Las limitaciones en su aplicación

Uno de los aspectos que la Ley 26.484 impulsó fue garantizar un proceso más ágil en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género. Sin embargo, a 10 años de su sanción aún no se ha implementado en todo el territorio nacional la ley de Patrocinio Jurídico Gratuito para víctimas y la ausencia de perspectiva de género en la investigación y sanción de los casos genera un clima de impunidad frente al creciente número de denuncias por violencia contra las mujeres. 

En la provincia de Buenos Aires, la ley nacional convive no solo con las normas de carácter civil y penal, sino también con legislaciones locales que abordan la violencia contra las mujeres exclusivamente en el ámbito familiar o doméstico. Esta convivencia produce no solo una falta de unificación de criterios de actuaciones entre los operadores de justicia sino también la sobreburocratización de los trámites que se inician. Una de las mayores dificultades que promueve es la falta de articulación entre los distintos procesos judiciales que se inician por varias denuncias de una misma víctima de violencia. Para dar un ejemplo, en un juzgado de Familia se dicta una medida de protección por violencia familiar, en otro juzgado penal se tramitan los delitos que fueron denunciados y en otro las cuestiones referidas a la tenencia de lxs hijxs, o el régimen de visitas o las cuotas alimentarias.

Frente al interrogante recurrente respecto a la magnitud de la problemática de los femicidios en nuestro país, se observan grandes limitaciones en los registros existentes en los distintos niveles del Estado: mientras que algunos toman los datos de las causas judiciales otros dan cuenta de la cantidad de víctimas y otros utilizan como fuente las noticias periodísticas. Por lo tanto no podemos conocer con exactitud la cantidad de femicidios y los contextos en los que se han cometido. 

La posibilidad de nombrar la violencia institucional contra las mujeres en la ley nacional nos permite visibilizar también la persistencia de prácticas de violencia brutal protagonizadas por las fuerzas de seguridad y las actuaciones judiciales a través de la represión o el hostigamiento policial contra mujeres migrantes, trans y travestis o las que sufren las mujeres a diario en las cárceles. Sin embargo, aún el Estado no produce información sobre casos de torturas ocurridos a mujeres durante su encarcelamiento o en el momento de la detención y las causas que se inician contra funcionarios estatales son la mayoría de ellas archivadas o permanecen sin actividad investigativa por parte de la justicia provincial. 

Laurana Malacalza: Docente e investigadora de la UNLP y la Unicen.

Audiovisual
Audiovisual
Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