Primera jornada del juicio oral por el caso Paula Perassi
"Fue un plan macabro y sin escrúpulos"
El fiscal pidió prisión perpetua para los cuatro civiles imputados, y 16 años de cárcel para los cinco policías juzgados por la privación de la libertad y aborto forzado a la mujer desaparecida en San Lorenzo, en 2011
Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, y Mirta Rusñisky, principales acusados en el inicio del juicio.Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, y Mirta Rusñisky, principales acusados en el inicio del juicio.Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, y Mirta Rusñisky, principales acusados en el inicio del juicio.Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, y Mirta Rusñisky, principales acusados en el inicio del juicio.Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, y Mirta Rusñisky, principales acusados en el inicio del juicio.
Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, y Mirta Rusñisky, principales acusados en el inicio del juicio. 
Imagen: Sebastián Granata

“La impunidad tiene un límite”, dijo el fiscal Donato Trotta, al acusar a los cuatro civiles y cinco policías involucrados en la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, en septiembre de 2011, durante el juicio oral y público que comenzó ayer. Frente al tribunal conformado por Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Alvaro Campos, pidió pena de prisión perpetua para Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky y Antonio Díaz, acusados como autores de “aborto sin consentimiento seguido de muerte” y “privación ilegítima de la libertad”; 16 años, para los policías Gabriel Godoy, Aldo Gómez, Jorge Krenz y María José Galtelli, por encubrir, omitir y hacer desaparecer pruebas; y 6 años para el exjefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Puyol, por encubrimiento e incumplimiento. La querella habló de un “colectivo criminal” y replicó el pedido de pena del fiscal, excepto en el caso de Puyol, a quien acusó de conocer el plan, por lo que pidieron que tenga la misma condena que los civiles, bajo la figura de partícipe necesario. “La trataron de convencer para que abortara, pero no lo lograron y había que ejecutar un plan macabro”, resumió Trotta. Afuera, el movimiento de mujeres de Rosario y el Cordón Industrial, concejalas y concejales acompañaron a Alicia y Alberto Perassi, en su histórico reclamo. “Tenemos todas las pruebas para que haya justicia”, dijeron a siete años y medio sin su hija. “Paula Perassi, presente, ahora y siempre”, fue el grito que marcó el inicio de la etapa que busca la verdad.

Sebastián Granata

“El 18 septiembre 2011, la vida de los hijos, padres y familiares de Perassi cambió definitivamente. Alrededor de las 22 horas, Paula salió de su casa y nunca más volvió”, dijo el fiscal. Esa teoría indica que fue tras recibir un llamado de Strumia -su amante-, desde un locutorio, a las 20.46. Paula estaba embarazada (fruto de esa relación) y se negaba a interrumpir el embarazo. De eso “intentaron convencerla” por la tarde, en un encuentro en el Viejo Bar de Timbúes. “Como no lo lograron, había que ejecutar un plan que comenzó el sábado 17”, dijo el fiscal. Al mismo tiempo, adelantó: “Tendremos el relato prácticamente en primera persona de Paula, a partir de un amigo en común que nos contará esa relación”, dijo sobre una serie de chats. Entre las pruebas, se indicó que el día anterior a la desaparición “se cortó la gran cantidad de comunicaciones diarias que tenían (Paula y Strumia). Se alteró el patrón por su negativa a realizarse el aborto. Esa noche, él la llamó de un locutorio, otra alteración del patrón: ya no fue desde el celular. El plan era muy sencillo: sacarla engañada, subirla al auto de Díaz, y llevarla a realizar el aborto a la casa de Rusñisky, en Timbúes”, resumió.

Para el fiscal, “este plan tenía motivos: el nacimiento del feto le alteraba totalmente la vida a Strumia y Michl. Mientras que Díaz (empleado de Strumia) tenía que cumplir el deber de lealtad que se tiene a todo jefe”. Fue un “plan macabro y sin escrúpulos” que “debía tener una cobertura como la que dio el accionar policial”, aseguró.

En ese sentido, detalló que Strumia y Puyol se conocían de antes: tenían una relación comercial, por el taller del primero. “Desde el minuto uno le dio apoyo”, dijo el fiscal. Una de las pruebas de complicidad es que desde que desapareció Paula empezaron a usar teléfonos que nunca habían utilizado, para comunicarse entre sí.

