El Senado dio media sanción a la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que habilita el aporte de las empresas a las campañas electorales. Con 47 votos a favor y sólo dos en contra, el acuerdo sellado entre el oficialismo y el peronismo federal dio vía libre a uno de los proyectos que desvela a la Casa Rosada y que ahora deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados. Los integrantes del bloque que conduce Miguel Angel Pichetto realizaron una tibia defensa de su dictamen de mayoría que incluía la posibilidad de habilitar también a sindicatos y asociaciones profesionales para aportar a las campañas electorales, pero Cambiemos bloqueó la iniciativa que requiere de una mayoría especial. Los senadores del kirchnerismo no participaron del debate sobre el proyecto –que en principio figuraban en la lista de oradores– ni en la votación. Pino Solanas y Magdalena Odarda calificaron el proyecto del Gobierno como “la privatización de la política”.
El extenso debate se produjo solo entre senadores oficialistas y la oposición dialoguista con proyectos casi calcados: la única diferencia era la intención de un sector de los peronistas federales de incorporar a los sindicatos a la posibilidad de aportar a las campañas electorales, en igualdad de condiciones con las empresas. La votación en general arrojó 47 votos a favor (10 más de la necesaria mayoría especial de la mitad más uno de los miembros de la Cámara alta) y solo dos en contra. El mismo resultado que obtuvo la votación en particular, salvo el artículo 5 que se dejó para el final: allí la habilitación de los sindicatos cosechó 25 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, sin conseguir la mayoría calificada de 37 votos para ser aprobado. Igual, los federales acompañaron el dictamen oficialista “para avanzar con la ley”.
El catamarqueño Dalmacio Mera, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ofició de cabecera del debate, se encargó de defender el proyecto consensuado entre el peronismo federal y Cambiemos. Luego se detuvo en la disidencia del aporte sindical. “Nos gustaría que el oficialismo revea esta postura”, expresó Mera, con la certeza que nada modificaría el rechazo de Cambiemos.
La rionegrina Magdalena Odarda fue la voz disidente frente al acuerdo de oficialista y federales. “Les abrimos la puerta a las empresas, al poder económico para que se mete en la soberanía de un país. Es peligroso. No vamos a votar la cooptación del poder económico del poder político”, sentenció Odarda. La rionegrina reivindicó las PASO como “una tendencia a la igualdad y de mayor equidad de los partidos políticos independientemente de su mayor o menor estructura” y cargó contra el aporte empresario. Se preguntó si los políticos elegidos “van a trabajar por el bien general o el bien de la empresa” si su campaña “la financió la Barrick Gold, Monsanto, Bayer o el JP Morgan. Las empresas vienen a buscar algo a cambio. Esas empresas no aportan por puro amor a la democracia”.
Su compañero de interbloque, Fernando “Pino” Solanas, se sumó a las críticas del proyecto, al que calificó de “degradante de la calidad de la democracia”. “Estamos ante la privatización de la política”, señaló Solanas y advirtió que “el voto y los dirigentes serán rehenes de la corporación que financie a su partido”.
El radical catamarqueño Oscar Castillo fue el primer oficialista en cerrarle públicamente la puerta a la habilitación del aporte a los sindicatos. Castillo trajo el recuerdo de la elección a gobernador en su provincia, donde un sindicalista (Luis Barrionuevo) “cuya esposa (Graciela Camaño) era al ministra de Trabajo de la Nación” y “terminamos con las urnas quemadas”. Aunque después dijo que no tenía “objeciones” a la participación de sindicalistas en política partidaria.
El más enconado defensor de habilitar el aporte de los sindicatos a la campaña electoral, el senador del MPN y dirigente de los petroleros de Neuquén, Guillermo Pereyra, no estaba en el recinto. Al comienzo de la sesión se aprobó el pedido de licencia de Pereyra por 15 días tras haber sido intervenido quirúrgicamente.
El jefe de la bancada del peronismo federal, Miguel Pichetto, defendió el proyecto apoyándose en el ejemplo de la “filtración del narcotráfico” en los países latinoamericano. También hizo referencias de cabotaje: la situación del intendente radical de Paraná, procesado por narcotráfico”, “los inconvenientes del oficialismo” en la provincia de Buenos Aires y hasta “la causa de los cuadernos”. Luego reclamó transparentar el aporte empresario para “no terminar dirimiendo todo en el cemento de Comodoro Py”. Pero Pichetto realizó una tibia defensa del aporte de los sindicatos: sostuvo que los mismos “son reacios a poner plata en la campaña” y citó su experiencia al argumentar que “a veces acompañan con logística, afiches”. Luego comprometió su voto positivo. El acuerdo estaba sellado.
