La Cámara Penal confirmó la condena a 8 años de prisión para el policía Raúl Anzoategui, que en 2013 mató por la espalda a Gustavo Lares, de 20 años, en Empalme Graneros. La ratificación de pena llegó después de varias idas y vueltas en la recta final: el acusado fue penado por primera vez en 2016 por homicidio culposo (sin intención), por Fiscalía y querella apelaron para que se modifique la figura a homicidio con dolo. Sin embargo, la Alzada sostuvo la figura penal menos gravosa y ordenó que se conforme un nuevo tribunal para rediscutir el monto de la pena. Otros tres jueces volvieron a fijar la sentencia a 8 años, que finalmente ayer quedó firme en una resolución de los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho, Carolina Hernández y Gabriela Sansó. Para la querella es "importante que se haya logrado condena contra un policía en un caso reconocido como de violencia institucional", destacaron Valentín Hereñú y Virginia Llaudet, del Centro de Asistencia Judicial.

La mañana del 6 de junio de 2013, Empalme Graneros se conmovió con la muerte del pibe que quedó tendido con medio cuerpo sumergido en el Arroyo Ludueña. La bala le entró por la nuca y quedó alojada en la boca.

La versión policial habló de un enfrentamiento y el suboficial Anzoátegui no fue detenido aquel día. Cuando las pericias desmintieron que Lares hubiera estado armado, el agente no pudo esquivar la causa. "Se intentaba criminalizar a la víctima para justificar los disparos", dijo Hereñú.

El balazo puso fin a la huida de Gustavo, que estaba en su casa cuando a las 10 de la mañana llegaron policías a buscar a su hermano y una moto con pedido de captura. Gustavo escuchó la forma en la que entraron a la casa, se asustó y salió corriendo por los techos. Dos agentes corrieron tras él. Desesperado, en uno de los patios aledaños se trenzó en pelea con un vecino, hasta que rodaron al arroyo Ludueña. Gustavo intentó seguir corriendo pero recibió el impacto. "No hubo agresión. Anzoategui no repelió ningún disparo", dijo el abogado durante el juicio oral y público.

Tanto el fiscal Luis Schappa Pietra como la querella aseguraron que se trató de un crimen y negaron que fuera un enfrentamiento o un ataque sin intención, porque "Gustavo no estaba armado". Para los acusadores, "le plantaron una pistola y se armó una escena", con el fin de justificar el crimen. Además, Anzoategui fue condenado por brindar datos falsos al personal policial que llegó al lugar tras el homicidio, por lo que la condena incluye el delito de falsedad, en concurso real.

Los querellantes representaron a Gabriela Lara, la madre de Gustavo, que aquella mañana se enteró más tarde de la muerte del pibe. "Mataron a mi hijo y nadie me dijo nada hasta cuatro horas después", expresó la mujer.