La Justicia de Tucumán deberá investigar a la fiscal Penal de Instrucción Especializada en Homicidios, Adriana Giannoni, por su irregular intervención para frenar el aborto legal que reclamaba en el Hospital del Este Eva Perón, Lucía, la niña de 11 años, violada por la pareja de su abuela. La diputada nacional tucumana Teresita Villavicencio presentó una denuncia contra Giannoni por los delitos de coacción y abuso de autoridad. Giannoni mandó un oficio para amedrentar a los médicos del Eva Perón para obstaculizar la interrupción legal de embarazo, sin estar vinculada al caso de ninguna manera, ya que la investigación por el ataque sexual avanza en otra fiscalía. Paralelamente, el Sistema de Salud de Tucumán (Siprosa), también puso trabas arbitrarias a Lucía, en lugar de garantizar la práctica solicitada por la niña cuando dijo, como reveló PáginaI12, “quiero que me saquen esto que me puso el viejo adentro”. Este diario pudo reconstruir las irregularidades que rodean el caso y que muestran la trama institucional antiderechos, que se montó sobre el cuerpo infantil de una niña violada.
“Quiero que se investigue si efectivamente, como dijo la ministra de Salud de la provincia, Rossana Chahla, hubo una clara coacción o lo que conocemos como un ‘apriete’ contra los médicos, que no son objetores de conciencia en el Siprosa y que estaban dispuestos a intervenir en este caso”, explicó Villavicencio a PáginaI12. Villavicencio es radical y forma parte del bloque que conduce Martín Lousteau. “Considero que si hubiera incurrido en esa conducta ilícita, ha ocasionado un perjuicio institucional grave, porque un funcionario judicial no puede abusar de su autoridad para amedrentar a los trabajadores, en este caso de la salud, y sobre todo para impedir el acceso a la salud de una menor, cuya vida estaba en riesgo por las dilaciones a las que fue sometida su decisión de practicarse una ILE”, detalló la diputada. “Lamentablemente la provincia volvió a estar en los medios internacionales por una cuestión negativa, como hace 20 años cuando expuso a Barbarita, víctima del hambre y la desnutrición”, agregó. “No debemos permitir que los funcionarios públicos, sean de la Justicia, de la Salud o de cualquier otra repartición, se encarnicen y las vuelvan a victimizar con sus acciones”, destacó.
–¿Piensa promover un jury contra la fiscal?
–En la Legislatura hay una amplia mayoría peronista y no van a fallar en su contra porque viene del riñón del peronismo. Con la denuncia obligamos a que la justicia la investigue.
–¿Qué opinión tiene de la actuación del Siprosa en el caso?
–Tengo dudas sobre su accionar por varios motivos. Por ejemplo, se violó el secreto de la identidad de la paciente. Si el Arzobispo (Carlos) Sánchez sabía su nombre es porque alguien violó el secreto paciente-profesional. De las declaraciones de la ministra Chahla no surge claramente si la paciente y su madre fueron informadas de la posibilidad de acceder a la ILE y en qué momento lo hicieron.
Según contó la abogada Florencia Vallino, que representa a la familia, la mamá tenía firmado el consentimiento informado para realizar la ILE hacía días y no sabía a quién ni dónde presentarlo. Queda cada vez más clara la articulación institucional antiderechos, que viene denunciando este diario, entre funcionarios de la Justicia, como Giannoni , y del Siprosa.
El 31 de enero Lucía llegó al Hospital del Este con un embarazo forzado que rondaba 20 semanas. Una semana antes, el 23 de enero, la revisaron en el Centro de Atención Primara de la localidad de 7 de abril, y registraron que tenía 19 semanas de gestación. Recién le practicaron la cesárea la medianoche del martes 26 de febrero, luego de que el caso tomara trascendencia internacional, por el trato cruel e inhumano al que estaba siendo sometida la niña, a la que llegaron a suministrar corticoides para madurar el feto que ella quería expulsar.
Ya el 13 de febrero las organizaciones Mujeres x Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que fueron las primeras en alertar sobre las violaciones de los derechos de Lucía, le pidieron a través de un escrito al secretario de Salud a cargo del Siprosa, Gustavo Vigliocco, que inicie un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el caso. Denunciaron que el interés superior de la niña no estaba respetándose y que estaban incumpliendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño de la ONU que el 1 de octubre de 2018 pidió al Estado argentino “asegurar el acceso al aborto para niñas” (punto 32.b). El 15 de febrero, mientras Lucía seguía implorando que le saquen “lo que el viejo” le puso adentro, otras organizaciones sociales se sumaron al pedido de Mujeres x Mujeres y CDD y, además exigieron que se impartan instrucciones para que el personal de salud aplique el protocolo de ILE elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015. Al mismo tiempo, Mujeres x Mujeres y CDD pidieron que el Ministro Público indique a Giannoni que se abstenga de intervenir. El 20 de febrero repitieron el pedido ante la Corte provincial.
“La fiscal Giannoni intervino sin competencia para inscribir como ilícita en el imaginario de los profesionales de la salud una prestación médica que es lícita o, dicho de otra forma, para amedrentar. Hace poco más de dos semanas citó a los profesionales de la salud que estaban atendiendo a la niña en su despacho para decirles que no hagan la intervención porque iba a intervenir ella como homicidio”, dijo Soledad Deza, abogada de CDD y Mujeres x Mujeres. No fue solo una intervención oral. Lo escribió en el Oficio N° 15, que envió el 11 de febrero y donde pidió “proteger la vida desde la concepción”. Se lo dirigió al director ejecutivo del Siprosa, Conrado Mosqueira, en el marco de “Actuaciones Preliminares por la presunta comisión de un delito de acción pública” para que informe a todas las direcciones de hospitales de la provincia y a la Dirección General de Red de Servicios sobre su intervención. Como fiscal, Giannoni investiga homicidios.
Luego hubo otros obstáculos dentro del Siprosa, como exigir segundas opiniones: “Había ya un dictamen médico de dos profesionales forenses que hablaban de un grave riego de la salud de la niña y que el riesgo era mucho peor si se avanzaba con el embarazo, pero ese dictamen fue ignorado. Después se hizo una junta médica con 18 profesionales de la salud pública. Y se intentó tender una trampa pidiendo que una jueza autorice el aborto, cuando eso no corresponde. Detrás del caso hubo un accionar articulado del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público para violar los derechos de una nena”, puntualizó Deza.
Lucía sigue recuperándose bien. Ya no llora. Sonríe. El Hospital Eva Perón está en condiciones de darle el alta, pero la jueza de Familia que interviene, Valeria Brand, le impidió dejar la internación. La niña, no obstante, lo que más quiere es regresar a su casa, comentaron a PáginaI12 allegados a la familia. “Lo dice todo el tiempo”, confió una persona que estuvo con ella. La jueza dispuso un régimen de salidas diarias hasta el miércoles.
