Mientras en España el socialismo negocia el apoyo al presupuesto del autonomismo catalán
Empezó el juicio a los independentistas
El Ejecutivo español y el Govern Catalán negocian para que los soberanistas apoyen las cuentas del Estado, tal como sucedió cuando respaldaron la moción de censura que llevó a Sánchez al poder.
Los acusados Joaquim Forn, Raúl Romeva y Oriol Junqueras (primera fila) ayer en el TS de Madrid.Los acusados Joaquim Forn, Raúl Romeva y Oriol Junqueras (primera fila) ayer en el TS de Madrid.Los acusados Joaquim Forn, Raúl Romeva y Oriol Junqueras (primera fila) ayer en el TS de Madrid.Los acusados Joaquim Forn, Raúl Romeva y Oriol Junqueras (primera fila) ayer en el TS de Madrid.Los acusados Joaquim Forn, Raúl Romeva y Oriol Junqueras (primera fila) ayer en el TS de Madrid.
Los acusados Joaquim Forn, Raúl Romeva y Oriol Junqueras (primera fila) ayer en el TS de Madrid. 
Imagen: AFP

PáginaI12 En España

Desde Madrid

A las 10:21 de la mañana de este 12 de febrero de España, el Tribunal Supremo del país dio inicio al juicio oral que juzgará a doce líderes independentistas por el intento de secesión de Cataluña en el 2017. El proceso judicial es visto como otros de similar transcendencia histórica en la nación, como el que juzgó a los responsables del golpe militar del 23 de febrero de 1981, o el conocido caso GAL, que en 1988 procesó a la cúpula del Ministerio del Interior español por su papel en la represión clandestina de la banda terrorista ETA.

El procés, como se llama popularmente al proceso de búsqueda de la independencia que impulsaron las fuerzas soberanistas de Cataluña en los últimos años a través de las instituciones de gobierno de esa Comunidad Autónoma, ha dominado la política de España en los últimos años. 

Este domingo, las tres principales fuerzas de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos, y Vox, reunieron decenas de miles de personas en Madrid para rechazar las negociaciones que el Gobierno de España, a cargo del socialista Pedro Sánchez, llevaba con el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, en un intento por establecer un diálogo que encauce las pretensiones soberanistas dentro de un marco de legalidad en el país.

Este miércoles, las mismas fuerzas independentistas de Cataluña decidirán la suerte de Pedro Sánchez cuando el Congreso Nacional discuta el proyecto de Presupuestos Generales que presentó el gobierno socialista. Las negociaciones entre el Ejecutivo español y el Govern Catalán llevaban implícita la posibilidad de que los partidos soberanistas apoyaran las cuentas del Estado, tal como sucedió en mayo de 2018 cuando respaldaron la moción de censura que llevó a Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, las diferencias en los días pasados sobre la figura de un relator, o mediador, que participaría del diálogo auspiciado por el gobierno, despertó la furia de la oposición que convocó una protesta, y logró que se fulminaran las negociaciones en el transcurso de una tarde. Con los puentes rotos, el president de la Generalitat, Quim Torra, afirmó que solo aprobarían los Presupuestos Generales del Estado si las negociaciones incluían la posibilidad de un referéndum de autodeterminación. La repuesta de Sánchez fue que su gobierno no permitiría esa consulta nunca, y que si las cuentas nacionales no se aprobaban, llamaría a elecciones anticipadas.

El referéndum de independencia es uno de los acontecimientos centrales que juzgará el juicio al procés durante los próximos tres meses. Los siete magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, deberán decidir si en el proceso para realizar aquella consulta del 1º de octubre de 2017, declarada ilegal por el Tribunal Superior, se produjeron los delitos de rebelión, sedición o malversación de fondos. Para probarlo, la Fiscalía del Estado, y la acusación popular, representada por el partido de ultraderecha Vox, deberán demostrar que durante las jornadas clave del referéndum, y en las posteriores, cuando se realizó la declaración de independencia unilateral, se produjeron los elementos de “alzamiento violento” o “tumultuario”.

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que está involucrada en el juicio debido a que el procés utilizó dinero público para sus actividades, ha presentado acusaciones por los delitos de sedición y malversación. La diferencia de penas que establece el Código Penal entre rebelión y sedición, puede variar entre 5 y 15 años.

Durante la primera jornada del proceso judicial, las defensas de los doce acusados coincidieron, con unos pocos matices disonantes, en que el Tribunal Supremo no era imparcial, y que se trataba de un “juicio político”. El abogado del expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, uno de los dirigentes que podría enfrentar más años de cárcel, afirmó que la “causa atenta contra el derecho a protestar y contra la disidencia política”. El abogado de Jordi Cuixart, presidente de Omnium, una de las ONG que participó activamente del procés, afirmó que el juicio era una derrota colectiva de la sociedad española, y que no debería haber empezado, en una clara referencia a que la solución de la crisis en Cataluña debería resolverse a través de la política y no de los tribunales.

En ese sentido, Miguel Pasquau Liaño, magistrado, profesor de Derecho y novelista español, afirma que “podría haberse evitado la judicialización (del procés) pero por una razón o por otra se llegó a los tribunales”. No obstante, “es necesario que se produzca una sentencia para clarificar desde el punto de vista jurídico cuál será la respuesta del Estado ante un secesionismo alimentado desde las propias instituciones de gobierno, y que difiere del que se conocía, que era secesionismo terrorista de ETA”.

En efecto, esa clarificación a la que se refiere Pasquau Liñao ordenaría de alguna forma el discurso político. Desde que el procés se intensificó, comprometiendo a una gran parte de la población catalana, las fuerzas políticas del país han utilizado el soberanismo catalán como un elemento central de sus campañas electorales. El ejemplo más saliente de esa tendencia es la aparición de Vox, un partido ultranacionalista que agitando el fantasma de la fractura de España, ha logrado llegar al poder de una región autonómica en menos de un año desde su aparición pública.

“Aunque es verdad que han surgido nuevos partidos con sus matices, Ciudadanos, Podemos, y ahora Vox, lo cierto es que como la cuestión de la unidad nacional, la autonomía, y el autogobierno son temas muy sensibles, las soluciones intermedias se están apagando, y estamos volviendo a un enfrentamiento bifronte entre dos bloques, uno de derecha y otro de izquierda”, afirma Pasquau Liaño.

A pesar de que el juicio solo acaba de comenzar, los principales líderes opositores no han dejado de referirse al proceso judicial. Se esperan unos 500 testigos, entre los que figuran el expresidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o los diputados independentistas Joan Tardà y Gabriel Rufián. El jefe del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó que se iniciaba “el juicio contra el peor golpe al Estado de la democracia desde el 23 F”, mientras que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, sugirió que el Partido Socialista podría indultar a los dirigentes soberanistas si resultaban condenados por el Tribunal Supremo. 

Por su parte, el gobierno de Sánchez decidió centrarse en lo que ocurría en el recinto del Congreso Nacional, a unas pocas cuadras del Tribunal Supremo, donde por la mañana se desarrollaba el debate por los Presupuestos Generales. Aunque parece claro que las diferencias entre el Ejecutivo eEspañol y las fuerzas soberanistas dejarán las cuentas nacionales en el aire, no se descarta que el diálogo político pueda traer alguna sorpresa. Ello a pesar del mensaje que dio el inicio del juicio al procés, y que apuntó el gran analista político, Iñaki Gabilondo: “Cuando la Justicia termine de hablar, el problema seguirá ahí, esperando a la política”.

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