El editor y ciberactivista Julian Assange, que pasó su primera noche en una cárcel inglesa, se enfrenta desde este viernes a un largo combate judicial en Londres contra su extradición a Estados Unidos, que lo considera una amenaza para su seguridad y quiere juzgarlo. Assange, de 47 años, detenido el jueves por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, donde había vivido refugiado casi siete años, está recluido en la prisión de Belmarsh, en el sureste de Londres. Belmarsh es una cárcel de alta seguridad que pueda acoger hasta 910 presos, incluidos reclusos que suscitan fuerte interés mediático, según un informe de 2018.

El fundador de Wikileaks había sido detenido por la policía de Londres, después de que Quito le retirara el asilo diplomático, por haber violado las condiciones de su libertad condicional en 2012 cuando se refugió allí para escapar a acusaciones de agresión sexual en Suecia que no prosperaron.

Esa tarde, un juez lo declaró culpable de este delito, pasible de un año de prisión. El australiano fue detenido una segunda vez por un pedido  de extradición de Estados Unidos por un delito informático. Assange rechazó ser entregado a la justicia estadounidense.

El editor australiano va a pelear a la demanda de extradición, declaró después de su comparecencia su abogada Jennifer Robinson. Para esta letrada, “la detención de Assange crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas” de todo el mundo. La batalla judicial podría durar entre 18 y 24 meses, según Ben Keith, abogado británico especializado en casos de extradición. En la mayoría de casos Reino Unido responde positivamente a las peticiones de extradición estadounidenses. “Las posibilidades de ganar son escasas”, señaló.

Assange está acusado de haber ayudado a la exanalista de inteligencia estadounidense Chelsea Manning a obtener la contraseña para acceder a miles de documentos clasificados. La plataforma WikiLeaks de Assange difundió cientos de miles de documentos secretos del ejército y la diplomacia de Estados Unidos. Sin embargo, según Keith, es improbable que la fiscalía estadounidense agregue nuevos cargos dado que “existe una protección específica del derecho internacional en materia de extradición que impide juzgar a alguien con cargos adicionales”.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró el viernes que las reacciones entusiastas de Donald Trump durante la campaña presidencial a las informaciones de WikiLeaks sobre su rival demócrata Hillary Clinton no fueron en ningún caso una muestra de apoyo a esa organización. Las autoridades australianas han avanzado que Assange, de 47 años, recibirá asistencia consular como cualquier otro ciudadano y será visitado en prisión por funcionarios diplomáticos, si bien han subrayado que no recibirá ningún trato especial. “Tengo la confianza, como el ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, confirmó públicamente en julio de 2018, que el señor Assange recibirá un proceso justo en las causas judiciales que afronta en el Reino Unido”, afirmó la titular de Exteriores australiana, Marisa Payne. 

El líder de la oposición laborista en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, pidió al Gobierno conservador que se oponga a la entrega del activista a Estados Unidos y ensalzó que Assange aireó pruebas de las “atrocidades en Irak y Afganistán”. Sin embargo, según el abogado Keith, el ejecutivo no tiene el poder de detener una extradición validada por la justicia británica, salvo si se trata de motivos de seguridad nacional.

La siguiente cita judicial que afronta Assange es una comparecencia por videoconferencia desde la prisión el próximo 2 mayo, cuando la Corte de Magistrados de Westminster iniciará el proceso para estudiar el caso de extradición. Estados Unidos cuenta con un plazo de 65 días para remitir a la Justicia británica toda la documentación relativa a su petición de entrega. El equipo legal del activista tendrá entonces la oportunidad de presentar objeciones a los argumentos del Departamento de Justicia de EE.UU. antes de que se celebre el juicio de extradición ante un juez de distrito británico, que previsiblemente durará varios días.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió ayer de que está siguiendo de cerca la situación de Assange y espera que todas las partes garanticen su derecho a un juicio justo. “Esperamos que las autoridades implicadas se aseguren de que el caso de Assange es tratado con el proceso debido y de acuerdo a su derecho a un juicio justo, también a la hora de cualquier extradición”, declaró en una rueda de prensa la portavoz de ese organismo, Ravina Shamdasani. La Fiscalía sueca, por su parte, ha dejado la puerta abierta a que se retome la causa contra el fundador de WikiLeaks por presuntos delitos sexuales. La investigación, por la que Estocolmo también pedía la extradición de Assange, se cerró en mayo de 2017.