Alonso, en diálogo con Luis Majul, comenzó por excusarse respecto de la nula actuación de la OA en las causas que investigan los hechos de corrupción de Cambiemos al señalar que "hemos hechos aporte de información", en las que personalmente había "sufrido acusaciones respecto de falta de imparcialidad". Sin ahondar en los motivos de esas acusaciones, la ex diputada del PRO argumentó también "falta de recursos".
Luego de esas primeras excusas, la titular de la OA —que la semana pasada solicitó la elevación a juicio de otro tramo de la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz contra la ex presidenta Cristina Kirchner— sinceró la "decisión" que guíe la tarea de la oficina a cargo de la transparencia y la prevención e investigación de la corrupción.
"En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este Gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales", confesó Alonso sobre la falta de colaboración del organismo público.
"Es la decisión que preserva cualquier tipo de sospecha o duda de la actuación que nosotros podamos tener contra causas de los funcionarios del actual gobierno", reafirmó la ex diputada del PRO su pertenencia a la alianza gobernante.
La falta de autonomía de la OA en relación con el Poder Ejecutivo ya le valió una advertencia al presidente Mauricio Macri por parte de la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. La llegada de Alonso al organismo, en diciembre de 2015, ya quedó marcada por la modificación vía decreto del reglamento para quitar el artículo que limitaba la conducción de la oficina a quienes tuvieron título de abogacía, condición que la ex diputada no podía satisfacer.
La parcialidad de criterio de Alonso también se vio fuertemente cuestionada cuando decidió desvincular al presidente de la negociación del Poder Ejecutivo respecto de la deuda del Correo Argentino S.A., controlado hasta 2001 por el holding de la familia Macri. Alonso decidió rápidamente concluir que no existió falta a la ley de ética pública, a pesar de que el entonces Ministerio de Comunicaciones había avalado un acuerdo que le condonaba a la familia presidencial un 98 por ciento de la deuda que mantiene con el Estado.
