La CPM denunció la consagración de la impunidad
Respaldo a Ramos Padilla
Imagen: Joaquín Salguero

Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la decisión del Gobierno nacional de pedir el juicio político al juez federal Alejo Ramos Padilla, quien investiga la red paraestatal de espionaje en la que estarían involucrados agentes de inteligencia y funcionarios de los tres poderes del Estado, "deja a toda la ciudadanía en extrema vulnerabilidad". "La actitud del gobierno (...) sólo genera un marco propicio para consagrar la impunidad y que estas prácticas continúen", advirtió el organismo de derechos humanos bonaerense a través de un comunicado, en el que expresó "su preocupación y rechazo" ante la actitud del oficialismo. 

Para la CPM, los hechos que investiga Ramos Padilla son de "extrema gravedad para el pleno funcionamiento del sistema democrático y republicano". Por pedido del magistrado, el organismo analizó parte de la prueba que integra el expediente, en particular archivos personales del agente de inteligencia Marcelo D'Alessio, el principal acusado en la causa, sospechado de extorsionar a un empresario para "salvarlo" de la investigación del juez federal Claudio Bonadio y del fiical Carlos Stornelli sobre la red de sobornos revelada en la causa de los cuadernos. Por todo lo expuesto, la CPM advierte que el hecho de que la respuesta del Poder Ejecutivo sea denunciar al juez "provoca no sólo desconcierto sino preocupación". 

La CPM consideró necesaria, además, la intervención de "todas las instituciones de la democracia" (de la dirigencia social, sindical y política, los colegios profesionales y la magistratura) para proteger a Ramos Padilla, y reclamó los recursos necesarios para llegar "a la verdad y a la justicia".   

El miércoles pasado, Ramos Padilla acudió al Congreso de la Nación convocado por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, presidida por el diputado del Frente para la Victoria Leopoldo Moreau, donde brindó un detallado informe sobre el expediente en el que se descubrió que, entre las personas espiadas por D'Alessio, figuraban varios periodistas. Dos días después de la exposición de Ramos Padilla, el Ministerio de Justicia informó que avanzaría en un pedido de juicio político en su contra.  

"La decisión del Ministerio de Justicia deja a toda la ciudadanía en una extrema vulnerabilidad: podemos ser víctimas de espionajes ilegales, pinchaduras de teléfonos o correos electrónicos sin orden  judicial, chantajes y operaciones de todo tipo, sin el mínimo control y resguardo por parte del Estado que, en vez de actuar frente a los hechos expuestos, reacciona contra el juez que  lo informa y pretende ponerle límites", agregó la Comisión.

LA CPM recordó que el espionaje y la inteligencia ilegal "fueron parte indisociable del aparato represivo del terrorismo de Estado" y advirtió que "la impunidad aún es la regla".

Por último, el documento de la CPM remarcó la necesidad de "retomar las sendas de la institucionalidad y el respeto a la ley". "Caso contrario estaremos caminando hacia un horizonte ya conocido, donde se rompan todos los pactos de la convivencia política y social", apuntó la organización de derechos humanos bonaerense. 

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