Con los acusados sentados en el banquillo, a casi seis años de la explosión del edificio de calle Salta 2141, Fiscalía pidió cinco años de prisión para nueve de los acusados por el delito de estrago culposo agravado. "La tragedia no fue el inicio, sino el final de una seguidilla de reclamos y maniobras" que comenzaron el 25 de julio de 2013, y que terminaron con la vida de 22 personas el 6 de agosto, dijo la fiscal Graciela Argüelles. Además desistió de acusar a un gasista y un inspector de Litoral Gas que intervinieron días antes del hecho, al entender que su accionar no llevó al resultado final. En un alegato cronológico, revivió momentos y decisiones que influyeron en el resultado y dijo que el hecho se pudo evitar. "Se demoró dos horas y cuarenta minutos en cortar el gas", les achacó a los imputados de Litoral Gas. El querellante, por la familia de Débora Gianángelo, pidió la misma condena, pero apuntó a los once imputados. Las defensas manifestaron sorpresa por los pedidos de pena efectiva por parte de la Fiscalía. En tanto, la única imputada que declaró fue la responsable de la administración del edificio, Mariela Calvillo. Dijo no saber por qué estaba allí.
"Proyectos, historias, recuerdos, ilusiones. Desde aquel día, nada es igual", abrió el debate la fiscal Argüelles. "El 6 de agosto de 2013 no empezaron los hechos, sino que terminaron. A las 9.38 fue la máxima catástrofe sufrida en la ciudad", recordó. "Todo empezó el 24 de julio cuando una vecina del 9° F llamó a la guardia de Litoral Gas porque se le cortaba el calefón y en la cocina se apagaba la llama. El 25 de julio llegó Gerardo Bolaños, no se contactó con ella, sino que fue directo al gabinete e interrumpió el servicio por una pérdida. Llenó un formulario en el que dijo que cerró con cepo la válvula. Para poder hacerlo necesitó ayuda de otro reclamista, Guillermo Oller. Lo que Bolaño puso en el formulario no se correspondía con la realidad: un edificio de más de 30 años, habilitado por Gas del Estado en el 79, da cuenta de que no era una válvula precintable, sino una vieja válvula".
"Con el gas cortado en pleno invierno, el día 26 Calvillo contrata a José Luis Allala para constatar las pérdidas. Allala revisa y cambia dos codos. Ya de noche llama a la guardia de Litoral Gas para que reconecten el servicio, pero se fue sin esperar a la cuadrilla. Sin informar los trabajos realizados", dijo la fiscal. "Cuando llegaron Oller y Curaba, se limitaron a constatar que no había más pérdidas y habilitaron el gas. Actuaron en forma antirreglamentaria. No pidieron por el gasista, ni un informe; no hicieron la inspección integral de las instalaciones". Para la funcionaria, ese "fue el punto de partida de una serie de acciones y omisiones que crearon una situación de peligro y que aportaron al resultado". En tanto, detalló que esa rehabilitación "antirreglamentaria" fue lo que "determinó después la conducta de los miembros de la administración, del gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño".
Según indicó, en el 82 se modificaron normas sobre el servicio y se exigía para edificios de más de cinco unidades la colocación de dos reguladores, una válvula precintada y el gabinete en la línea de edificación. "Eso no fue considerado por Litoral Gas, en los 90. El servicio que recibían era de inferior calidad y de inferior seguridad", aseguró Argüelles.
A la hora de achacar responsabilidades a la gerenta técnica Viviana Leegstra y al jefe de los reclamistas, Claudio Tonucci, preguntó: "¿Quiénes sino ellos debían controlar todo este procedimiento? Tenían el control de subordinados. Debían establecer las reglas de los procedimientos; la capacitación", planteó.
La única imputada que ejerció su derecho a declarar fue la administradora del edificio, Mariela Calvillo, quien dijo no saber por qué estaba allí.
Días después, el inspector Luis Curaba, "enviado por Tonucci, volvió a verificar si había pérdidas y se cerró la orden de trabajo". Sin embargo, "subsistía el problema que planteó la vecina: un sinnúmero de usuarios comenzó a tener baja presión. La administración, ante las quejas, contrató un gasista para cambiar el regulador". Entonces aparece en escena García. "Dijo que sería un par de horas, que era una boludez", aseguró la fiscal y señaló que se decidió poner un solo regulador, aunque la recomendación "era poner dos". Para la teoría del caso, "fue una cuestión de costos: optaron por un trabajo contrario a la normativa, pero más rápido y económico".
El 6 de agosto, Miño y García fueron para cambiar el regulador. "Primero intentaron el cierre de la válvula del servicio, que no lograron. Fueron a cerrar la llave de cada unidad al subsuelo. Pidieron al portero ir a uno de los departamentos. Fueron al 8° B, a verificar. Volvieron a la planta baja y se manipuló el regulador. Provocaron que se desprenda la cañería y haya un escape de gas masivo. No se tomó ningún paliativo", aseguró la fiscal.
En consecuencia, a las 9.38 se produjo la "terrible explosión", con derrumbe de la torre del medio y el incendio de la del frente. Y volvió sobre los responsables de Litoral Gas: "Era deber de Tonucci y Leegstra haber elaborado un plan de emergencia. Pasaron 2 horas 40 minutos para cortar el gas. El acotamiento de ese tiempo hubiera facilitado las tareas de rescate y salvar más vidas. Los acusados carecían de un plan".
Sobre el final, planteó que la pena solicitada "es el máximo de la escala penal para el estrago culposo agravado, teniendo en cuenta que por el resultado producido resulta insuficiente para abarcar la magnitud" de lo sucedido.
El querellante planteó la misma teoría. "Si hubiesen actuado correctamente, esto se hubiese evitado", dijo Angelo Rossini. "Fue una cadena, una suma concatenada de infracciones, que generaron las circunstancias idóneas para que quienes actuaron negligentemente generen la tragedia", resumió, al acusar a los 11 imputados. Sobre los administradores dijo tener evidencias de que les decían a los propietarios que tenían poca presión que "no avisen a Litoral Gas porque iban a cortar". Y al personal de Litoral Gas les achacó falta de "control, vigilancia e instrucción".
Descargo. Incluido en el alegato de su defensa, Mariela Calvillo, administradora del edificio, pidió la palabra. "Me siento insegura jurídicamente. Nunca pensé que estaría siendo juzgada por administrar un edificio. Hay datos erróneos. Mi madre (Norma Bauer, también imputada) de 70 años tampoco puede entender. Ella atendía el teléfono y no cobraba sueldo. Se va a demostrar perfectamente mi inocencia". La mujer dijo que "ese día y los posteriores fueron muy tristes para todo Rosario. La ciudad estaba gris. Me preocupa lo mediático del caso. Quizás por muy mediático yo estoy sentada acá". Y se defendió: "Nosotros llamamos a Litoral Gas para pedir un gasista matriculado para cambiar el regulador. Nos dieron el teléfono de la asociación de gasistas, donde nos dijeron que se pondrían en contacto con nosotros. García llamó a la administración. Tenía matrícula 2 y más de 20 años de gasista. Consideré que era idóneo", dijo.
El defensor de los imputados por Litoral Gas también negó las circunstancias relatadas por la fiscal y el querellante, y aseguró que sus clientes "no tienen nada que ver con lo que pasó". Hoy será el turno de los alegatos de los gasistas García y su ayudante, Miño.
Afuera del Tribunal, familiares encabezaron el reclamo de Justicia, acompañados de vecinos, militantes de otras causas; también del diputado Carlos Del Frade y la concejala María Eugenia Schmuck, entre otros.
