El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla remitió al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, un informe donde constan las graves imputaciones que pesan sobre el fiscal federal Carlos Stornelli por su relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio. El juez le imputa al fiscal, que este jueves no se presentó a prestar declaración indagatoria, “reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley” a D’Alessio.
Entre las numerosas acusaciones contra el fiscal Stornelli, el juez le señala el “haber actuado conjuntamente con Marcelo Sebastián D’Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo”. Las actividades del fiscal que describe el juez son consideradas en su escrito como maniobras que configuran “diversos y diferentes planes delictivos”.
Ramos Padilla señala que Stornelli conocía a D’Alessio como agente de la agencia estadounidense contra el narcotráfico, la DEA, y que por lo tanto sabía que el falso abogado “no poseía atribuciones legales” para llevar adelante investigaciones judiciales. Es más, afirma en el escrito que D’Alessio “actuaba en connivencia y con la colaboración de agentes o presuntos agentes o ex agentes orgánicos e inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales, conociendo las maniobras de espionaje ilegal que realizaban mediante mecanismos ilícitos tales como la coacción, la intimidación o la extorsión”, remarca el magistrado. Estas maniobras, sostiene el escrito de Ramos Padilla, llevaban a que algunas de las víctimas de esas extorsiones terminaran siendo obligadas a declarar en la fiscalía a cargo de Stornelli.
También lo acusa de haber reclamado operaciones de espionaje -filmaciones con cámaras ocultas- para perjudicar a abogados. Uno de los casos que ejemplifica este tipo de maniobra es el referido a las operaciones de espionaje ilegal que llevaban adelante D’Alessio junto a los ex comisarios Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y otras personas contra Gonzalo Brusa Dovat que, a través de amenazas, lo obligaron a prestar declaración testimonial en la fiscalía de Stornelli donde tuvo que denunciar “una serie de presuntos hechos delictivos cometidos en la empresa Pdvsa Argentina o en firmas vinculadas a la misma”. La maniobra coactiva la protagonizó “D’Alessio junto con al menos Ricardo Bogoliuk y cada paso de la operación le iba siendo reportado al fiscal Stornelli”. A tal punto estaba todo coordinado que el pasado 24 de enero D’Alessio se reunió con Brusa Dovat. Le dijo que era el jefe regional de la DEA y hasta le informó sobre una causa en su contra que se estaba gestando pero le advirtió que para obtener “la protección de los Estados Unidos el ‘protocolo’ a seguir era que debía dar entrevistas para el diario Clarín y para los canales Todo Noticias y A24 y formular denuncia ante” Stornelli. El escrito muestra que el 30 de enero Brusa Dovat le dio una entrevista a Daniel Santoro, que se publicó el domingo 3 de febrero” y al día siguiente D’Alessio lo pasó a buscar para llevarlo a prestar declaración a la fiscalía de Stornelli.
En otro tramo del escrito, se le imputa haber reclamado a D’Alessio “que lleve a cabo una filmación a través de una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas” imputado en el marco de la causa cuadernos, “cuya investigación está a cargo del propio Stornelli”, apunta Ramos Padilla. A eso se suma una imputación por haberle solicitado a D’Alessio que haga “de manera paralela una investigación” vinculada a la causa de los cuadernos. En particular se refirió a la extorsión contra Pedro Etchebest. Pero también le imputó “haber ordenado a D’Alessio la realización de una maniobra de filmación con cámara oculta al Dr. Javier Landaburu. Dicha operación se planificó en fecha indeterminada pero con anterioridad al 8 de enero de 2019”, suma el magistrado. Por último, lo acusa a Stornelli por “la omisión de denunciar o investigar el posible delito de acción pública que puso en su conocimiento Pablo Barreiro”, quien declaró en su fiscalía el 8 de octubre pasado donde relató que el falso abogado junto a Carlos Liñani y Rodrigo González “lo estaban intimidando y coaccionando refiriéndole que tenían documentación que podía comprometerlo” también en la causa de los cuadernos.
