La Cámara de Diputados de la Nación atraviesa una situación inédita debido a que su Comisión de Libertad de Expresión -espacio que debería velar por uno de los pilares fundamentales de la democracia- no se reúne desde el 12 de septiembre de 2024. A raíz de esta inacción, el 1° de julio ingresó un proyecto de resolución que solicita la remoción de su presidenta, la diputada salteña de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco. 

En respuesta, la legisladora defendió su gestión en conversación con Salta/12, aunque evitó referirse a los pedidos ignorados ni aclaró por qué la Comisión no sesiona desde septiembre del año pasado.

La iniciativa, encabezada por la diputada Mónica Frade, cuenta con el respaldo de Carolina Gaillard, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, quien amplió las críticas en la última sesión de la Cámara Baja. Desde organismos internacionales hasta organizaciones de derechos humanos en Argentina han advertido sobre el deterioro de la libertad de expresión en el país desde la asunción de Javier Milei.

El proyecto de remoción sostiene que Orozco ha incumplido con sus obligaciones como titular de la Comisión, impidiendo su normal funcionamiento. La iniciativa se ampara en el artículo 107 del reglamento interno de Diputados, que habilita a sustituir a miembros de comisiones permanentes por incumplimiento de funciones. Entre los fundamentos, el proyecto enumera siete pedidos formales de convocatoria realizados por legisladores entre agosto de 2024 y junio de 2025, todos ignorados por la presidencia de la Comisión.

Los legisladores insistieron en que no hubo una sola reunión en más de diez meses. Mientras tanto, los ataques a la libertad de expresión, la concentración de la pauta oficial y el cierre de medios públicos se profundizan. "Es inadmisible que esta Comisión esté paralizada", expresaron en reiteradas oportunidades.

En defensa de su gestión

Consultada por Salta/12, la diputada Orozco defendió su gestión al frente de la Comisión. Aseguró que desde 2012 la Comisión de Libertad de Expresión "no había tenido tanta actividad como bajo mi presidencia". Sostuvo que el año pasado se convocaron cinco reuniones, "con una participación amplia, plural y diversa, como no se había visto en años". Insistió en que "en todas estas reuniones se tomaron en cuenta las propuestas de todos los bloques, sin distinción política ni partidaria". 

Además, la legisladora dijo que durante su presidencia “la Comisión no se quedó en el centralismo porteño” y aseguró que “por primera vez se federalizó”, incluyendo a periodistas y actores del ámbito mediático de todo el país. En ese sentido, dijo que participaron representantes de medios públicos y privados, entidades que reunen a periodistas y medios de comunicación y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), y que también se extendieron invitaciones a periodistas, comunicadores, empresarios y referentes del ámbito mediático para que participaran de las reuniones de comisión. 

Orozco envió una lista de periodistas invitados a reuniones. Sin embargo, los datos documentados por los legisladores contradicen esa afirmación, puesto que desde septiembre de ese mismo año, no hay registro de reuniones. Además, hay constancia de reiterados pedidos de convocatoria a los que Orozco nunca dio curso. 

“Los que hoy exigen funcionamiento son los mismos que durante años la mantuvieron cerrada”, aseguró la diputada, atribuyendo las críticas a sectores del kirchnerismo. “En 2023 se eligieron autoridades pero la Comisión nunca funcionó. En 2022 se reunió solo dos veces. En 2021, directamente no se constituyó. Hace nueve años que no se dictamina un solo proyecto y ninguno llega al recinto”, dijo Orozco. “Mi compromiso es con la defensa de la libertad de expresión, con responsabilidad y sin oportunismos”, sentenció. 

Durante la última sesión de la Cámara Baja, el diputado Esteban Paulón fue enfático: “Una Comisión que no se reúne nunca es cómplice por omisión”. El legislador santafesino denunció los ataques constantes a periodistas desde el Poder Ejecutivo y recordó que él mismo fue víctima de agresiones homofóbicas orquestadas desde redes ligadas al oficialismo. “La Comisión debería estar activa para defender a quienes están siendo atacados. Y no se convoca desde hace diez meses”, sostuvo.

