Rechazo al Régimen Penal Juvenil

"El proyecto de Macri es peor que la ley de Videla"

Los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich, impulsores del nuevo régimen penal juvenil.Los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich, impulsores del nuevo régimen penal juvenil.Los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich, impulsores del nuevo régimen penal juvenil.Los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich, impulsores del nuevo régimen penal juvenil.Los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich, impulsores del nuevo régimen penal juvenil.
Los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich, impulsores del nuevo régimen penal juvenil. 

El gobierno de Cambiemos ha vuelto a la carga con el intento de usar a los pibes para hacer campaña electoral. En una nota publicada en la edición de Página/12 del 18/3/19, una asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos llama irresponsables, porque, por oponernos a la baja de edad de punibilidad, no seríamos capaces de valorar los 99 artículos restantes del proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil que promociona.

Hemos dicho que ese proyecto es peor que el régimen penal vigente, firmado por Videla. No casualmente lo propone un Gobierno que defiende el asesinato por la espalda de personas en fuga, pretende remover a jueces que investigan prácticas mafiosas, y somete a millones de personas a la miseria planificada mediante la represión y el ajuste.

Decimos que el proyecto es peor que la ley vigente porque:

1) Baja la edad de punibilidad a 15 años, sin dar fundamentos, violando el principio de no regresividad. En 2017 la propuesta gubernamental era bajar a 14, ahora a 15. No se explica el porqué del cambio, lo que evidencia que en uno y otro caso NO hay motivo alguno, sino que se trata de pura demagogia punitiva.

2) Impone una pena altísima a los adolescentes de 15 años: la franja de adolescentes que al día de hoy NO es punible, es decir, los de 15 años, pasa de no tener ninguna expectativa de pena, a tener una pena posible de 15 años. La vida entera que ha vivido un adolescente de 15 años, le puede tocar como condena.

3) No hay límite para las penas que se pueden aplicar a los adolescentes de 16 y 17 años: en los fundamentos del proyecto se dice que no se pueden aplicar penas de prisión o reclusión perpetua a esta franja de adolescentes. Pero el proyecto NO fija un monto tope de penas. En el sistema actual, ese tope se construye aplicando la ley 22.278 en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño: hay que aplicar, para los adolescentes de 16 o 17 años, la pena prevista para la tentativa del delito del que se trate, o sea una pena atenuada. Es cierto que hay casos en que aún hoy se aplican penas abusivas, de 27, 30 o más años, porque tenemos un máximo altísimo de 50. En el proyecto de Macri-Bullrich-Garavano-Gil Laavedra NO hay tope, o sea: no solo se podrían seguir aplicando condenas altísimas, sino de hasta 50 años, y sin posibilidad de revisión judicial, porque quedarían legitimadas por esta ley.

4) Para los no punibles, es decir los que quedan por debajo de los 15 años, establece un retorno al patronato, ya que lxs jueces de menores podrán intervenir en decisiones sobre su situación sin límite de edad.

Expresamente lo ha dicho la ministra Bullrich: "El sentido conceptual de este proyecto es que cada adolescente, incluso cada chico MÁS NIÑO AÚN, que cometa un delito, una infracción, o algo que está contemplado en nuestras leyes como un delito, sepa que tiene una consecuencia. Hasta los 15 años y para los delitos leves la consecuencia no va a ser penal".

Es decir: sin límite de edad, y hasta los 15, habrá intervención del juez penal, y consecuencias, que en tanto son dispuestas por la justicia penal, son penales, se llamen como se llamen. Se utiliza como argumento que hoy hay niños no punibles (es decir, menores de 16 años) privados de libertad, lo que es cierto: hay decenas de ellxs. Eso es ilegal, hay que revisar cada una de esas decisiones, no legalizarlas mediante la intervención de jueces penales de menores. En vez de hacer intervenir a las áreas del Estado Social y a la comunidad mediante sus organizaciones sociales, referentes culturales, barriales, y familias-, se hace intervenir al Estado Penal, con toda su carga de estigmatización, selectividad, clasismo, etiquetamiento.

La ministra Bullrich, el ministro Garavano, el abogado Gil Laavedra, la asesora Dobniewski han de desconocer instrumentos internacionales de derechos humanos como la Observación General 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre la Administración de Justicia y los niños, que expresamente desalienta la utilización del sistema judicial, y con especial énfasis el sistema penal para abordar las conductas de niños y niñas.

También desconocen las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en su última reunión luego de recibir los informes de la República Argentina (junio 2018):

"... el Comité recomienda que el Estado parte: a) Apruebe una ley general de justicia de menores que se ajuste a la Convención y a las normas internacionales de justicia de menores, en particular en relación con la garantía de que la detención se utilice como último recurso y durante el período más breve posible, y de que no incluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal".

Nosotrxs seguiremos defendiendo los derechos de niñas, niñas y adolescentes a desarrollar del modo más pleno posible sus vidas, exigiendo que el Estado y los adultos cumplamos con nuestras obligaciones hacia ellas y ellos, y combatiendo con todos los medios a nuestro alcance este proyecto nefasto e infame.

Claudia Cesaroni es abogada, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y de la Red Argentina No Baja

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