La ilegal cruzada contra el aborto legal
Tucumán: El Estado paralelo de los antiderechos
"Tuvimos acceso a la historia clínica" de Lucía, la niña de once años violada, reconoció una de las denunciantes de los médicos por "homicidio calificado".

"He tenido acceso a la información que está contenida en la historia clínica. Pero la historia clínica la tienen solamente el hospital, la fiscalía y la jueza de Familia que lleva adelante la causa de las menores", detalló a este diario la abogada tucumana María Teresa Mockevich, una de las activistas antiderechos que ayer denunció por "la presunta comisión del delito de homicidio calificado" a los médicos que practicaron la microcesárea a la niña violada. Delegada de la antiderechos Red Federal de Familias (RFF) en Tucumán y dirigente de la Democracia Cristiana, Mockevich había asegurado poco antes, en entrevista con Radio Metro, que había "tenido acceso a la historia clínica" de Lucía. Entrevistada por Página/12, Mockevich eludió explicar de qué manera pudo ver información privada que, de acuerdo con la ley de Derechos del paciente (la 26.529), sólo puede ser conocida por "el paciente y su representante legal", su pareja y los profesionales de la salud, que, además, deben velar por "su guarda y custodia". Sin embargo, en el Hospital Eva Perón, donde ya habían obstaculizado el acceso de la niña violada a la ILE, alguien violó la ley dando a conocer detalles de su historia clínica a personas a quienes ni ella ni su madre habían autorizado para ello.

"Me ha sido facilitada por alguien que tiene acceso. No podría revelarte quién fue porque sería poner en riesgo a alguien que nos reveló el contenido, pero esa información la va a tener la fiscal", dijo Mockevich ante una consulta de este diario acerca de cómo obtuvo acceso a la información de la historia clínica, que en este caso, según explicaron fuentes vinculadas al área de Salud, está informatizada, por lo que queda registrado quiénes y con qué claves la consultaron.  "Por decencia, no puedo decirte en dónde, cómo y en qué ocasión he tenido acceso a ella", añadió la abogada, que junto con cuatro de sus colegas y dos médicos (ambos con puestos de responsabilidad en hospitales públicos de la provincia) presentó una denuncia para que la Justicia investigue a los médicos y la defensora de menores que cumplieron con el pedido de Lucía. En esa demanda, que ingresó ayer en la fiscalía especializada en Homicidios Nº 1 de Tucumán, a cargo de Adriana Giannoni (denunciada la semana pasada por la diputada nacional Teresita Villavicencio por obstaculizar la ILE de la niña), también solicitaron "el secuestro de la historia clínica, para que la jueza pueda tener idea de lo que fue sucediendo". La justicia tucumana todavía no resolvió si investigará o no la acusación presentada.

Por la mañana, en entrevista con María O'Donnell y Noelia Barral Grigera, la abogada Mockevich había procurado brindar precisiones del derrotero que la niña Lucía atravesó en el Hospital Eva Perón. "El 25 de febrero los padres de la nena, representantes legales de la niña, solicitaron la interrupción del embarazo. A las 24 horas estaba haciéndose la interrupción legal del embarazo… perdón, no legal: la interrupción de ese embarazo" dijo en un momento. Poco después, detalló que "el 26 a la noche le hacen la cesárea, cuando el día 25 los padres habían firmado un pedido de que se interrumpa ese embarazo", antes de advertir que "si usted hubiera visto el expediente, sabría que el pedido de los padres estaba firmado el 25 de febrero". "He tenido acceso a la historia clínica. La presión de la niña era normal y los médicos que la practicaron (la cesárea) ni siquiera la tomaron la proteína en sangre", dijo también la abogada, que argumentó: "yo no he visto que los grupos abortistas se acerquen y le den ayuda, como sí pasa con los grupos que tratan de mantener las dos vidas", quizá en referencia a cómo acceden a la información confidencial que permite a esos activistas hostigar a quienes piden la ILE.

En diálogo con Página/12, Mockevich aseguró que conocer la historia clínica de la niña le resultó necesario para poder accionar judicialmente. "Lo que digo, lo digo solamente basándome en hechos reales", insistió. La abogada detalló también que ni ella ni los otros seis demandantes lo hacen en tanto representantes de entidades, sino "en forma particular y personal". "No estamos representando a ninguna entidad. Yo soy delegada de la Red Federal de Familias en Tucumán, pero esto es en forma personal y particular. Los médicos que han decidido denunciar no trabajan en el hospital donde murió la bebita, sino que son de diferentes entidades públicas", se explayó, en referencia a Jorge Javier Ramacciotti (jefe del servicio de UCI 1 del Hospital Padilla, a la sazón donde está internado Sergio Denis) y Ricardo Miguel Auad (del Hospital Niño Jesús, y co-organizador de las protestas antiderechos en puertas de hospitales el año pasado).

La demanda contra los médicos y la defensora de menores no es la primera intervención pública notable de Mockevich en el marco de su militancia antiderechos. En 2012, formó parte del grupo que obligó a suspender capacitaciones a médicos en interrupción del embarazo, algo que la provincia había organizado en el contexto del fallo FAL. "Hay un sistema progresista, desde el momento en que se les enseña a los chicos desde los cinco años en la escuela que da lo mismo que les pueda gustar un varón o una mujer indistintamente, lo cual es gravísimo y tremendo porque toda forma parte de un plan bien organizado y orquestado. Al comienzo, intentaron legalizar el aborto a través del Congreso, pero como les va a costar, directamente a partir de un fallo dudoso de la Corte, todos lo toman como ley y lo empiezan a implementar los ginecólogos, como lo es el curso de hoy. Esto es un macabro plan donde todos los poderes tienen mucho que ver a través de su participación", aseguró entonces. En 2015, cuando fue candidata a legisladora, ingresó en la Junta Electoral portando una estatua de una Virgen para que cuidara los votos. Cuando los empleados de la Junta retiraron el objeto, protestó: "la Virgen no puede ser echada del lugar. Ella tiene que estar presidiendo el acto electoral".

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