Mercados, intervencionismo estatal y acuerdo de precios

Ni pacto ni caballeros

Un rasgo distintivo en la economía argentina es el alto grado de concentración en sectores sensibles como alimentos y medicamentos. La medida del Gobierno, denominada Precios Esenciales, es poco efectiva.
Imagen: NA

Quizá uno de los conceptos más penetrantes que legó el neoliberalismo de los años noventa, a través del Consenso de Washington, fue la supuesta “superioridad” del mercado sobre cualquier intento de intervención estatal. En este sentido no caben dudas: el “mercado” revela las virtudes innatas de la economía liberal. Consecuentemente las “intromisiones intervencionistas” generan “desviaciones” que interrumpen el devenir de las fuerzas productivas capitalistas. En este orden las alertas se encienden pues el peligro “populista” se cierne sobre la seguridad jurídica, cívica y patrimonial. 

En la Argentina es evidente que el liberalismo es hábil en comunicar que cualquier intento por “supervisar”, “regular” e incluso “acordar” ciertas variables, por caso precios de bienes de primera necesidad o de medicamentos, se traduzca como un vil “atropello” a la libertad de mercado. Este rasgo es muy marcado en nuestro país pues cada paso del Estado es concebido como el avance de lo “ineficiente” e “irracional”.

Si hay un rasgo distintivo en la economía argentina es el alto grado de concentración en sectores sensibles: alimentos y medicamentos, y también se podría incluir al sector del acero, cemento y aluminio. En general, dicha configuración permite manipular o fijar precios impactando en las demás cadenas de valor. Es más, se podría encontrar en esta configuración una fuente de inflación contradiciendo la ortodoxia liberal que achaca exclusivamente a la emisión monetaria la causa de la inflación.   

En los años noventa, con la impronta del “mercado” a cuestas, la discusión sobre regulaciones quedó clausurada. Distinto fue el enfoque seleccionado en el período 2003/2015. Aquí se planteó la problemática sobre cadenas de valor y las posibles medidas para evitar desbordes arbitrarios de precios. Es decir, la discusión (o contradicción mercado–regulaciones) se visibilizó abiertamente. Con todo, el objetivo estaba centrado en el estudio de los eslabones económicos a los fines de detectar anomalías que afecten los precios. 

Vale destacar que hablar de precios no es una cuestión menor pues, como tal, es un ingreso (capitalista) y un egreso (ciudadano consumidor). Es decir, por una parte es la piedra angular donde gira todo el proceso de acumulación privada y, a su vez, representa una erogación para el asalariado. Sin más preámbulos, aquí se juega la suerte del salario real y el volumen de la acumulación capitalista, o dicho de otra forma, la distribución del ingreso nacional.    

En este contexto, la Secretaría de Comercio encabezó un proceso en el cual las nuevas políticas desplegadas apuntaban hacia un horizonte de resguardo social. El protagonismo ganado colocó al ente como el árbitro de las relaciones económicas que demandaban rápidas respuestas. Entre las iniciativas se puede citar el “Programa Precios Cuidados” y la “Red Federal de Comercios de Proximidad (Red Comprar)”. Ambas políticas estaban enfocadas a desalentar expectativas de subas de precios.  

La tarea de la Secretaría iba más allá de la localización de irregularidades en la cadena de valor. En 2014 sus responsabilidades se ampliaron considerablemente. Se creó el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios (Ley 26.992); se oficializó la Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo (Ley 26.991); se sancionó el Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo (Ley 26.993) y se modificó la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 26.361). 

Con estos instrumentos la Secretaría tenía a su cargo la tarea de imponer criterios de responsabilidad al sector privado y de garantizar el normal desarrollo de las relaciones entre privados y ciudadanía.  

La llegada al poder de la alianza Cambiemos intento desvanecer toda iniciativa tomada por la administración anterior. La razón era bien clara: el mercado regula racionalmente los precios y organiza la sociedad. Por tal razón, no es necesario ningún sostén institucional como la vilipendiada y hoy desarticulada Secretaria de Comercio. 

A la luz de los paupérrimos resultados en términos de inflación bajo los ideales liberales, las autoridades recurrieron a regañadientes a políticas concebidas a contrapelo de sus “altos valores”. Según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, este acuerdo de precios “entre caballeros” esconde de alguna manera un “control de precios”, aunque se eluda discursivamente esta definición por demasiado “populista”. Teniendo en cuenta la desaparición por decisión política de Cambiemos de la Secretaría de Comercio, ¿alcanza únicamente con la caballerosidad?    

El macrismo desmoronó el techo de la Argentina y no sólo en términos económicos; erosionó culturalmente sus cimientos. Los escombros tendrán que ser removidos; barajar y dar de nuevo diría Don Arturo.

* Licenciado en Comercio Internacional, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA); doctorando en Desarrollo Económico, Universidad Nacional de Quilmes. Miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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