El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió el lunes a la fiscal general interina y responsable temporal del Departamento de Justicia, Sally Yates, que se había negado a defender en los tribunales su decreto migratorio que prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países (en su mayoría musulmanes) y a refugiados. Además, horas después, relevó de su cargo al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), Daniel Ragsdale.

Sally Yates ordenó en una carta a los abogados del Departamento que no preparasen la defensa de la orden porque considera que es ilegal. Apenas unas horas después de salir a la luz ese comunicado, Trump la sacó del cargo bajo el argumento de que “ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden designada para proteger a los ciudadanos”, según informó la Casa Blanca. “Es el momento de ponernos serios con la protección de nuestro país”, afirma el texto presidencial. Yates, nombrada por el ex presidente Barack Obama, ocupaba el cargo de forma temporal hasta que el Senado confirme al conservador Jeff Sessions, el escogido por Trump como nuevo fiscal general, un puesto equivalente al de un ministro de Justicia. El comunicado de la Casa Blanca publicado el lunes por la noche afirma que Yates es débil en materia fronteriza y muy débil en inmigración ilegal.

Trump nombró a Dana Boente, abogado del Distrito Este de Virginia, para sustituir a Yates hasta que se confirme el nombramiento del senador Sessions y acusa a los demócratas de retrasar ese voto por motivos políticos y de no hacer nada más que obstruir. “Ahora tenemos una fiscal general de Obama”, añadió el mandatario en la red social Twitter poco antes de anunciar su despido. Boente por su parte dijo que haría cumplir la directiva presidencial hasta que fuese reemplazado. “Sí, lo haré”, dijo en una entrevista telefónica con el diario The Washington Post. “La estaba haciendo cumplir esta tarde (a la orden). Nuestros empleados del departamento estaban defendiendo la acción ante los tribunales, y espero que eso hagan mañana, apropiadamente”.

Yates escribió en su carta que, como líder del Departamento de Justicia, debe asegurarse de que la posición del Departamento sea “legalmente defendible” y “consistente con la obligación solemne de esta institución de buscar siempre justicia y defender lo que es correcto. En el presente, no estoy convencida de que la defensa del Decreto Ejecutivo sea consistente con estas responsabilidades, ni estoy convencida de que el Decreto Ejecutivo sea legal”, escribió Yates. y añadió: “Mientras yo sea la fiscal general interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, salvo que considere que es lo adecuado”. 

Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que horas después de que Yates publicara su nota negándose a defender la orden ejecutiva del presidente, que le entregaron una carta del jefe de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca diciendo que la habían despedido. Los demócratas criticaron el despido de Yates como una decisión injusta por ser alguien que seguía la ley. La líder de Minoría de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo: “Lo que la administración de Trump llama traición es una americana con el valor de decir que la ley y la Constitución son las primeras. 

Otros, sin embargo, descargaron su ira en Yates. “No se puede afirmar con suficiente fuerza lo imprudente, irresponsable e impropio del comportamiento de la procuradora general en funciones, Sally Yates, al negarse a defender la orden del presidente”, dijo el consejero de política Stephen Miller a Fox News. La decisión de la responsable interina de Justicia es una muestra más del caos provocado por la firma por parte del presidente Trump de la orden ejecutiva, con impacto más allá de las fronteras de Estados Unidos, apenas una semana después de llegar a la Casa Blanca y sin un gabinete de gobierno completo. Su negativa coincide además con una iniciativa de los legisladores demócratas que busca retrasar todo lo posible la confirmación de Jeff Sessions por parte del Comité Judicial, prevista para ayer y cuyo resultado deberá ser refrendado después por el pleno del Senado.

La estrategia demócrata consiste ahora en vincular cualquier voto a favor del fiscal de Trump con un voto a favor del veto a los refugiados e inmigrantes musulmanes. Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado y los demócratas necesitan que al menos dos legisladores del partido de Trump voten en contra de su nominado para lograr bloquear su ascenso. De momento, los senadores John McCain y Lindsey Graham son los únicos que han hablado en contra del veto migratorio, pero no de Sessions.

Al mismo tiempo, Trump colocó como nuevo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a Thomas Homan, que desde 2013 estaba al frente de la división del ICE encargada de las deportaciones, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En el comunicado, el DHS no especificó los motivos de un relevo que llegó apenas una hora después de la destitución de la fiscal general. Ragsdale estaba al frente del ICE desde junio de 2012, cuando el ex presidente Obama lo puso en el cargo, y días atrás se había anunciado la contratación de diez mil nuevos agentes. Con cerca de 2.750.000 deportados, Obama es el presidente que más inmigrantes expulsó del país en la historia de Estados Unidos. 

“Estoy seguro de que Homan continuará sirviendo como un líder fuerte y eficaz para los hombres y mujeres de ICE”, dijo el jefe se Seguridad Nacional John Kelly en una declaración. “Espero trabajar junto a él para asegurar que apliquemos nuestras leyes de inmigración en el interior de los Estados Unidos de acuerdo con el interés nacional”, agregó.

El decreto, que ya fue bloqueado parcialmente por tres jueces federales, se enfrenta a tres demandas distintas que buscan impedir su aplicación. Una de ellas fue presentada el lunes en el Estado de Virginia por una de las mayores organizaciones musulmanas de Estados Unidos, el Council for American Islamic Relations. Otra corresponde al Estado de Washington, cuyo gobierno ha querellado contra la orden de Trump. La rapidez con la que se presentaron las demandas es un reflejo de la oleada de rechazo ciudadano a la decisión de Trump, manifiesto en numerosas protestas, la oposición de los legisladores del Partido Demócrata y del ex presidente Obama, que emitió un comunicado en el que afirma que los ciudadanos ejercen su derecho constitucional de manifestarse y que la orden ejecutiva pone en peligro los valores del país.