El canciller español, Josep Borrell, dijo ayer que Estados Unidos actúa como un cowboy en la crisis venezolana, al tiempo que defendió la puesta en marcha de una negociación pacífica y democrática en el país caribeño que culmine en una convocatoria electoral.

Según las palabras del funcionario, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su gobierno “están actuando en el país sudamericano como un cowboy que va diciendo ‘mirá que desenfundo’”. Por ello, abogó por dar continuidad al papel del Grupo de Contacto de la Unión Europea (UE) en Venezuela, ya que, según dijo, no está en la misma longitud de onda que la administración norteamericana. El Grupo de Contacto de la UE apela a la negociación y a la toma de decisiones como la adoptada el martes: el envío de una delegación para favorecer dicho diálogo. “Esto sólo puede tener una salida que permita ir a elecciones y rechazamos manifestaciones que bordean intervenciones militares”, añadió Borrell.

El jefe de la diplomacia española se refirió también a la situación del líder opositor venezolano Leopoldo López, hospedado en la embajada en Caracas, al insistir en que López no puede pedir asilo en España porque no está físicamente en el país. El pasado día 30 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente interino del país Juan Guaidó, junto con un grupo de militares ayudó a escapar a López, que cumplía en su casa una pena de casi catorce años. Ese día Guaidó hizo un llamamiento a militares y a la población a que se sumaran a un movimiento para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, intento que fracasó y llevó al líder opositor a la embajada española.

Borrell afirmó, asimismo, que el reconocimiento de Guaidó por parte de España fue de las pocas cosas que se podían hacer tras proclamarse éste presidente interino. No obstante, destacó que pasados los meses, el presidente de la Asamblea Nacional no ha tomado el control de la administración ni del Ejército y la diplomacia española no puede obviar que quien controla el territorio, la administración y el Ejército es Nicolás Maduro.

En la entrevista, Borrell se refirió, además, a la activación plena por parte de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton, que supone un nuevo perjuicio para Cuba, pero que también daña a empresas españolas. El ministro insistió en que España apelará a la Organización Mundial del Comercio para que resuelva sobre la activación de algunos aspectos de esta ley. Borrell denunció, una vez más, que la toma de medidas extraterritoriales por parte de Washington suponen un abuso de poder. 

Borrell no es el único que apunta contra Estados Unidos por su actitud patotera. El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) también lanzó ayer acusaciones a la Casa Blanca, después de que el martes el vicepresidente Mike Pence amenazara con ampliar a las sanciones al STJ si no respalda a Guaidó y si no vuelve, según él, a su mandato constitucional. “Denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los Estados Unidos intentan con este ultimátum que el poder judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado”, dijo el presidente de la Corte, Maikel Moreno, al leer un comunicado en nombre del alto tribunal. “Rechazamos de forma categórica la amenaza formulada por el señor Mike Pence que pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenaza que son violatorias de los principios de independencia, autodeterminación y soberanía”, agregó. En este sentido, Moreno hizo hincapié en que lo que busca el vicepresidente estadounidense de manera infame y extorsiva, según calificó, es abiertamente contrario a la Constitución, la ley y el respeto por el Estado de Derecho. 

Además, consideró que propone a lo que calificó como los legítimos y altos administradores de justicia de Venezuela ponerse al margen de la Constitución con el objetivo de que se pongan al servicio de los intereses de la Casa Blanca.  Por todo ello, consideró que la declaración de Pence viola las normas y principios del derecho internacional que rigen las relaciones entre naciones civilizadas. Finalmente, ratificó en nombre del TSJ su apego a la Constitución, la ley y la correcta administración de justicia para cumplir y hacerla cumplir como norma suprema del Estado.