El caso de la nena tucumana se encamina peligrosamente a ser igual al de la niña jujeña de 12 años, también violada y embarazada, que fue sometida a una cesárea para forzar el nacimiento de la beba que gestaba.
Una semana antes de la cesárea, la madre de la chica había denunciado que su hija fue abusada por un hombre de 60 años en la localidad de San Pedro, por lo que había sido internada para practicarle la intervención. Pero el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana y luego el Gobierno obstaculizaron el aborto legal al que tenía derecho.
La intervención fue ordenada por la Justicia, que tuvo en cuenta el protocolo de interrupción del embarazo contemplado en la ley, aunque el hecho de que se haya practicado una cesárea generó fuertes críticas.
Finalmente, la beba murió a los pocos días.
El caso de esta niña se convirtió en un claro ejemplo de vulneración de derechos: distintos funcionarios difundieron datos clínicos y no respetaron su intimidad, sectores antiderechos realizaron un escrache en el hospital, dos centros de salud impidieron la interrupción amparada el fallo de la Corte Suprema y, luego de la cesárea, hasta el propio gobernador Gerardo Morales dijo que una “familia importante” quería adoptar al recién nacido, sin ningún tipo de respeto por las leyes de adopción.
