Los gremios de las CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y el moyanismo se sumaron al reclamo de los intendentes peronistas contra la suba de los servicios públicos. En una reunión en el sindicato de Camioneros confirmaron su participación en la Gran Audiencia Pública contra el Tarifazo: un encuentro abierto en el que los jefes comunales del PJ, multisectoriales, técnicos, economistas y usuarios en general debatirán sobre las subas abusivas para definir modos de resistencia. 

Esta Audiencia –que se realizará en el teatro Astros, el próximo martes 26, desde las 11 a las 18– es la contraparte del reclamo que iniciaron por la vía judicial 50 intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires, que presentaron un amparo para frenar los aumentos. El recurso es respaldado por la Red de Multisectoriales contra los Tarifazos, Asociaciones de Usuarios y Consumidores, la Defensoría del Pueblo, clubes de barrios y asociaciones PyMEs. Todavía no tuvo una respuesta, aunque está en curso, ya que la justicia corrió vista de la presentación al gobierno. Una tercera cara de la misma movida que son los ruidazos de los viernes en Capital Federal y el conurbano. 

En la reunión en Camioneros estuvieron Pablo Moyano, Roberto Baradel (Suteba), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Sergio Palazzo (Corriente Federal), Pablo Micheli (CTA Autónoma), Vanesa Siley (Sindicato de Trabajadores Judiciales), Walter Correa (Curtidores) convocados por el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis. 

“La audiencia pública es organizada por nosotros mismos, es un acto simbólico. La llamamos así para contraponerla a la audiencia (por la tarifa del gas, pautada para el mismo día) que van a hacer entre 4 o 5 y en la que no se puede participar”, explicó Yasky. El titular de la CTA de los Trabajadores anticipó que “las medidas van a seguir, estamos definiendo un cronograma con continuidad, porque hay que unificar todo lo que venimos haciendo desde los distintos sectores”.

Katopodis apuntó que la Constitución Nacional y un fallo de la Corte Suprema establecen que las tarifas deben incrementarse “al ritmo y en la proporción de cómo van mejorando los salarios medios”, para ser “razonables y accesibles”. El jefe comunal advirtió que en estos tres años, hubo aumentos de entre el 1500 y el 2000 por ciento, “muy por arriba de lo que ha sido el incremento salarial de cualquier trabajador formal o informal. Esto es desproporcionado e injusto, y además no da cuenta de qué han hecho con todos esos recursos las distribuidoras”. Katopodis recordó que con los primeros días de calor empezaron los cortes de luz “que evidencian que las empresas le han sacado la plata de los bolsillos a los trabajadores y se las han llevado a los propios. No hubo una sola inversión sostenida, importante, para mejorar la prestación de los servicios”, dijo y señaló al Gobierno nacional como “el responsable directo que con su política definió una tremenda transferencia de recursos desde los sectores trabajadores y medios a las grandes empresas. Nadie en la Argentina, en estos tres años, tuvo ganancias como las que tuvieron las distribuidoras de servicios públicos”. Es más, aseguró que “ninguna pyme de San Martín, ninguna textil, ningún comercio, ninguna industria local tuvo las ganancias extraordinarias que el gobierno, con sus decisiones, le está garantizando a estas 3 o 5 empresas multimillonarias”. 

Desde la Red de Multisectoriales, Andrea Manzi agregó que la idea viene de la experiencia adquirida al convocarse en la puerta de las distribuidoras. “Siempre que nos juntamos a discutir frente a las empresas vemos una fuerte participación de los vecinos. Esa experiencia es la que queremos replicar ahora a nivel nacional”, indicó. Manzi anticipó que van a participar dirigentes de todo el país, técnicos y economistas. “Los expositores invitados tendrán un tiempo para hablar y el espacio va a estar abierto a la participación. Desde la Red estamos hablando con diputados y senadores, y convocando a los organismos de derechos humanos. También estamos lanzando una campaña en las redes. El objetivo es lograr un gran frente común que pueda sostener el reclamo y avanzar en la propuesta de una ley federal de servicios públicos”, indicó Manzi.