El jueves pasado antes de que las Madres de Plaza de Mayo llegaran a su sede frente a la Plaza del Congreso, un grupo de escribanos y policías se presentaron allí, sin notificación previa, por orden del Juez Comercial Fernando Javier Perillo con intenciones de inventariar y secuestrar el archivo histórico de la organización.

“El juez Perillo no tiene ninguna legitimidad, ni autoridad legal para ordenar inventariar, esta vez, directamente, el archivo de las Madres, para lo cual habilitó incluso el uso de la fuerza pública. Lo hacen además, un día jueves como si todavía no hubieran aprendido que los jueves son los días en los que las Madres marchan”, relató el abogado Demetrio Iramain, quien también recordó cuando en el año 2013 hubo un intento de detener a Hebe de Bonafini que provocó una salida espontánea “de miles y miles de personas a la calle para impedirlo”. Y ahora, “como si no hubieran aprendido de eso: vuelven a intentar repetir una situación” similar.

Según explicó Demetrio Iramain “el juez no tiene ningún derecho a inventariar nada del archivo de las Madres porque hay un fallo de la Cámara Comercial, es decir, del superior de este juez, que es de primera instancia, que le reconoce a ellas la absoluta potestad sobre su archivo, sobre su sede, e incluso una combi para poder trasladarse”.

La ley ordena que un procedimiento de estas características debe ser notificado por lo menos 72 horas hábiles antes, algo que en este caso no sucedió. “Nada de esto hizo el juez, quien mandó un mail la noche anterior”.

“No tienen legitimidad para hacerlo”, por eso no pudieron engresar y proceder al secuestro del material histórico, “pero lo que quieren es simbólico, quieren tener a la Policía adentro de la sede de las Madres, y al Ministro (Germán) Garavano llevándose el archivo para destruirlo. Un archivo inconmensurable con la lucha de las Madres y todo lo que hicieron para enfrentar a los genocidas”, dijo Iramain.

Una maniobra similar ya había sido llevada a cabo en febrero de este año cuando el juez Perillo ordenó el secuestro de la camioneta de las Madres, que tenía documentación y cartas en su interior.  En ese entonces, los abogados de la organización presentaron ante el magistrado, que es el que instruye la causa por la quiebra de la asociación, un documento para que les fuera devuelto aquel material histórico y el vehículo. Finalmente, el juez Javier Perillo tuvo que autorizar la restitución del archivo.