Medios y comunicación
Fake news, ¿el Plan B?
Maite Alvado se pregunta si las fake news funcionan como una herramienta político-comunicacional contra las democracias y advierte sobre la fragilidad del sistema jurídico argentino para controlar localmente un fenómeno sin fronteras.

A solo cinco meses de las PASO y a siete de las elecciones generales, el proceso electoral argentino está en riesgo: un nuevo fenómeno acecha los sistemas democráticos de todo el mundo. Con fuentes desconocidas, identidades falsas y boots, las fake news tienen un objetivo claro: la redirección del voto a través del engaño a minutos de entrar en el cuarto oscuro. Paralelamente, las empresas tecnológicas han pasado a ejercer un rol sin precedentes como mediadores del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Sin embargo, no existe actualmente un régimen jurídico de responsabilidad ante la difusión y propagación de noticias falsas, a pesar de poner en jaque la seguridad nacional, el orden público y el sistema democrático de cualquier país.

La discusión ya ha comenzado: algunos países de Europa ya se han expedido. Argentina, por desinterés de algunos y conveniencia de otros, aún espera.

En el plano legislativo, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Nación en agosto de 2018, aún no pareciera tener despacho de Comisión. Paralelamente a esa vía, y en medio de la discusión de la ley de financiamiento político, el peronismo solicitó la incorporación de un artículo que habilite a denunciar noticias falsas en la justicia. 

En el plano judicial, la Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada N° 66 que establece, a grandes rasgos, el monitoreo y registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos y agrupaciones políticas, además de un programa de concientización ciudadana. En 2017, el monitoreo de las redes sociales fue encomendado a la empresa Big Data Machine S.A.: incubadora cercana al PRO, que recién en 2014 finalizó el “proceso de incubación” según el Boletín Oficial CABA ¿Tiene esta joven institución la debida experiencia técnica y científica que ello amerita? ¿Se conoce bajo qué procedimientos y métodos actúa?

El Estado ha delegado –por omisión– su facultad de Poder de Policía a “Chequeado”. La importantísima tarea que implica velar por derechos constitucionales de los ciudadanos argentinos ha quedado en manos de una Fundación que, en toda su legalidad, recibe el apoyo económico de Marcelo Mindlin, Farmacity, Techint, la Embajada Británica, y la de Estados Unidos. No pareciera este el camino correcto.

Receptar criterios de ponderación entre el Derecho a la Libertad de expresión y el Derecho al Acceso a la Información es necesario: ¿el derecho a la libertad de expresión de quien/quienes estamos garantizando/protegiendo en una noticia falsa que no tiene fuente o bien su fuente es un robot? ¿Se cumplimentan los principios de veracidad y buena fe propios derecho al acceso a la información?

De no haber avances, los electores quedarán huérfanos jurídicamente. ¿Será posible la interposición de un amparo por parte del elector que se considere afectado en su libertad en los términos del artículo 10 del Código Electoral, obligando al magistrado a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento? ¿Es aplicable el artículo 140 que dispone la penalización al “que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”?

El próximo proceso electoral argentino está amenazado y la puerta a un fraude abierta. La utilización de las fake news es un salvavidas a la mano de un ahogado. En este sentido, el constante aumento de la pauta publicitaria oficial destinada a Facebook y Google proyecta un escenario propicio para el desarrollo de un Plan B.

* Abogada e investigadora

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