La economía se encuentra en una situación de “depreflación”, que combina una brusca baja de la actividad productiva y del empleo, con aceleración de la inflación. Esa grave situación macroeconómica es resultado del programa impuesto por el FMI a cambio de un crédito que evite la cesación de pagos de la deuda hasta las elecciones de octubre. La fuerte devaluación impulsada por la política de “dólar flexible” (hoy de bandas amplias) aceleró la inflación, contrayendo el poder de compra de la población, mermando el consumo interno. La política de emisión cero con elevadas tasas de interés frena el consumo mientras vuelve inviable la inversión productiva. Frente a ese derrumbe de la actividad privada, el ajuste del gasto público es una política procíclica que acentúa la caída de la economía. 

Herencia

Los sectores conservadores nacionales e internacionales sostienen que el próximo gobierno, más allá de su color partidario, deberá continuar con el actual rumbo de la política económica. El mecanismo para imponer esa continuidad es la vigencia de un acuerdo con el FMI, en el marco de la pesada herencia de sobreendeudamiento externo que dejará la actual administración a quien la suceda. El organismo internacional probablemente exigirá la continuidad del programa neoliberal como condición para establecer cualquier cronograma de nuevos préstamos.

Entendiendo que la continuidad de las políticas neoliberales consolidará una Argentina dependiente, donde los frutos de la riqueza nacional son apropiados por una minoría local e internacional, desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz elaboramos el “Plan Hornero”, un programa económico que busca contribuir al debate sobre programas alternativos al neoliberal. 

Emergencia

El Plan Hornero plantea que los primeros seis meses del próximo gobierno deberán ser destinados a impulsar una serie de medidas que atiendan la situación de crisis económica y social en que se encuentra la economía. Las políticas de emergencia tiene como uno de sus ejes la estabilización del mercado de cambios. Para ello se propone modificar la actual política de intervención, reduciendo el ancho de las bandas de fluctuación con una intervención contundente en el Mercado Abierto Electrónico que oriente las expectativas sobre la evolución del dólar. 

El desdoblamiento de tasas vía Leliq, que induce a los bancos a vender dólares presente (al obtener una diferencia recomprándolos a futuro) puede mantenerse, pero en niveles inferiores a los actuales que inviabilizan la actividad productiva. Para amortiguar el costo de dicha política sobre el tejido productivo, se plantea restablecer una serie de regulaciones del Banco Central eliminadas por la actual gestión, que deben inducir a los bancos a financiar a las pequeñas y medianas empresas por un monto de 44.000 millones de pesos adicionales. 

En caso de que esas medidas sean insuficientes y la economía atraviese un proceso de agudización de la corrida cambiaria y/o bancaria, se presentan siete propuestas de intervención acumulativas para recomponer reservas, desalentar la demanda de divisas y el retiro de depósitos del sistema.

El programa de emergencia se complementa con una ayuda social para que todas las familias accedan a la canasta alimentaria y la aplicación de la ley de tarifas vetada por el presidente Macri. El costo de una transferencia monetaria para alimentación dirigido a las familias por debajo de la línea de indigencia, ronda entre 0,18 y 0,28 por ciento del PIB (0,77 a 1,16 por ciento del gasto público), según distintos escenarios de empobrecimiento de la población. 

Por su parte, el costo de retrotraer el valor de las tarifas al 1° noviembre de 2017 actualizado por la variación de los salarios es de 1,23 a 1,37 por ciento del PIB (5,11 a 5,72 por ciento del gasto público), parte del cual se puede cubrir renegociando los precios pagados a las empresas de generación y distribución de gas y energía.

Reactivación

Una vez superada la emergencia socioeconómica, el Plan Hornero propone un programa de reactivación basado en la creación de 500.000 puestos de trabajo en las áreas de vivienda, educación, salud, prevención de adicciones, deportes y seguridad. Los sectores fueron seleccionados por atender demandas sociales urgentes, tener elevados multiplicadores del empleo y un bajo derrame hacia la importación. 

El costo del programa se estima en 1,7 por ciento del PIB (6,9 por ciento del gasto público) y su financiamiento no presiona sobre el presupuesto público, ya que se realiza a partir de dos fideicomisos fondeados con parte de elevados encajes bancarios (menos del 17,4 por ciento del total, por lo que tampoco afecta mayormente la rentabilidad bancaria).

