Más de 100 mil personas hoy están bajo la línea de pobreza por haber tenido que tramitar la Pensión Universal de Adultos Mayores (Puam), creada por el gobierno de Cambiemos en 2016 como reemplazo del sistema de moratorias previsionales que permitía, con un criterio inclusivo, que todos los que estuvieran en edad pudieran jubilarse. La instalación de la PUAM, lanzada en el marco de la Ley de Reparación Histórica, implicó un cambio de paradigma, en el sentido de que puso a los trabajadores en edad de jubilarse en dos conjuntos que no se tocan: los que consiguieron mantenerse dentro del sistema laboral en blanco durante todos sus años productivos, que logran jubilarse en regla, y los que han tenido trabajos informales o períodos sin aportes, que sólo pueden tramitar esta pensión. A diferencia de la jubilación mínima, la PUAM dejó de cubrir la canasta básica total. Está por debajo desde julio del año pasado, como una suerte de nueva jubilación kelper. 

La PUAM fue introducida por el macrismo en su primer año de gobierno, en octubre de 2016, tras la sanción en el Congreso de la Ley de Reparación Histórica. En aquel momento el discurso oficial la presentó como un beneficio “para aquellas personas que no tenían acceso al régimen de jubilaciones y pensiones ordinarias”, es decir como una pensión para la vejez, pero mejorada (ya que la pensión por vejez equivalía al 70 por ciento de una jubilación mínima y este subsidio llega al 80).

Sin embargo, detrás de la medida había razones que poco tenían que ver con la declarada intención de mejorar los ingresos de los mayores. La PUAM entró en el escenario al mismo tiempo que, sin tanto anuncio, se discontinuaba en los hechos la posibilidad de acogerse al sistema de moratorias de autónomos, que permitía jubilarse mientras se seguían pagando con la moratoria los años de aportes provisionales que faltaran. Los especialistas advirtieron ya entonces que la Ley de Reparación Histórica iba en la línea de las recomendaciones del FMI y que la Pensión Universal para el Adulto Mayor era parte del paquete. 

Cumplidos dos años de su entrada en vigencia, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revisó la evolución del PUAM y comprobó que fue ocupando el lugar de las jubilaciones por moratoria, reemplazándolas. El segundo dato constatado es el empobrecimiento extra que generó por este esquema: hoy la pensión está un 9 por ciento debajo de la línea de pobreza. Tampoco es pensionable, es decir heredable por el cónyuge. Y aunque inicialmente las personas en edad podían tramitarla, cobrarla y seguir trabajando para jubilarse una vez completados los años de aportes que les faltaran, el año pasado el gobierno elevó sus requisitos, y estableció que percibir la PUAM es incompatible con el cobro cualquier tipo de ingresos laborales, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia.

Cuando no queda otra

La PUAM entró en funcionamiento en enero de 2017. Desde entonces el número de beneficiarios subió mes a mes; a diciembre de 2018 las personas que la cobraban llegaron a 110.711.

En el mismo período, la cantidad de ingresos a la moratoria provisional cayó en relación inversa. “Esto parecería explicar el reemplazo de un beneficio por otro”, indicaron Hernán Letcher y Julia Strada, autores del análisis. El gráfico nº1 ilustra el proceso: muestra cómo los ingresos a la moratoria sufren un marcado descenso a partir de agosto de 2016, en un movimiento opuesto al incremento de la PUAM .

De los 110 mil nuevos beneficiarios de la PUAM , señala el CEPA, menos de 10 mil provienen del pasaje desde la pensión por vejez. El resto, más de cien mil, lo están percibiendo por no haber podido tramitar la jubilación mediante la moratoria. Es decir que en el anterior sistema estarían cobrando el haber mínimo.

En cuanto a su poder de compra, desde julio del año pasado la Pensión Universal quedó bajo la línea de pobreza sin lograr recuperarse. Las subas trimestrales, calculadas por la ley de movilidad, dejaron de empatarle a la inflación.

El siguiente gráfico del trabajo muestra cómo durante el primer año de su vigencia, la caída del poder de compra seguía un movimiento de serrucho: la pensión se depreciaba, pero cada caída era recuperada por el siguiente aumento. En 2018, en cambio, los aumentos ya no lograron reponer esta pensión a su nivel inicial, y la pérdida se consolidó.

Otros tres datos sobre esta pérdida: en marzo de 2016 la PUAM superaba la línea de pobreza en un 12 por ciento. Hoy su monto está en un 9 por ciento por debajo de la línea. El mínimo se registró en febrero, cuando estuvo un 16 por ciento por debajo de la canasta básica total.

“La jubilación es el derecho a retirarse después de toda una vida de trabajo”, plantean los investigadores. La aplicación de una pensión no contributiva a la vejez, en cambio, es utilizada “como un subsidio, como un plan social. Es parte de una mirada deslaborizadora que se ‘focaliza’ (como las políticas recomendadas por el Banco Mundial en los ‘90), en las poblaciones pobres y las ‘atiende’ específicamente según sus necesidades. En este caso, el subsidio que se entrega tiene mucho más que ver con la condición de ‘pobre’ que con el reconocimiento de un derecho por ser un trabajador o una trabajadora. No hay reconocimiento de derecho como sí hace la moratoria”.

Si bien no ha sido planteado por el gobierno nacional, en el CEPA consideran que el cambio de paradigma allana el camino para introducir la capitalización individual que habilitaría –como lo hicieron las AFJP durante la década de los 90– la generación de un negocio privado con la caja de aportes. “Se trataría –advierte el centro de estudios– de un doble movimiento: la separación de los pobres del sistema de jubilaciones, otorgándoles una ‘pensión universal’, mientras por el otro, se genera un negocio económico para el capital concentrado con los aportes de los trabajadores de mayores ingresos”.