Nombrarán tutora a la madre para que acompañe si pide abortar
La víctima aún no decidió
La nena de Tucumán abusada por la pareja de su abuela aún no explicitó si desea interrumpir la gestación producto de los abusos. “Tiene derecho a decidir pero necesita consentimiento de su responsable legal”, explicó una abogada.
El movimiento de mujeres de Tucumán alertó por la judicialización del pedido de aborto.El movimiento de mujeres de Tucumán alertó por la judicialización del pedido de aborto.El movimiento de mujeres de Tucumán alertó por la judicialización del pedido de aborto.El movimiento de mujeres de Tucumán alertó por la judicialización del pedido de aborto.El movimiento de mujeres de Tucumán alertó por la judicialización del pedido de aborto.
El movimiento de mujeres de Tucumán alertó por la judicialización del pedido de aborto. 

S. B., madre de la niña tucumana de once años embarazada producto de una violación, será nombrada tutora legal de su hija para que resuelva si convalida la decisión de su hija en el caso de que decida interrumpir la gestación. La niña aún no habría manifestado si quiere abortar.

El lunes, la pequeña declaró en cámara Gesell y confirmó que había sido violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años. La fiscal del caso, María del Carmen Reuter, decidió que la madre vuelva a ser la tutora legal de la niña. En sus declaraciones ante la Justicia, la nena no pidió interrumpir el embarazo. Soledad Deza, abogada feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que, en el caso de menores de trece años, la ley contempla que la niña debe solicitar interrumpir su embarazo y su decisión debe ser convalidada por su responsable legal. “La niña tiene derecho a decidir, pero para acceder al tratamiento su consentimiento debe estar complementado por la firma de su responsable legal”, explicó Deza a PáginaI12.

S. B. había perdido la custodia de su hija hace cuatro años, cuando su ex pareja fue acusado de abusar sexualmente de las hermanas de la niña. Desde entonces, la pequeña había quedado al cuidado de su abuela. 

La fiscal Reuter solicitó que la niña sea internada en un hospital público para recibir una mejor atención. Ordenó, además, que se brinde ayuda psicológica especial a la víctima y pidió que se realice un informe diario sobre su estado de salud.

Deza sostuvo que el movimiento de mujeres tucumano está en alerta por la cantidad de información sensible que se da a conocer sobre casos de abusos sexuales a menores de edad. “En el último mes se ha ventilado la vida de niñas y, además, se ha violado la confidencialidad entre médico y paciente”, afirmó. La abogada señaló que el sistema público de salud es responsable de revelar datos sobre estos casos, pero que también existe “una connivencia de los operadores” que brindan información de las causas judiciales. “Nos parece que esto crea un escenario de vulnerabilidad de derechos porque evidencia la falta de respeto por los Derechos Humanos vigentes y nos hace pensar hasta qué punto los antiderechos no operan adentro de esas instituciones”, inquirió Deza. 

La integrante de Católicas por el Derecho a Decidir aseveró que se vulneró la intimidad de la niña porque se dió a conocer el nombre de su madre y del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) donde fue atendida. “Esa criatura debe volver a su vida en una localidad en la que no hay tanta gente. Si se dan a conocer esos datos, ¿cómo puede volver al colegio esa criatura sin ser una víctima toda su vida?”, afirmó Deza. “Es necesario que se respete la confidencialidad”, agregó. 

También trascendió que, en caso de que S.B. y su hija soliciten interrumpir el embarazo, intervendría en la causa la fiscal Adriana Giannoni. “No es oficial, pero este proceder sería totalmente incorrecto”, manifestó Deza, para quien sería “indebida” la intervención de Giannoni porque la fiscal Reuter ya tiene a su cargo la causa. “Si se respeta el fallo F.A.L. y el protocolo (de aborto no punible), no se tiene que fiscalizar el consentimiento. Ni una junta médica, ni un equipo judicial y mucho menos una fiscal ajena al caso de abuso deberían intervenir en cuestiones inherentes a la vida de la criatura”, sostuvo.

Según S.B., el hombre de 65 años abusó de su hija hace cuatro meses. El abusador habría quedado solo con la niña en la casa de su abuela y la violó. Cuando S.B. se enteró de lo sucedido, llevó a su hija a un CAPS de la zona, donde le informaron que estaba embarazada. “Me parece que es importante que comencemos a pensar por qué se detectan tarde los abusos”, reflexionó Deza y señaló que en los casos más recientes, los embarazos fueron detectados recién en el segundo o tercer trimestre. 

Informe: Ludmila Ferrer. 

 

 

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