La sentencia dictada en el caso por encubrimiento del atentado a la AMIA puede ser recurrida ante la Corte Suprema. El tribunal puede negarse a “abrir” el recurso extraordinario que no se concede automáticamente como una apelación. Dada la gravedad institucional en juego, parece seguro que la Corte se avocará a dictar nueva sentencia. Pueden revocarse las condenas o las absoluciones o modificarse las penas. 

El presidente Carlos Menem y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja fueron absueltos. El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer los fundamentos del fallo recién en mayo, imposible debatirlos antes. 

Sí cabe señalar que la responsabilidad política de Menem y Beraja está comprobada desde hace muchos años. 

La culpabilidad penal es estricta, exigente, signada por la presunción de inocencia. La política se rige por parámetros distintos. Menem y Beraja conocieron el encubrimiento, lo negaron siempre desde su rol institucional. Menoscabaron y desoyeron a quienes los denunciaron en Tribunales, en el Agora y en el espacio público. 

Las convocatorias de la agrupación Memoria Activa en la Plaza Tribunales, todos los lunes a la hora del atentado, plantaron un hito imborrable de las movilizaciones reivindicando los derechos humanos.

En 1997, al cumplirse tres años del crimen terrorista en el acto frente a la sede de la AMIA, Laura Ginsberg (viuda de una de las víctimas fatales) denunció al encubrimiento y sus mentores hablando en nombre de los familiares. “Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan, de consentir la inseguridad, la impericia y la ineptitud (…) de encubrir la conexión local, que sirvió para matar a nuestros familiares”. Funcionarios menemistas que asistían quedaron patitiesos. Beraja, que cerró el acto, quiso desmentirla y defendió al Gobierno. Muchos manifestantes, de consuno y sin haberlo concertado antes, le dieron la espalda al palco y al orador. Un gesto inolvidable.

Esa misma tarde, la cúpula de la DAIA corrió a la Casa Rosada para pedirle disculpas al presidente.

Quienes supieron y callaron, encubrieron desde el punto de vista político. Tanto como los actuales directivos de la DAIA que hasta hoy porfían con su negacionismo.

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La culpa penal, de nuevo, transita por otros carriles. En ellos es factible diferenciar potenciales responsabilidades de Menem y Beraja. Menem, como funcionario público, estaba obligado a denunciar el encubrimiento desde que lo conoció aunque no hubiera intervenido en su generación (lo decimos solo a título de hipótesis). La obligación legal de denunciar un delito no carga sobre ciudadanos comunes, como Beraja.

Ese matiz deberá ser sopesado por la Corte. 

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En términos de responsabilidad pública Menem y Beraja coparticiparon de la trama para generar impunidad, tal su infausto legado histórico.

Los familiares de las víctimas y sus agrupaciones (Memoria Activa, APEMIA) mantuvieron encendida la antorcha democrática. Persiguieron justicia, no procuraron venganza. Prolongaron una noble tradición argentina, que los antecede. Estuvieron a su altura. La sentencia reconoce su prédica, militancia, entereza y decencia sin ápice de violencia o de vendetta.

El fallo no los conforma por el quantum de las condenas y por las absoluciones. De cualquier manera, es un triunfo que los enaltece, un avance en la construcción de verdad.