Con una inspección judicial en algunos de los inmuebles que integraran el patrimonio de la biblioteca popular Constancio C. Vigil, cierra hoy la etapa de producción de pruebas ofrecidas en este caso, en el marco de la megacausa Feced III y IV. Se trata del saqueo al proyecto popular, que comenzó con la intervención del 25 de febrero de 1977 y "se perpetuó incluso en democracia". "Entendemos que la realización de la inspección judicial le dará una muestra cabal, un broche final al tribunal, para comprender en toda su extensión los delitos que se están ventilando en el juicio oral, que conducen y llevarán a una sentencia ejemplar", se esperanzó la abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Gabriela Durruty. En la misma jornada, se prevé continuar con los testimonios de la megacausa: declarará la diputada provincial Alicia Gutiérrez, por la desaparición de su hermana, Ana María.

En el transcurso del juicio oral y público, que comenzó el año pasado en los Tribunales Federales de Oroño al 900, declararon los entonces miembros de la comisión directiva que estaba en funciones cuando llegó la intervención cívico militar, encabezada por la patota del dictador Agustín Feced.

En diciembre, Augusto Duri, quien era presidente de la comisión directiva en esos años, abrió la etapa de testimonios ante el tribunal, conformado por Lilia Carnero, Aníbal Pineda y Eugenio Martínez, en los que se pudo apreciar la fuerza y el alcance que tenía el proyecto social y cultural de barrio Tablada. 

La recorrida de hoy, en las instalaciones de Gaboto 450, "es la última de las pruebas ofrecidas por la querella de APDH y la propia Vigil, producidas en la audiencia de debate correspondiente a la tercera elevación de la megacausa Feced acumulada, actualmente, a la cuarta -cuyo debate continuará, probablemente, todo el año-".

Si bien "estrictamente el objeto de ambas elevaciones se centra en los delitos contra la vida, cometidos contra 8 miembros de la ex Comisión Directiva de la entidad, en el marco de Feced III y los casos de Gladys Paime, Carlos Martínez y Alicia Viva (en relación a la cuarta elevación), resulta imposible comprender aquellos delitos escindidos del contexto en que ocurrieron", aseguró Durruty.

La querella sostiene que "el móvil para la comisión de las privaciones ilegales de libertad agravadas, la aplicación de tormentos calificados y las desapariciones forzadas fue el saqueo de los bienes que poseía La Vigil, y llevar un mensaje aleccionador a quienes pensaran siquiera en seguir sus pasos, si de socialización de la cultura hablamos", agregó la letrada.