La fábrica de biodiésel Viluco amenazó con el cierre total de su planta de Santiago del Estero, lo que pone en riesgo la fuente laboral de 200 personas. Inicialmente, la firma presentó un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para despedir a 117 empleados pagando el 50 por ciento de la indemnización. Pero en las últimas horas los directivos subieron la apuesta y presionan con el cierre. La empresa pertenece al Grupo Lucci, de capitales tucumanos, cuyo negocio se concentra en la producción y comercialización de limones. La planta santiagueña de biodiésel había sido inaugurada en 2010 y es “la única de molienda de soja en el NOA”, se jacta la firma. Fuentes gremiales cuentan que desde 2010 la empresa presentó seis procedimientos preventivos de crisis y advierten que el objetivo es flexibilizar el convenio aceitero. El biodiésel es favorecido por el dólar caro, la reapertura del mercado europeo y la buena cosecha de soja. En cambio, el sector se queja de las retenciones y del retraso relativo del precio interno del biodiésel frente al gasoil.

La crisis afecta a todo el abanico de sectores de la economía. Pero, además, ofrece la oportunidad política para que las empresas apliquen planes de ajuste que en una coyuntura de mayor fortaleza del movimiento obrero hubiera sido imposible desplegar. El sector del biodiésel no está entre los principales perjudicados por el modelo económico, a diferencia de los fabricantes de bienes de consumo para el mercado interno. 

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros en Santiago, Luis Paz, indicó a         PáginaI12 que “la situación es muy complicada. Hace años que estamos en conflicto porque la empresa siempre buscó flexibilizar el salario de los trabajadores en la planta y no lograba nuestro acuerdo. El año pasado se acordó rebajar la paritaria para el sostén del empleo. Pero la empresa planteó 117 despidos de las áreas de acopio, molienda y alimento balanceado para quedarse con 83 del área de biodiésel. Y en las últimas horas los jefes están comunicando directamente el cierre total de la planta desde el lunes. Nos pusieron la pistola en la frente. Viluco no tiene un problema económico, es el único recibidor de grano en el noroeste, trae toda la soja de Catamarca, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Acopia y no tiene competencia. Lo que quiere es pagar en la planta los mismos sueldos que paga la administración pública”.

El sector aceitero se ve favorecido este año por la buena cosecha esperada de soja. Se estima una producción total de 54 millones de toneladas de la oleaginosa, lo cual implica una mejora del 54 por ciento frente a la crítica campaña del año pasado. El poroto de soja es el principal insumo que utilizan las aceiteras. También hay mejores perspectivas por el lado de los mercados de exportación ya que, a comienzos de año, la Unión Europea dio el visto bueno al reingreso de biodiésel argentino con aranceles reducidos de 6,5 por ciento y cupos. Por el otro lado, las aceiteras se quejan de que mientras el gasoil subió un 31 por ciento desde octubre del año pasado, el Gobierno autorizó un incremento del 4 por ciento para el biodiésel (que se utiliza para cortar el gasoil en un 10 por ciento). La diferencia está a favor de las petroleras. Además, los fabricantes de biodiésel se quejan de las retenciones que el gobierno nacional reintrodujo en busca de mejorar la recaudación.

“Esto no pasa por un problema de rentabilidad. Las aceiteras quieren flexibilizar el convenio y empezaron por los lugares que están más lejos del río, y donde por lo tanto tienen mayores gastos de transporte. Si comienzan con la reducción de derechos del convenio, seguirán avanzando en otras empresas del sector”, indicó a este diario Marco Pozzi, delegado aceitero en Cargill, integrante de la comisión directiva del sindicato aceitero Rosario y secretario de salud laboral de la Federación Aceitera.