Tras la jornada inaugural del juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra en la que él mismo prestó declaración, se desarrolló la segunda audiencia, con el foco puesto en los peritajes psicológicos de la joven, a la que se le negó el aborto no punible en el hospital de Cipolletti. La muchacha está presente en la sala. En ese contexto, declararon la jefa de Servicio Social, la psicóloga que atendió a la chica luego de la internación y una médica que estuvo al momento de los hechos.
Estos testimonios hablaron del daño psicológico sufrido por la chica por no poder acceder al aborto. La joven manifestaba insistentemente querer abortar, pero cuando fue internada, el equipo encabezado por Rodríguez Lastra hizo todo lo posible por mantener el embarazo. La justificación a la que apeló el profesional fue que la gestación transcurría la semana 22, aunque ni los protocolos ni la ley prevén un plazo máximo para la realización de un aborto: estando dentro de las causales contempladas por la legislación provincial se puede acceder a la interrupción.
La psicóloga Paula Salto fue citada por la fiscalía para declarar en el juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra y se convirtió en un testimonio central para demostrar la decisión que había tomado la joven para interrumpir su embarazo. La especialista empezó a intervenir en el caso en febrero del 2018 y dijo ayer que a la víctima le costaba hablar por la doble situación traumática que atravesó: la violación y el embarazo. A raíz del trauma, explicó la psicóloga, a la víctima le costaba hablar para expresarse, pero que escribía muchas cartas. En ese contexto, aseguró que “todos sabían que ella quería abortar” porque les dijo a todos los que la atendieron, incluido Rodríguez Lastra, que había sido violada y que no quería continuar con la gestación.
La joven le dijo a la psicóloga que el médico imputado, al tomar contacto con ella, se ofreció a ayudarla y que después “hizo todo para que tuviera que seguir con el embarazo”. También le contó que tenía recuerdos e imágenes diarios de la violación y que después sufrió muchísimo porque estuvo internada hasta terminar el embarazo. “Esto arruinó mi vida”, afirmó la psicóloga que le manifestó la muchacha.
En diálogo con la prensa local, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna explicó que la joven pidió estar presente en la audiencia porque “manifestó que está cansada de escuchar las mentiras que dice el médico acusado, quiere estar para mirarlo a la cara y que deje de mentir en las audiencias”. La chica contó luego a los medios locales: “Cuando llegué al hospital de Cipolletti, el médico me mintió. Me dijo que estaba a punto de romper bolsa y me inyectó cosas. No me dijo qué era, aunque le pregunté varias veces”.
Gauna señaló que la joven pudo asistir a la audiencia “después de un trabajo de mucha terapia y acertamiento psicológico. Está con la fortaleza suficiente como para asistir a las audiencias”. Y luego contó que desde la fiscalía quieren “incorporar como prueba todas las declaraciones periodísticas que formuló el médico antes de comenzar el juicio, pero la defensa y el imputado se opusieron”. El fiscal jefe anticipó que va a insistir en ese pedido porque “así se va a ver cómo, a lo largo del proceso judicial, el médico fue variando su versión de lo que pasó ese 2 de abril, cuando atendió a la joven que llegó a la guardia del hospital de Cipolletti en estado crítico y él le suministró una medicación para inhibir las contracciones y obligarla a continuar con la gestación pese a la oposición de esta joven”.
En tanto, hay tensión dentro y fuera de la sala de audiencias. Fuera de los tribunales cipoleños hay una discreta manifestación de mujeres identificadas con pañuelos verdes y, por otro lado, algunos varones y mujeres identificados con pañuelos celestes y cartas de apoyo al médico Rodríguez Lastra. Adentro de la sala de audiencia hay oyentes que han llegado desde Buenos Aires para llevarle mensajes de apoyo al médico.
En este contexto, el juez que dirige el juicio, Alvaro Meynet, recordó que está prohibido difundir la identidad y fotos de la víctima, tanto en la prensa como en redes sociales. Existe mucha preocupación porque algún particular viole esta disposición y el magistrado recordó que realizar este tipo de difusión “puede traer consecuencias judiciales graves”.