Al resto de los policías, Trotta los acusó de iniciar una “situación de encubrimiento, fabricar datos y generar distracción durante un tiempo. El objetivo principal no era otro que mantener la impunidad de los principales sospechosos”, lanzó.

El cuerpo de Paula nunca fue encontrado. “Tal vez este fue un error de las personas imputadas: creer que sin el cuerpo lograrían la impunidad”, dijo. “Todo este plantado prefabricado de datos, de pruebas, tenían un único fin: contribuir a que el juez y el fiscal, la familia y la sociedad creyeran de que Paula se había ido por su propia voluntad”. Los querellantes Adrián Ruiz y José Ferrara señalaron que en el juicio, que tiene previsto unos 180 testigos, buscarán ser “la voz" de Paula, que quería continuar con el embarazo, que era de 6 semanas. “Eso le significó desaparecer en los términos más brutales”, aseguraron. “En su momento fue una decisión del Colegio de Abogados acompañar esta causa, que nunca imaginamos de qué se trataba, no avizoramos el horror. Confiábamos en los investigadores. La participación del Equipo de Antropología Forense nos fue mostrando cómo se actúa. Con la familia Perassi fuimos víctimas de un engaño”. Lo que buscan es “saber qué pasó, para decir nunca más al prejuicio sobre una mujer, nunca más una desaparecida”.

Sebastián Granata

 

En tanto, plantearon que la acusación a Puyol debe ser por el mismo delito que los civiles, ya que “estaba actuando mientras Paula estaba viva”. Y agregó que los policías se manejaron “con impunidad en tres localidades: San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Dieron una ingeniería estatal o paraestatal para que esta causa no se pudiera esclarecer en tiempo oportuno”, se quejaron.

Defensas

Antes del inicio de los alegatos, el defensor de Mirta Risñisky, Luis Rossini, cuestionó la representación de la familia de Paula como querellante contra su clienta, en base a un tecnicismo relacionado con el poder firmado para accionar contra a la mujer, acusada de haber realizado el aborto sin consentimiento. La hipótesis de la Fiscalía y la querella es que la práctica clandestina llevó a la muerte a Paula. Sin embargo, el tribunal no hizo lugar al planteo, al tener en cuenta que hubo intervenciones previas de la querella que no fueron cuestionadas. El incidente retrasó más de una hora el inicio del debate.

Sebastián Granata

En los alegatos, los abogados de los nueve imputados apuntaron a desvirtuar la teoría fiscal, acusaron a Alberto Perassi y a la prensa. Enrique Sirio indicó que Gabriel Strumia es dueño de un taller metalúrgico en San Lorenzo, dedicado a la reparación de frenos automotrices. Con Roxana Michl -agregó-, tienen 3 hijos varones y viven en una casa dentro del lote del terreno donde se monta el taller. Con esa introducción apuntó a que la parte acusadora tendrá que demostrar que hay una persona fallecida, autores identificados y un móvil. También preguntó por qué no se investigó a la pareja de Paula.

En tanto, Rossini dijo que se busca “condenar a alguien sin relación para que el delito no quede impune. Mi defendida no conoce ni el hecho ni a las personas investigadas”, dijo. En general, las defensas hablaron de una “teoría infundada e incompleta”. El abogado de Díaz dijo que él es inocente: “Un humilde camionero sin recursos, tímido y callado. El tradicional y clásico perejil”, lanzó Pablo Morosano. El abogado del policía Adolfo Puyol agregó que se hizo “un análisis equivocado”. Y aseguró: “Nuestra teoría es que Puyol es inocente”. Otros letrados apuntaron contra la investigación iniciada en San Lorenzo, por el fiscal Román Moscetta y el juez Eduardo Filocco.

Pasacalles

Mientras el ingreso al Centro de Justicia Penal estaba desbordado por el movimiento de mujeres que acompañó a Alberto y Alicia Perassi en la primera jornada de juicio, tres pasacalles sorprendieron: “Inocentes”, rezaba uno. En tanto, las organizaciones denunciaron que “la justicia patriarcal privilegia a los imputados otorgándole la mayoría de la presencia dentro de las salas de audiencia a sus familiares”; y hablaron de “violencia institucional ejercida contra quienes buscamos incansablemente verdad y justicia”. Hoy se presentará una nota para pedir mejores condiciones en el seguimiento de las audiencias.

 

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