El plan incluye una propuesta para eliminar los elementos inerciales de la inflación que ya fuera desarrollada anteriormente en este suplemento. La misma se basa en una negociación con cámaras empresariales y centrales sindicales que permita establecer un congelamiento de precios de tres meses (con estabilidad cambiaria y de tarifas). Durante el congelamiento, se negocian paritarias en salarios reales, indexadas a ese período de congelamiento para los siguientes nueve meses. 

La indexación salarial atada a un período de estabilidad de precios permite reducir los componentes inerciales de la inflación, política que debe ser acompañada por un realineamiento de las tasas de interés y los contratos de alquiler. Una vez finalizados los nueve meses, se elimina la indexación salarial y las paritarias vuelven a negociarse en salarios nominales, para evitar procesos inflacionarios de retroalimentación salario-precio.

Resultados

La simulación de los resultados de la política propuesta indica fuertes reducciones en las tasas de inflación bajo variados escenarios de evolución de los precios durante el congelamiento, y de posteriores remarcaciones de precios en base a la evolución salarial. 

En el caso del congelamiento exitoso (con una inflación anualizada durante su vigencia del 5 por ciento), la inflación anual se reduce a cifras menores al dígito (entre 3,9 y 6,4 por ciento). En los demás escenarios la inflación cae en forma relevante, siendo el caso de un fracaso total del congelamiento con una sobre remarcación de los precios por encima de la pauta salarial, el único que arrojaría una inflación anual superior al caso de una paritaria nominal sin congelamiento previo, como las que se llevan adelante en la actualidad.

Cuentas externas

Atendiendo la viabilidad del programa en materia de divisas, se propone el prefinanciamiento de exportaciones vía línea de redescuento del Banco Central, con créditos en pesos pero con el capital atado a la evolución del dólar (para evitar especulaciones cambiarias). Por su parte, para reducir la fuga de capitales estructural en su tramo minorista, se propone el lanzamiento de una cuasimoneda indexada a la evolución de los precios (medidos por una institución independiente con participación de la oposición, cámaras empresariales y centrales sindicales). Su difusión, junto a ciertas regulaciones impositivas, busca evitar la dolarización del mercado inmobiliario y del excedente de la economía informal. Una política de mediano plazo que podría implicar un ahorro de 3000 millones de dólares mensuales. 

Respecto a la pesada herencia de endeudamiento externo dejada por la gestión de Macri al próximo gobierno, implica vencimientos de capital e intereses por 114 mil millones de dólares entre 2020 y 2023, sin considerar la posible renovación de Letes que vencen en 2019. Los años más complejos son 2022 y 2023, con vencimientos de capital e intereses por 40.000 millones y 35.000 millones de dólares, respectivamente, debido a que caen los vencimientos del acuerdo con el FMI. Semejante perfil de vencimientos, con los mercados de crédito voluntarios cerrados y ya agotados los prestamistas de última instancia (FMI, swap con China), hacen prever la obligatoriedad y conveniencia de una reestructuración de la deuda para sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento. 

Desarrollo

El Plan Hornero plantea una nueva estrategia del desarrollo, alternativa al modelo primario exportador pero también a la de la industrialización sustitutiva. Ambas visiones comparten la idea de que el desarrollo será inducido por el derrame que generan los sectores competitivos, discrepando tan sólo sobre cuál de ellos hay que apoyarse. Sin embargo, el avance tecnológico junto a los modos de producción de sobreexplotación del trabajador de Asia, tornan obsoleta dicha concepción.

Los sectores donde más chances hay de ser competitivos internacionalmente generan relativamente pocos puestos de trabajo y los demás deben competir con condiciones de explotación laboral que los tornan poco satisfactorios para mejorar la calidad de vida de la población.

Ante dicha circunstancia, no se renuncia al desarrollo de los sectores competitivos cuya función es, bajo la nueva concepción, la de maximizar el ingreso neto de dólares de la economía. Los debates habituales sobre si los mismos deben ser provistos por el sector primario, industrial o de servicios, o si deben estar comandados por el capital privado nacional, extranjero, el Estado o cooperativo continúan, pero ahora reducidos a su eficacia en términos de maximizar el ingreso de divisas. 

Tan relevante como fortalecer al sector competitivo con el objetivo de maximizar la oferta neta de divisas, es el fortalecimiento de los sectores no competitivos con el objetivo de generar el máximo empleo con el menor gasto de divisas, orientado a sectores económicos que contribuyan a resolver problemáticas sociales consideradas prioritarias. Esa segunda pata de la nueva estrategia de desarrollo es adonde apunta los fideicomisos que movilizan sectores como la construcción, educación, deportes, artísticos, de salud y seguridad en el Plan Hornero.