El colectivo de abogados Iniciativa Justicia solicitó mediante una nota ante el Consejo de la Magistratura que se desestime el pedido de juicio político al juez federal Alejo Ramos Padilla que presentó el Poder Ejecutivo a través de su representante, Juan Bautista Mahíques. La agrupación definió la denuncia del Ministerio de Justicia como un "mecanismo disciplinario reservado para otros supuestos" diferentes al que reviste la exposición del magistrado de Dolores ante el Congreso de la Nación, razón que motorizó la demanda del Gobierno. En ese contexto, exigieron al Consejo que cumpla con "el resguardo de la independencia del Poder Judicial".
La semana pasada, Mahíques presentó una demanda por mal desempeño en contra de ramos Padilla. Lo acusan de haber difundido, durante su exposición en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, información sensible de la causa a su cargo en la que investiga una supuesta red de espionaje paraestatal que involucra a funcionarios políticos, judiciales y legislativos junto con agentes de inteligencia. El Consejero instructor de la demanda es el diputado oficialista Pablo Tonelli.
"Contrariamente a lo señalado por el demandante, estimamos que las manifestanciones vertidas en el marco institucional del seno de la Comisión de Libertad de Expresión no configuran causal de mal desempeño ni desconocen la norma", apunta la carta que Iniciativa Justicia, el colectivo de letrados que integran Graciana Peñafort, Carlos Beraldi y Maximiliano Rusconi, entre otros, enviaron al presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo.
Los abogados y abogadas señalan que el Consejo de la Magistratura "está obligado" a cumplir con "el resguardo de la independencia del Poder Judicial", lo cual "impone la necesidad de que las denuncias contra los jueces sean examinadas restrictivamente para evitar su sometimiento a presiones por parte de los otros poderes del Estado y al temor permanente de perder su cargo y con ello su fuente de trabajo".
Por un lado, el pedido de desestimación de la demanda argumenta que la exposición de Ramos Padilla "ha sido objetiva y cuidadosa de no constituir una acusación", así como "sumamente prudente y clara sin que se haya observado un adelanto de opinión, pérdida de imparcialidad y otra circunstancia que amerite que el magistrado antes nombrado sea considerado incurso en la causal de mal desempeño y removido de su cargo".
Por otro, señala que "la gravedad de los hechos" que investiga el juez federal de Dolores "explica por sí sola la necesidad de que los representantes del pueblo estén informados de su existencia y contenido dada la trascendencia institucional que una causa de esta naturaleza posee y que involucraría a los tres poderes del estado".
Para el colectivo, las cuestiones de competencia en relación con la pertinencia o no de la labor de Ramos Padilla al frente de la causa "deben ser definidas en el marco de las reglas procesales legalmente establecidas y no activando un mecanismo disciplinario como e que aquí se ha promovido, que se encuentra reservado para otros supuestos".
