El gobierno nacional oficializó la convocatoria para el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina –Progresar, el plan de apoyo económico para jóvenes estudiantes de hogares pobres–, pero con la novedad de que, pese a la inflación del 47 por ciento registrada el año pasado, los montos de las becas no fueron actualizados. Docentes y alumnos repudiaron la política de ajuste de Cambiemos y consideraron que “atenta contra la educación pública”, además de promover la deserción estudiantil. 

Según la resolución 7/2019 del Ministerio de Educación, publicada el 1 de febrero en el Boletín Oficial, los valores de las becas son los mismos que se registran desde febrero de 2018. El piso de la beca se mantiene en 1250 pesos y el tope en 4900 pesos para aquellos que estén por finalizar carreras consideradas “estratégicas”. Además se limitó el período de inscripción a un mes, desde el 1º hasta el 31 de marzo. 

Lucía Cirmi Obon, economista y ex coordinadora del Progresar, considera que este congelamiento “aporta todavía más a devaluar el monto de la beca porque en 2018, cuando se relanzó el programa, ahí tampoco se terminó de aumentar el monto: la última actualización había sido en 2015 y el año pasado si bien aumentaron la cuota de cada mes, lo que hicieron fue reducir la cantidad de cuotas”.

El Progresar fue puesto en marcha en 2014 y a fines de 2015, cuando asumió Cambiemos, abarcaba a casi un millón de jóvenes estudiantes. Con el recorte presupuestario, la escasa difusión y el desmantelamiento de la coordinación territorial, el monto de la beca para terminar estudios obligatorios –primaria y secundaria– cayó en términos reales un 94 por ciento, y para los universitarios un 70 por ciento, lo que representa un recorte de 400 mil becas desde que gobierna Mauricio Macri. La prestación obtuvo el máximo valor real de la serie durante el primer trimestre de 2015, cuando pasó de 600 a 900 pesos mensuales. 

El año pasado, el presidente Macri y al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, relanzaron el programa y actualizaron el valor de la beca de 900 a 1250 pesos para primaria y secundaria, y de 2300 para universidad. Sin embargo, el aumento anunciado para el relanzamiento, siguió estando por debajo del poder adquisitivo que tenía el estímulo en 2015. 

Además, aquel decreto recortó el pago de las becas de 12 a 10 cuotas por año y elevó los requisitos de acceso, desconociendo las desigualdades sociales de origen. El plan de becas exige ahora aprobar el 50 por ciento de las materias previstas para el año que esté cursando el alumno. Antes, el único requisito era ser estudiante regular, que en general implica aprobar al menos dos materias anuales en el caso del nivel universitario.

Cirmi Obon explicó que desde su creación, el Progresar fue pensado como una “política social” y “contracíclica” que sirviera como un sostén económico para aquellos jóvenes de entre 18 y 24 años que retomaran sus estudios primarios o secundarios, o que, siempre proviniendo de hogares con ingresos menores a un salario mínimo, cursaran una carrera terciaria, universitaria o se estuvieran capacitando en un oficio. 

No obstante, tras la llegada del macrismo a la Casa Rosada el esquema del programa fue cambiando, para pasar de ser un derecho, cuya finalidad era equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos, a ser un sistema de becas meritocrático, atado al rendimiento académico.

Las becas dejaron de ser estandarizadas para premiar al alumno que se destaque en su rendimiento, priorizando a quienes sigan carreras de áreas estratégicas para el desarrollo del país (en este caso, el monto llega a 4900 pesos).

“La exigencia educativa siempre estuvo pero la lógica del programa era acompañar en conjunto con otros recursos para solucionar ciertos problemas que tienen los chicos cuando van a estudiar. Hoy en día la exigencia está puesta en que les vaya bien o que demuestren el mérito”, explicó Cirmi Obon a este diario.

Carlos De Feo, secretario general de la federación de docentes universitarios Conadu, repudió la resolución del Ministerio de Educación que mantiene los montos retrasados respecto de la inflación acumulada y consideró que es parte de una “decisión política de ir obligando a ciertos sectores que llegaron a la universidad en la década del gobierno kirchnerista a que ahora la tengan que dejar y que la universidad vuelva a ser más bien una universidad elitista”. 

“Van reduciendo los recursos y las becas Progresar, porque en toda la política de Cambiemos hay algo relacionado con una cuestión de clase. Los morochos de los barrios obreros no pueden ir a la universidad”, dijo De Feo, en diálogo con PáginaI12. 

Para Fernando Ramal, copresidente de la federación de estudiantes universitarios FUBA, advirtió que el congelamiento de las becas promueve “una mayor deserción”: “Si vos en un marco donde se aplican tarifazos, o sea que el costo de ir a estudiar es más alto, le recortás a un sector que cobraba una beca casi el 48,5 por ciento, lo que estás buscando es que la gente no llegue a la universidad”. El dirigente estudiantil observó que “el congelamiento implica un recorte del 48 por ciento, que fue la inflación. Y eso lo que viene marcando es que hay una política más general del Gobierno de atacar al sector universitario”.