El ex juez Roberto Catalán, quien fue sorprendido paseando y haciendo compras por su barrio de La Rioja, violando el beneficio de la detención domiciliaria, fue condenado en 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia a la pena de 12 años de prisión, en el mismo falló en que dictó prisión perpetua para el genocida Luciano Benjamín Menéndez. La condena para Catalán resultó entonces considerablemente menor a la que habían requerido los representantes del Ministerio Público: los fiscales Rafael Vehils Ruiz y Patricio Rovira habían pedido perpetua para el ex magistrado, porque entendían que Catalán fue autor material de privación ilegal de la libertad y tormentos, además de haber sido participe necesario en el homicidio de una víctima, y en los secuestros y tormentos aplicadas a otros diez. Pero la mayoría del tribunal, integrada por los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, entendió que Catalán actuó como encubridor en el homicidio y en siete casos de tormentos; también, lo condenó como autor de asociación ilícita. En disidencia, el presidente del tribunal, Juan Carlos Reynaga, había votado con una postura similar a la del Ministerio Público Fiscal y había propuesto una pena de 20 años de prisión al acusado, al entender que fue partícipe secundario en el homicidio y en la imposición de tormentos agravada, además de considerarlo autor de la asociación ilícita.