Luego de seis años de demora, se espera que “en forma inminente” la Justicia fije la fecha para el comienzo del juicio oral contra los responsables de la represión en el hospital neuropsiquiátrico Borda, ocurrida el 26 de abril de 2013. En el pedido de elevación a juicio los imputados son el ex jefe de la Policía Metropolitana Horacio Giménez y Martín Jorge Roth, entonces a cargo del Departamento Control y Coordinación de la fuerza, quien encabezó el operativo. “Lo que nosotros pretendemos es que se incorpore al juicio al ex subjefe de la fuerza, Ricardo Pedace, cuyo sobreseimiento fue dejado sin efecto por la Cámara de Casación”, señalaron a PáginaI12 los querellantes Martín Alderete y Lucas Arakaki. El ex subjefe Pedace se mantuvo en ese cargo hasta diciembre de 2016, cuando fue designado por el gobierno porteño como titular de la  Agencia Gubernamental de Control, donde sigue en funciones.

Alderete le dijo a este diario que “la incorporación de Pedace como acusado en el juicio estaría resuelta”, luego del fallo de la Sala III de la Cámara de Casación, que anuló el sobreseimiento que había dictado la Sala V de la Cámara de Apelaciones. “Es contundente la prueba reunida contra Giménez, Pedace” porque los dos “reconocieron que siempre estuvieron a no más de 30 o 50 metros de una violenta represión que duró varias horas”. A los dos la responsabilidad les cabe “aun en el caso de que no hayan sido los que dieron la orden”, mientras que Roth fue “uno de los que más violencia ejercieron” sobre pacientes, médicos, trabajadores de ATE Capital, legisladores y periodistas. 

Los imputados tendrán que responder por “32 lesiones leves” que se produjeron durante la violenta represión, aunque en algunos casos “las heridas fueron mucho más que leves, además de responder por los delitos que pueden surgir en el juicio oral”. Juan Carlos Ybarra, delegado general de ATE en el Borda, agregó que “la mayorìa de los heridos recibieron impactos de balas de goma y a un periodista de C5N lo tuvieron que operar porque las heridas que sufrió en un brazo dañaron los tendones”. Otras víctimas fueron asistidas porque el gas pimienta policial les provocó daños en los ojos. 

“A un compañero nuestro, Ariel, delegado en el Anses, le partieron la cabeza de un bastonazo”, precisó Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital. Por las lesiones sufridas por algunos pacientes, se hicieron presentaciones judiciales que no prosperaron. Después de la represión, por las noches, durante una semana, “varios patrulleros se instalaban frente al Borda”, y “encendían las luces para intimidar a los pacientes y trabajadores, y muchas veces tuvimos que salir corriendo hacia allá para contenerlos y acompañarlos, porque siempre le apuntaban al taller 19”. 

En el operativo participaron cerca de 400 policías que ingresaron, sin una orden judicial, junto a varias cuadrillas de operarios con topadoras para demoler ese taller terapéutico, donde los pacientes asistían para seguir cursos de carpintería y herrería. La intención era demolerlo para construir el centro cívico de la ciudad, un proyecto inmobiliario del entonces jefe de Gobierno y hoy presidente Mauricio Macri. El proyecto del centro cívico macrista finalmente fracasó. 

En la causa penal también fueron señalados los responsables políticos de la represión: Macri, la ex vicejefa María Eugenia Vidal; los ministros Guillermo Montenegro y Graciela Reybaud, y el hasta hoy jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pero todos fueron absueltos por la Justicia.