Las violaciones a los derechos de Lucía serán analizadas por una plataforma que articula a siete organismos internacionales y regionales que trabajan sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas, reveló a PáginaI12 la abogada rosarina e integrante del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). El caso no solo tuvo repercusión mundial en los medios. Ayer la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), con sede en Colombia, y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Mesecvi), cuya oficina está en Washington, condenaron el trato que recibió la niña en el sistema de salud de Tucumán y los obstáculos arbitrarios que enfrentó en su reclamo de un aborto no punible. Tal como reveló PáginaI12, el Acnudh instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente (ver aparte). Y al mismo tiempo, el Comité que monitorea el cumplimiento de la convención conocida como de Belén do Pará, envió una carta al Gobierno nacional en la que reprueba “la violencia institucional” a la que fue sometida la niña violada por la pareja de su abuela y lo instó “a intensificar los esfuerzos para proteger y garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica de todas las mujeres y las niñas”, así como adoptar medidas de protección para que Lucía y su madre “se encuentren en un lugar seguro, sean atendidas por personal médico confiable y se establezcan medidas inmediatas de reparación”.
El Comité de Mesecvi –conformado por especialistas independientes designadas por los distintos países– le recordó al Estado argentino que el artículo 86 del Código Penal despenaliza el aborto en casos de violación o peligro para la salud o la vida de quien gesta.
“Aunque tanto la madre como la menor habían expresado su voluntad de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el procedimiento se dilató hasta las 24 semanas de gestación”, denunció el organismo de la OEA. También le recordó al Gobierno que el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015, “establece que el personal de salud es responsable de garantizar el derecho a interrumpir un embarazo en los casos señalados”.
El artículo 7 y 9 de la Convención de Belém do Pará establecen que los Estados Parte deben adoptar medidas de protección y mecanismos judiciales y administrativos para asegurar que la víctima tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, así como tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, indicó el Comité al Estado argentino. En este caso, “la vulnerabilidad de una niña”, apuntó. Y le recordó que en esta línea, a través del Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil, “ha manifestado que los embarazos de niñas menores de 14 años deben siempre considerarse producto de violencia sexual y que los Estados deben garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y a los servicios posteriores en condiciones de seguridad y sin discriminación”.
Al mismo tiempo, el comité enfatizó que el caso de esta niña en Tucumán “no es único ni aislado”. “En enero de 2018 se presentó un caso en Jujuy donde una menor embarazada producto de una violación pidió interrumpir su embarazo y finalmente le practicaron una cesárea, ocasionando la muerte del recién nacido y graves secuelas para ella”, señaló el Comité.
El Acnudh actuó de oficio al tomar conocimiento del caso por las repercusiones mundiales que tuvo, luego de que Página/12 revelara el pedido de la niña, cuando dijo ante una psicóloga “Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”, según consta en la causa judicial de abuso sexual y en su historia clínica. Para acceder a más detalles, desde la oficina regional se comunicaron con Cladem Argentina para pedirles información urgente. Cladem junto a la organización Andhes está acompañando a la niña y a su madre.
La abogada Chiarotti, ex directora regional de Cladem, contó a este diario que el miércoles, desde el Acnudh se comunicaron para pedirles que eleven una denuncia del caso a Ginebra, al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica, y a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović. El seguimiento de la denuncia quedará a cargo de una plataforma formada por:
- Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, que realizó una visita oficial a la Argentina en 2016.
- Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica.
- Comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés), el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer por sus Estados parte.
- Relatora Especial Interamericana sobre los Derechos de las Mujeres
- Relatora Especial sobre los Derechos de las Mujeres en África
- Grevio, Grupo de expertas/os sobre Acción contra la Violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa
- Mesecvi, Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
