El FMI indica que los créditos stand by son para responder “rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países, y respaldar políticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible”. La línea de crédito está pensada para situaciones coyunturales de iliquidez y que con cambios en sus prácticas macroeconómicas pueden rápidamente recomponer su sector externo. Por ese motivo, su duración “generalmente abarca un período de 12 a 24 meses, pero no mayor de 36 meses, acorde con la necesidad de atender problemas de balanza de pago a corto plazo”. Por otro lado, la Carta Constitutiva del FMI señala que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin” (art.VI).

Cabe preguntarse si el crédito stand-by por 57.000 millones de dólares otorgado recientemente a la Argentina, cumple con las condiciones que señala el propio organismo. Por un lado, los resultados macroeconómicos generados no parecen coincidir con una ayuda para “salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible”. Un ajuste del tipo de cambio de más del ciento por ciento, con brusca baja en la actividad productiva y una inflación superior al 55 por ciento, parecen sugerir una economía inducida a una crisis y lejos de cualquier sendero de crecimiento. Tampoco resolvió la insustentabilidad externa de mediano plazo. La caída de la actividad económica generó tan sólo una menor demanda de dólares coyuntural, al deprimir las importaciones, el gasto en turismo y la capacidad de ahorro, que se reactivará ni bien la economía logre sobreponerse al programa económico en curso y reencauzar su crecimiento. Es más, la deuda tomada con el FMI agravó la insustentabilidad externa de mediano plazo al incrementar las necesidades de dólares para atender esa deuda. Entre 2022 y 2023 Argentina debería devolver un total de 43.777 millones de dólares sólo al FMI, el equivalente a 20 por ciento de las exportaciones cada año, es decir, un monto impagable.

De esa manera, queda en evidencia la mala praxis financiera del organismo con Argentina, al otorgar un crédito diseñado a atender problemas de liquidez coyunturales, a una economía con problemas externos estructurales. El FMI también violó su Carta Constitutiva al no solicitar “medidas de control” y avalar la falta de restricciones a la salida de capitales, que desvió hacia ese destino uno de cada tres dólares que ingresaron por el crédito stand-by. Desde la firma del primer convenio con el Fondo, la fuga sumó 12.000 millones de dólares, 30 por ciento de los casi 40.000 millones desembolsados por el organismo.

El excepcional monto prestado al gobierno de Macri, violando su Carta Constitutiva y los fines específicos del stand-by, concentró el 61 por ciento de su cartera de deudores en el riesgo argentino. Una exposición de riesgo hacia un único cliente que viola todas las normas de prudencia financiera.

@AndresAsiain