Niñas y Niños y Adolescentes y se retoma el proyecto punitivista de baja de edad de punibilidad, el Poder Ejecutivo tomó una medida en contra de los más chicos. Las organizaciones defensoras de los niños denuncian que a través de una decisión administrativa “violatoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” se recortaron 932 millones de pesos de las partidas asignadas por el Congreso Nacional a la Defensoría, a la Comisión Bicameral encargada de la designación del/la Defensor/a de las Niñas, Niños y Adolescente y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). 

En incumplimiento del Presupuesto 2019 sancionado por el Congreso el 25 de octubre pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, firmaron el 11 de enero una decisión administrativa que no toma en cuenta las modificaciones que había realizado el Poder Legislativo en los fondos destinados a estas tres áreas clave para garantizar los derechos a los niños de nuestro país.

El Gobierno había intentado disminuir en términos reales la asignación presupuestaria en la Defensoría y la Comisión en un 67 por ciento y un 35 por ciento los programas del Sennaf, de acuerdo al proyecto de Presupuesto que presentó el 17 de septiembre. Esos montos son los que se oficializaron en la decisión administrativa y no los incluidos en el artículo 16 del Presupuesto por el Congreso, que aumentaba los fondos en 932 millones de pesos. 

“La medida es violatoria de los derechos de las niñas, niños y adolescentes  y representa una fuerte limitación a las políticas de protección integral de los derechos de la infancia”, advirtieron desde el colectivo Infancia en Deuda, que nuclea a 14 organizaciones de la sociedad civil. Las ONG enfatizaron que el ajuste afectará directamente a la población más vulnerable, destinataria de los programas que lleva adelante la Secretaría, y adelantaron que impugnarán la decisión porque el Poder Ejecutivo no respetó la facultad del Poder Legislativo. 

El recorte se da además con una Defensoría acéfala porque el 2018 terminó sin la designación del puesto creado por ley 26.061 en 2005 y vacante hace 13 años, a pesar de que había 14 postulantes finales para el área. Ahora tanto la Defensoría como la Comisión que debe designar al defensor contará con un 65 por ciento menos de recursos para desarrollar sus tareas. “En el contexto actual, en el cual el 48 por ciento de las niñas y niños se encuentran en situación de pobreza, resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al definir el presupuesto, desfinanciando dos de los principales órganos del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia”, denunciaron desde Infancia en Deuda a través de un comunicado. 

El ajuste salarial en el Sennaf afecta particularmente al programa 47, destinado a la promoción y asistencia de los espacios de primera infancia, que se recortaba en un 75 por ciento. El programa, denominado “Promoción y asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario”, es uno de los más importantes, encargado de garantizar las políticas de cuidado, de nutrición y el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 4 años inclusive. Su objetivo es favorecer la promoción y la protección de sus derechos. 

“El Sennaf es la encargada de coordinar todas las políticas públicas para niños, adolescentes y adultos mayores, particularmente quienes han tenido carencias en las políticas públicas”, explicó a PáginaI12 Julieta Izcurdia, de la Asociación Civil de la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que integra la coalición. Por eso mismo habían impulsado durante los debates legislativos un aumento en términos reales y totales de ese presupuesto, convalidado por ambas cámaras del Congreso. Tal como denuncian nuevamente ahora, las organizaciones habían alertado sobre las consecuencias que podría haber en caso de que se redujeran las partidas destinadas a programas que tienen como objetivo garantizar derechos de la infancia y adolescencia. 

Otro problema es la subejecución presupuestaria, que de acuerdo a un informe de la ACIJ crece de manera sostenida desde 2016. De hecho, el decreto administrativo que creó el Plan en 2016 contempla un aumento que no fue ejecutado completamente a lo largo del año, tampoco fueron ejecutadas las partidas originalmente previstas. “Concluido el año en 2016, se observan niveles de subejecución respecto del presupuesto vigente que oscilan entre un 10,79 por ciento y un 58, 89 por ciento”, señala el estudio de la Asociación. 

El Presupuesto de 2017 mantenía las partidas originales para el programa, aunque “dichos montos fueron reasignados a lo largo del año a otras acciones, por fuera de la Secretaría”, resalta ACIJ, que aclara: “El destino de los montos se desconoce, ya que, a pesar de haber solicitado la norma mediante solicitud de acceso a la información pública, aún no se ha obtenido una respuesta favorable. Llamativamente no se ha reasignado mediante decisión administrativa del jefe de Gabinete como en ocasiones anteriores”. 

“Si no se destina el presupuesto adecuado para cumplir con la garantía de las políticas públicas, las personas en condiciones de vulnerabilidad se van a ver afectadas particularmente”, explicó Izcurdia, quien destacó que además es probable que se ensanchen las brechas de género. “Como la Sennaf tiene a cargo muchos programas destinatarias de políticas de cuidado, si no se realizan esas actividades, entonces las toma la familia, particularmente las mujeres”, aseguró. 

El caso remite directamente a la baja de presupuesto presentado por el Ejecutivo en 2017 para el Instituto Nacional de las Mujeres, aquel que obviaba el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, y que luego fue corregida por el gobierno. Por eso desde ACIJ creen que en este caso ocurrirá lo mismo. “Es fácilmente impugnable por inconstitucional porque el Congreso es quien tiene competencia para aprobar el presupuesto, el Ejecutivo tiene que ejecutarlo y distribuirlo”, aclaró Izcurdia.

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