A más de siete años de la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, la Justicia ordenó que el juicio oral y público contra cinco policías y cuatro civiles empiece el 21 de marzo. Se trata de la fecha esperada por Alberto y Alicia, los padres de la mujer que tenía 34 años y dos hijos pequeños. La causa es emblemática en la provincia y tuvo varias idas y vueltas antes de llegar a la instancia de debate que se realizará en el Centro de Justicia Penal. Los jueces Griselda Strólogo (San Lorenzo), Mariel Minetti (Casilda) y Alvaro Campos (Cañada de Gómez) juzgarán a los principales acusados por los delitos de "aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada". También hay policías sindicados por encubrimiento, falsedad y sustracción de elementos de prueba.
La fecha de inicio de las audiencias fue fijada ayer por la Oficina de Gestión Judicial de San Lorenzo, a instancias de una orden judicial del camarista Carlos Carbone, de noviembre pasado, cuando prorrogó la prisión preventiva por 6 meses para Gabriel Strummia, quien mantenía una relación extramatrimonial con Paula, y pidió que el juicio oral no pase de marzo. El empresario transportista de Puerto General San Martín es el principal acusado y está detenido desde hace tres años. Las pruebas tienen que ver con las comunicaciones que efectuó a horas de la desaparición de la mujer que estaba embarazada de seis semanas, fruto de la relación que mantenían.
Alicia y Alberto Perassi reclamaron desde el primer momento en la causa y batallaron con una serie de irregularidades y dilaciones. La investigación comenzó como una búsqueda de paradero, pero luego de determinar la complicidad policial estuvo más de cinco años en trámite, con varias idas y vueltas: en septiembre de 2012, el entonces juez sanlorencino Eduardo Filocco, procesó a Strumia y a su mano derecha, Díaz, acusados de haber llevado a Paula a Timbúes contra su voluntad. Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Penal revocó el procesamiento y ambos recuperaron la libertad.
En 2015, la Fiscalía elaboró una nueva teoría del caso. Con las pruebas reunidas, pidió la detención de las nueve personas sindicadas (incluso, los cinco policías); pero, el juez Juan José Tutau ordenó el arresto de todos, menos de Díaz, a pesar de que había sido reconocido por el mozo del bar de Timbúes donde estuvo reunido con Strumia y Paula, el día anterior a la desaparición. Meses después, también fue detenido. Sin embargo, el excamarista Adolfo Prunotto revocó los arrestos y todos recuperaron la libertad. En una revisión de ese fallo, la Cámara lo anuló por falta de fundamentos y nuevamente quedaron tras las rejas.
La noche de la desaparición, el 18 de septiembre de 2011, Paula salió de su casa con la excusa de buscar la tarea de uno de sus hijos, y nunca regresó.
La investigación de los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta permitió dar cuenta de que estaba embarazada de pocas semanas y la teoría es que Strumia la sacó engañada de su casa para que interrumpiera el embarazo.
En la solicitud, fiscal los principales acusados son Strumia, su esposa, Roxana Michl, el chofer Díaz y la mujer acusada de realizar el aborto sin consentimiento, Mirtha Rusñisky. También aparece como uno de los imputados más complicados el comisario que era jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol. Los abogados querellantes por la familia Perassi lo acusaron de "ser partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad agravada". También aseguran que acordó la utilización de una línea telefónica con los demás acusados "para perpetrar el ilícito". Y le achacaron "brindar apoyo logístico".
La acusación apunta también a otros cuatro policías que encubrieron el hecho y frustraron pruebas: Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, quienes están en prisión domiciliaria.
En la mayoría de las audiencias que tuvo la causa, se habló de un "delito permanente", ya que hasta el momento no se encontraron rastros del cuerpo de la mujer. Frente a ello, Alberto Perassi, quien recibió amedrentamientos y desde hace años sale a la calle con custodia y chaleco antibalas, hace un reclamo desgarrador: que le digan "dónde están los huesos" de su hija.
