“Esta decisión incumple el acuerdo de solución amistosa en el caso de Juan Carlos De la Torre”, afirmó Diego Morales, director del Area de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Argentina se había comprometido ante la Corte IDH a modificar su ley migratoria para proteger a los migrantes y sus familias. El caso de Vanesa Gómez Cuevas, incumple el acuerdo internacional y viola los derechos humanos de los migrantes reconocidos por el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Según Morales, Gómez Cueva y su familia se encuentran ante una “situación dilemática” porque las dos opciones que se les ofrecen son perjudiciales. “El Estado somete tanto a la mujer como a su familia a elegir entre dos opciones. La primera significa separar a la madre de todos sus hijos, mientras que la otra significa expulsar a uno de los hijos que es argentino”, explicó a Página|12 el abogado. “Las dos opciones violan derechos. En el primer caso rompés una familia y en el segundo rompés la relación de un argentino no sólo con sus hermanos, sino también con su tierra, con la posibilidad de vivir en el país en el que nació. Este es un derecho reconocido en todos los tratados internacionales”, agregó. En particular, Morales señaló que la expulsión del hijo de Gómez Cueva implica una afectación de los Derechos del Niño. “Por eso el caso es tan grave en caso de impactos materiales de derecho”, aseguró.

Gómez Cueva fue expulsada del país con el argumento de que tiene antecedentes penales. En 2013 recibió una pena de cuatro años por comercio de estupefacientes, pero salió en libertad antes por su buena conducta. Morales explicó la ley de migración actual, sancionada en 2003, “ya es suficientemente dura con aquellos que pasan por el sistema penal” porque dificulta los trámites de residencia a quienes recibieron penas mayores a tres años. Sin embargo, las políticas migratorias de Cambiemos apuntan a expulsar del país a cualquier persona que tenga antecedentes. “La ley dice que el Estado tiene la obligación de respetar y asegurar el derecho a la unidad familiar. Esto no se tuvo en cuenta y, además, se resolvió de la peor manera”, sostuvo. 

“El Gobierno quiere modificar la ley actual porque ésta tiene como regla la revisión judicial efectiva”, afirmó Morales. Es decir, hoy la ley contempla que los casos deben ser revisados por los jueces, especialmente si hay una familia constituida. “El Gobierno no quiere que exista esta revisión porque dice que demora los casos. Esto no es una demora, es reconocer el derecho de las personas y asegurar un recurso judicial efectivo”, destacó. El abogado del CELS explicó a este medio que la ley de migración de 2003 está apoyada en tres ejes: proteger de mejor manera al migrante latinoamericano, asegurar control judicial y proteger a las familias. “Todas estas son situaciones que, en ese caso, el Estado no cumplió”, afirmó.

Informe: Ludmila Ferrer.