Orozco fue designada como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión el 25 de abril de 2024, en una reunión en la que se definió una agenda de trabajo centrada en el federalismo, la pauta oficial y la libertad de prensa. La diputada había declarado que “la libertad de expresión no solo la tienen que tener los medios de Buenos Aires”. Sin embargo, no volvió a convocar a la Comisión. 

Frente a ese panorama, la continuidad de Orozco al frente de esa Comisión será evaluada en las próximas semanas. 

De cara a octubre

El 6 de junio Orozco publicó en sus redes sociales un video en el que denunció un presunto atentado ocurrido dos meses atrás durante la campaña provincial: un desperfecto en los frenos de uno de sus vehículos, que atribuye a un intento de silenciar su militancia. “A nosotros no nos van a callar. No tenemos miedo porque no estamos haciendo nada malo”, dijo. En el mismo video, ratificó que trabaja para que La Libertad Avanza sume “cuatro leones más al Congreso” en octubre.

En el diálogo con este diario, al ser consultada sobre ese episodio, respondió escuetamente: “Ya dije lo que tenía que decir en mis redes y tomamos las medidas necesarias”.

La diputada salteña ya había estado en el centro de cuestionamientos públicos semanas atrás. El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio abrió una investigación preliminar por presunta exigencia de aportes partidarios como condición para mantener cargos políticos dentro del espacio de LLA. La denuncia, realizada por el director de la ANSeS de Metán, Cristian Achaval, involucra también al diputado nacional Carlos Zapata y a un asesor político.

En un audio difundido públicamente y aportado en la denuncia, se escucha al apoderado del partido Ahora Patria, Ricardo Ortega, que le exige al funcionario de ANSeS un aporte mensual del 5% del salario y menciona a Orozco y a Zapata como parte de esa operatoria. El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el caso está en etapa de averiguación preliminar. El escándalo de los presuntos aportes partidarios se viralizó en redes casi en simultáneo con la difusión de imágenes de Orozco durante un viaje a Dubai.

La diputada formó parte de una comitiva oficial de funcionarios del área de discapacidad y legisladores nacionales, que originalmente tenía previsto participar de una actividad en Israel, pero cambió de destino por el conflicto en la región. Las fotografías de la comitiva -que incluía también a la funcionaria nacional Romina Núñez y a la legisladora Lucía Montenegro- posando frente al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, generaron un fuerte rechazo entre organizaciones de personas con discapacidad, que atraviesan una crisis sin precedentes por los recortes del Gobierno nacional.

Libertad de prensa bajo amenaza

El pedido de remoción de Orozco se presentó en un momento crítico para el periodismo en Argentina. En marzo de este año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA denunció un “deterioro acelerado” del ambiente para el ejercicio del derecho a informar y ser informado. La baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia la crítica, el cierre de medios públicos como Télam y la concentración de la pauta oficial son algunas de las razones señaladas.

Dos meses después, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó el informe “La libertad de prensa bajo amenaza”, que documenta las consecuencias del modelo libertario en el ecosistema comunicacional, como la privatización de contenidos, el vaciamiento de medios comunitarios, la restricción del acceso a la información pública y el uso de la pauta como herramienta de censura indirecta.

Además, se señaló que los ataques verbales del presidente Milei han sido reiterados. En las últimas semanas insultó a periodistas como Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa, Roberto Navarro, Antonio Becerra, Julia Mengolini y Romina Manguel, entre otros y otras. En varios notas, bromeó con la idea de “meter presos” a periodistas críticos, y luego presentó denuncias penales contra varios de ellos. Mientras tanto, se multiplican los episodios de violencia en las calles.

En marzo, el fotorreportero Pablo Grillo recibió un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras realizaba una cobertura de la protesta de los jubilados. Además, varios cronistas denuncian ser blanco de agresiones físicas por parte de las fuerzas de seguridad en movilizaciones.

En este contexto, Argentina cayó al puesto 87 del ranking mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. La organización responsabilizó directamente a Milei por “desmantelar los medios públicos, estigmatizar periodistas y usar la pauta como arma política”.